Hace 40 años, cuando yo era niña, mi abuelo, un militar serio y respetable nos esperaba los domingos a comer en su hogar, sentado en un sillón de piel. Allí, el patriarca de la familia paterna estiraba la mano para que su prole la besara al llegar. En su habitación colgaba un crucifijo con un inmenso rosario, enfrente, el sable de sus tiempos dorados en el Ejército mexicano.
Era un buen hombre. Conservador, patriota, religioso, sexista, honrado, racista, educado, obsesionado con el autocontrol y las formas; un frugal maestro de la disciplina reticente al desorden y a las expresiones de libertad. Era un patriarca que amaba a su familia. Pero era un antidemócrata perfecto. Los breves momentos en que permitía que nos dirigiéramos a él, respondían no a su interés sobre nuestra opinión, sino a la necesidad de cubrir esa cuota que todo patriarca que se precie de serlo debe otorgar a quienes, en su territorio, creen tener derecho a disentir y opinar. La única costumbre que logramos cambiar fue darle el beso en la mejilla y no en la mano.
Los militares que han asesorado la creación de la Ley de Seguridad Nacional son hombres preparados, cultivados en el arte de la política, conocedores en ingeniería constitucional. No son demócratas, y aunque hablan de “política de los Derechos Humanos” consideran que el orden y el control deben anteponerse al ejercicio de esos derechos. Ellos, al lado del presidente Calderón, han propuesto una ley que les permita imponer el orden en el país como un cuarto poder (hay 25 militares a cargo de cuerpos policiacos en el país). Buscan legalizar su incursión en la seguridad nacional de tal forma que queden por encima de autoridades civiles que consideran inútiles, corruptas y poco disciplinadas.
Ciertamente, en casa muchos de ellos son padres tiernos, esposos cumplidores y abuelos conmovidos por los primeros pasos de sus nietos, pero son esencialmente antidemócratas. Conservadores patriotas que han convencido a Calderón de que el país se saldrá de “su” control si no se aprueba esta nueva ley, que no sólo se contrapone con la nueva ley federal para la protección de los derechos humanos, además contradice a la Suprema Corte, le permite al Ejército hacer espionaje telefónico y cibernético y mantener un control legalizado de los cuerpos policiacos y autoridades civiles. Y contraviene las sentencias y recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana y que el Estado mexicano está obligado a cumplir.
Quienes han vivido bajo regímenes militares y han documentado cómo se construyen las dictaduras saben que no hay secretos. Ciertamente el fortalecimiento de los ejércitos lo impulsan y protegen pequeñas élites de militares, empresarios y políticos cuyo poder real y duradero radica en ser parte de la estructura del sistema que, sea como sea, les considerará necesarios para mantener la economía y cierta estabilidad legislativa. Pero ¿para que querría Calderón entregarle al PRI a un país donde el Ejército tenga la fuerza de un suprapoder?
Y sí, los patriarcas le dieron su cuota de escucha a Sicilia y a sus hombres. Y sí, Calderón y Beltrones le dejaron que les besara en la mejilla y les abrazara; eso es lo de menos, son sólo formas que ratifican la filosofía pacifista de un individuo, pero no tienen impacto en este proceso político. Lo cierto es que no hay diálogo real porque ni este movimiento, ni los que llevan décadas protegiendo la democracia e impulsando derechos humanos, son considerados interlocutores reales para los patriarcas de México, ésos que mientras nos escondíamos de las balas dejaron entrar al Ejército, cuyos líderes se preguntan ¿si estos inútiles no saben gobernar, por qué no lo intentamos nosotros de una vez por todas?
No satanicemos al Ejército, ellos no proponen un golpe militar, sino la institucionalización estratégica de su incursión como poder activo equiparable al judicial. Una fuente militar cercana me confió que algunos de los más sólidos y respetables personajes de la Sedena están convencidos de que ésta es su misión. La puerta está abierta en San Lázaro, por eso frente a ella habremos de estar quienes creemos que esta Ley de Seguridad Nacional resulta verdaderamente peligrosa y no es la respuesta contra el crimen, sino contra las libertades democráticas.
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Periodista
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