De mentiras

Juan Villoro

Un amigo tiene un sueño recurrente: es llevado a juicio. No se trata de una pesadilla sino de algo muy emocionante. El sueño ocurre en Estados Unidos y el abogado defensor es Jack Nicholson. Mi amigo acepta ser sospechoso, siempre y cuando lo juzguen al estilo Hollywood. Su conducta es típica del momento en que vivimos, determinado por la desconfianza ante la justicia mexicana.

Ser procesado de manera apasionante se ha convertido en una aspiración onírica. Ante el temor de comparecer en un tribunal mexicano, el inconsciente se vuelve extraditable. ¡Qué maravilla ser defendido por una abogada de traje sastre, como en un episodio de The Good Wife, y oír el martillo justiciero que cierra la sesión después de un fallo de inocencia!

Sabemos que en Estados Unidos la ley actúa menos bien en la calle que en la pantalla y que sus errores han conducido a la aplicación injusta de la inyección letal. Sin embargo, el cine y la televisión han creado una convincente simbología de la bondad jurídica. El héroe no siempre se salva, pero tiene posibilidad de hacerlo. En otros países esa trama pertenece al sueño.

¿Qué clase de poder judicial ha construido México en 200 años? Presunto culpable, la cinta más comentada del momento, presenta el caso de José Antonio Zúñiga, capitalino injustamente acusado de homicidio, y permite atestiguar las mazmorras de la ley y el sinsentido burocrático con el que se tramita el destino de alguien fabricado como culpable. Su factura es la de un documento de emergencia hecho por abogados: un expediente imprescindible.

Kafka concibió un mundo autoritario donde la condena antecede al delito. Ser procesado en ese entorno paranoico significa ir en busca de una culpa. No es otra la realidad de México, según muestra Presunto culpable.

Curiosamente, esta búsqueda de la verdad ha sido puesta en entredicho por un practicante de la mentira, Víctor Manuel Reyes, testigo que mintió para permitir el encarcelamiento de Zúñiga.

Aunque cometió perjurio, Reyes considera que la película lo ha perjudicado. Según su abogado, su imagen fue usada sin su consentimiento. Por tal motivo, presentó una demanda de amparo que llevó a la juez Blanca Lobo Domínguez a pedir la suspensión temporal de la película.

Cuando una persona concede una entrevista para un documental, firma un permiso de exhibición. El principal testigo de cargo que aparece en Presunto culpable representa un caso distinto. Compareció en una audiencia pública, es decir, un acto que puede y debe ser registrado por terceros. Además, su declaración no era facultativa sino obligatoria. No estaba ahí por voluntad, sino en cumplimiento de una disposición legal. Resulta difícil concebir que el registro de su testimonio haya sido ilícito.

¿Por qué procede entonces la demanda? Según han comentado especialistas, la juez aceptó darle curso, no por lo ocurrido en la audiencia pública, sino por el eventual uso que puede darse al testimonio. El tema es delicado. Sería una negra paradoja que una denuncia decisiva sobre los abusos judiciales, hecha sin fines de lucro (aunque mostrada en salas comerciales), se viera entorpecida por un tecnicismo o una tendenciosa interpretación de la ley. En tal caso estaríamos ante un acto de censura disfrazado de procedimiento jurídico.

La pregunta decisiva es quién está detrás de Reyes. Parece poco probable que, luego de su cuestionable desempeño en el juicio, acudiera a tribunales por su cuenta. Si algo queda claro en Presunto culpable es que el destino de Zúñiga dependía de un testigo incapaz de informar con certeza de sí mismo.

Lo más probable es que la conducta de Reyes y sus posibles instigadores no perjudique a Presunto culpable. Como en el caso de El crimen del padre Amaro, el conato de prohibición puede servir de publicidad a la película. Además, el momento en que esto ocurre dificulta una respuesta inquisitorial. La cinta ya ha sido vista por más de 400 mil espectadores y tiene garantizada su andadura. Sin el menor problema, podría propagarse en la red y en la incesante metástasis de la piratería. Tratar de frenar una película no sólo exitosa sino histórica es un despropósito.

Hay otra hipótesis más plausible. El documental produce una justificada irritación y, al mismo tiempo, provoca un alivio relativo. Nuestro sistema judicial es un desastre pero resulta posible denunciarlo. Una contribución decisiva del testimonio en los momentos de crisis consiste en dar bien malas noticias. Entender el horror es ya una manera de combatirlo. Presunto culpable se inscribe en esa tarea de sanación social.

Si la supresión tiene efecto, el sistema judicial provocará más desconfianza de la que provoca en la película. La injusticia aumenta cuando no puede ser dicha. Es ahí a donde se dirige el ataque. La demanda parecer tener un mensaje subliminal antijurídico: la incierta jurisprudencia mexicana es invitada a condenar la prueba más visible de su incertidumbre.

Contar la historia de Zúñiga sirvió para liberarlo. Ahora, la película regresa al sitio del que rescató a su protagonista: los tribunales.

Ha obtenido el Premio Herralde por su novela El testigo, el Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán por su libro sobre futbol Dios es redondo, el Villaurrutia por su libro de cuentos La casa pierde y el Mazatlán por su libro de ensayos Efectos personales. Ha sido profesor en la UNAM, Yale University y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Entre sus libros para niños destaca El profesor Zíper y la fabulosa guitarra eléctrica.