Federico Reyes Heroles
Dos países de los más importantes del mundo -ellos la sexta economía nosotros la doceava, ellos con poco más de 60 millones de habitantes nosotros con más de 110-, dos países con una larga y compleja relación, pues más allá de Maximiliano está la enorme influencia de la cultura francesa sobre el derecho, el arte, la filosofía y las ciencias sociales de México, atraviesan hoy por una muy grave crisis diplomática. No se trata del romántico postulado general de llevar buenas relaciones con todos los países. En el caso de Francia y México los intereses estratégicos son evidentes. Francia no quiere perder su influencia en América Latina frente a Estados Unidos y México, por razones de equilibrio, necesita a Francia. El mercado mexicano es muy atractivo para los franceses y las inversiones francesas son muy importantes para México. Eso trasciende a los hombres, es la historia mutua que debemos cuidar.
Denunciar que Sarkozy está procediendo con un brutal egoísmo electorero sacando el asunto de su dimensión es una realidad -anunciada hace dos años- que no vamos a modificar. Sarkozy es un animal político, no será el último. Ése es el mundo, no lo vamos a cambiar. Pero lo más patético es nuestra inmadurez para asumirnos plenamente en un mundo global. Envueltos en un nacionalismo machista reaccionamos como aldeanos ofendidos. Aunque nos irriten, las acciones del gobierno francés se valen. De las muchas áreas oscuras que tiene nuestro país, la administración de justicia es la más vergonzosa. Presunto culpable es un espléndido y valiente trabajo que ojalá nos ayude a sacudirnos esa lacra y a impulsar el sistema penal acusatorio, los juicios orales. Se denuncia una auténtica pesadilla cotidiana que amenaza a cualquier ciudadano. No dejen de verla. Saquemos algo de la coincidencia. Regresemos al caso.
Luis de la Barreda, un espléndido jurista, quien además tuvo un desempeño ejemplar como ombudsman capitalino que le ganó un enorme prestigio, ha expresado su opinión sobre el caso Cassez. Retomo sus argumentos (La Razón, 18.02.2011). El montaje para la televisión y la falta de aviso a la representación diplomática son violaciones al debido proceso. Aunque por sí mismos no pondrían en duda la participación de la francesa en los actos delictivos, son violaciones. Sin embargo el hecho de que las declaraciones de las víctimas hayan ido cambiando y que uno de esos testimonios sea cuestionado por un dictamen pericial no desmentido sí ponen en duda la participación y desnudan un proceso viciado desde el origen. Como en la gran mayoría de los procesos penales -más del 90% según Presunto culpable-, son testimonios los que incriminan. No hay evidencia física, es el dicho de las personas lo que inculpa. Un testigo clave afirmó nunca haber visto a sus captores por estar vendado y por ende fue incapaz de reconocer a la acusada, tampoco su voz. Declaró identificar voces masculinas y que un hombre de voz inconfundible le había sacado sangre. Primeras versiones. Dos meses después la misma persona habla de una mano suave y blanca y de una voz femenina con acento francés que le dice "aprieta el brazo".
Su madre en el primer acto afirmó que no podría identificar a nadie por haber estado encapuchada, tampoco reconoció voces. Frente a Cassez no reconoció a la inculpada ni su voz. Dos meses después su versión apunta directamente a la francesa. Es lo mismo. Otra secuestrada, Valeria Cheja, simplemente no identificó a la acusada ni reconoció la voz. Y una supuesta punción en el dedo de E. Yadir Elizalde resultó una petequia. A sabiendas de que el montaje no incide en la presunta responsabilidad, queda la pregunta ¿por qué lo hicieron, cuál era la intención? Así el caso haya sido revisado por varias instancias -igual que en Presunto culpable- la turbiedad avergüenza. Qué se defiende.
La esquizofrenia merodea. México ha defendido el debido proceso exitosamente en varios casos. Álvarez Machaín, apresado en territorio nacional por agentes estadounidenses, es uno. Otro fue Aldape Guerra, partícipe del asesinato de un policía. Pero el más relevante para la doctrina fue el caso encabezado por Bernardo Sepúlveda ante la Corte Internacional de Justicia -de la cual hoy es juez- a favor de 51 mexicanos sentenciados por la justicia de Estados Unidos sin recibir apoyo consular. La moción recibió el apoyo del gobierno mexicano. El respeto al debido proceso es una pieza central en la defensa de connacionales en Estados Unidos. Por fin, ¿de qué lado estamos hoy? Ése es el dilema de fondo. O hacemos del debido proceso un principio y práctica -como corresponde a verdadera democracia- o regresamos a la oscuridad nacionalista.
¿Por qué el gobierno mexicano no accede a la extradición, una de las últimas salidas? ¿Están dispuestos a exhibir nuestras inmundicias procesales ante el mundo? El costo es inaudito, pagarlo no es racional, proviene de las emociones. Ése es el nudo. Qué defiende México no queda claro, a quién, sí.
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