Oaxaca

PLAZA PÚBLICA
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Se apresuraron los augures del desastre: en Oaxaca no se revivieron los ardores de 2006. Después de la violencia del 15 de febrero y la suspensión de clases y la marcha magisterial masiva del día siguiente, tanto en el gobierno estatal como en la Sección 22 del SNTE prosperan los empeños por lograr paz y estabilidad en el estado. Aunque están anunciadas movilizaciones regionales, una marcha estatal el 8 de marzo y una de carácter nacional semanas después, está conjurado el fantasma de la ocupación del centro de la capital y una suspensión de labores por tiempo indefinido. Tampoco habrá, en consecuencia, acciones represivas criminales como las que ordenó el gobernador Ulises Ruiz, todo lo cual caracterizó el espeso clima político oaxaqueño hace casi un lustro.

No hay, tampoco, una paz idílica. Pues- to que persisten agravios a la sociedad que se levantó contra la dictadura de Ruiz, y han surgido otros en el arranque del nuevo gobierno, Oaxaca vivirá tensiones que son propias de una sociedad donde chocan intereses y se procura ejercer principios. Pero lo que esencialmente difiere de la situación de 2006 es que la relación entre gobernados y gobernantes está regida por la ley, y aquéllos no son tratados como enemigos por éstos.

En paradoja comprensible, uno de los factores que condujo a la victoria ciudadana en las elecciones de julio pasado está generando nuevos costos. Además de los partidos que postularon al senador Gabino Cué y lo llevaron a la gubernatura, el activismo del ahora titular del Poder Ejecutivo sumó otras presencias a la vasta alianza con que triunfó. Cada parte de esa coalición de intereses espera que el gobierno que contribuyó a erigir cumpla los compromisos que se estipularon, explícita y tácitamente. El gobierno resultante de una coalición tiene que observar cuidadosamente el equilibrio en la atención a esos intereses, so pena de que las partes que se supongan minusvaluadas o agredidas hagan notar su inconformidad con los instrumentos a su alcance.

El Partido Nueva Alianza no se sumó a ninguna de las coaliciones que contendieron por la gubernatura oaxaqueña. Un obvio cálculo político de la propietaria de ese partido, Elba Esther Gordillo, ordenó esperar hasta la última hora a que su candidata Irma Piñeyro declinara a favor de Cué, porque se perfilaba como el candidato vencedor. Si esa suerte le hubiera sido deparada a Eviel Pérez, el candidato de Ulises Ruiz, a favor del priista se hubiera inclinado la preferencia elbista. Algo más que el puñado de votos que la declinación supuso a favor del candidato victorioso ha de haber pesado en la designación de Irma Piñeyro en la secretaría de Gobierno, la vicegubernatura en los hechos. Salvo que con ese nombramiento se hubiera impedido la disputa entre los partidos postulantes, parece una recompensa muy elevada al tardío y no necesariamente eficaz gesto del Panal.

La designación de Piñeyro, por si fuera poco, agravió a la Sección 22, que con razón identifica a la secretaria de Gobierno con Gordillo, adversaria tradicional de la porción oaxaqueña del sindicato que preside. A la siempre tensa relación entre los comités nacional y seccional se agregó en 2006 la secesión magisterial promovida desde el centro con la creación de la Sección 59, con elementos sustraídos a la 22. Es comprensible que el comité seccional se haya sentido agraviado si no es que traicionado.

La ocasión de mostrar su inconformidad se abrió hace 10 días. El presidente Calderón viajó a Oaxaca, a congratularse del triunfo aliancista y a recibir la adhesión del gobernador, pactada previa y públicamente. Su estancia en Oaxaca, para inaugurar un establecimiento privado de enseñanza superior dirigido por religiosos, coincidió con la publicación del decreto que hará deducible, a partir de 2012, el pago de colegiaturas. La ocasión fue aprovechada para una expresión de repulsa a partir de la absurda declaratoria de persona non grata adjudicada al presidente de la República. Como proclama y hasta como invectiva política es comprensible tal declaración, pero es inadmisible cuando se desprende de ella el repudio físico a la presencia presidencial. Expresar tal rechazo fue la pretensión de los piquetes magisteriales que buscaron entrar en la zona vedada al tránsito de personas en torno al Palacio de Gobierno. Un muro policial estaba allí para impedirlo. No pocos manifestantes no se resignaron a ser frenados y ejercieron presión contra las policías. Las fricciones se convirtieron rápidamente en violencia de ambas partes, que ya en el fragor del combate, por impreparación técnica la policía, por agresividad mal contenida de quienes protestaban, derivó en lesiones y contusiones en los dos grupos, así como sobre periodistas que cumplían su labor. Para determinar su origen y establecer su gravedad, deben actuar tanto la íntegra comisionada de derechos humanos, Eréndira Cruz Villegas, como el Ministerio Público local y aun la PGR pues actuó en el caso la Policía Federal. Sean profesores o provocadores o personas con ambos caracteres quienes golpearon y produjeron actos de vandalismo, deben ser tratados con la misma vara jurídica con que se mida la actuación de los agentes policiacos.

Los dirigentes de la Sección 22 se reunieron de las 15:47 del sábado 19 a las 3:07 del domingo. Acordaron y establecieron tareas de naturaleza muy heterogénea. Pero quedó claro en sus deliberaciones y conclusiones que no confunden a un gobierno autoritario que los reprimió con uno democrático que busca entendimientos.

Cajón de sastre

En una semana exacta, los servicios de inteligencia del Ejército, según informó el vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional, coronel Ricardo Trevilla, condujeron a la detención del asesino de Jaime Zapata, un bandolero con el mismo apellido pero sin relación con la víctima. Julián Zapata fue detenido e incriminado por ese homicidio, que ha sacudido a las fuerzas policiales y de seguridad interior de Estados Unidos. Si se puede llevar a proceso al Zapata asesino y se le sentencia, la Sedena habrá dado un desmentido a la opinión que el embajador Carlos Pascual ha expresado sobre esa porción de las Fuerzas Armadas mexicanas, a la que tiene por abúlica. Conforme se juzgue al presunto asesino conoceremos si se privó de la vida al agente Zapata a sabiendas de que lo era, y sabremos también la causa de esa criminal decisión.