Invalidez electoral en Hidalgo

PLAZA PÚBLICA
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

La fase judicial de los procesos electorales locales que culminaron con la jornada del 4 de julio pasado ha concluido, excepto en lo que hace al estado de Hidalgo. Allí queda por resolver el recurso que impugna la declaración de validez de la elección, es decir que demanda sean anulados los comicios en que contendieron Xóchitl Gálvez y Francisco Olvera, al que los órganos estatales confirieron la victoria.

Anteayer miércoles la sala superior cerró los últimos juicios previos al que reclama la anulación, y por ello el magistrado Alejandro Luna Ramos anunció que la próxima semana propondrá el proyecto de sentencia sobre dicha impugnación principal. Es de esperar que su ponencia y el debate que preceda a la resolución consideren con cuidado todas las cuestiones planteadas, a fin de evitar que se adopte un fallo contrario a la ley y por lo tanto lesivo de los intereses de la candidata Xóchitl Gálvez y de los partidos (PAN, PRD, Convergencia) que integraron la coalición Hidalgo nos une, que la postuló.

La sala superior tomó el rábano por las hojas y confirmó la resolución del consejo electoral hidalguense que no consideró como acto anticipado de campaña el mitin donde rindió protesta el candidato de la coalición formada por el PRI, el Partido Verde y el Panal, porque no se le había registrado ante la autoridad electoral. Tendrían razón los magistrados si sólo a la celebración del mitin mismo se hubiera referido la impugnación opositora. En efecto, sería absurdo que los precandidatos no pudieran reunirse con sus partidarios antes del registro de la candidatura, pues una prohibición de ese jaez imposibilitaría la elección del propio aspirante.

Pero los magistrados no se refirieron en ningún momento a otra circunstancia presente en el caso, que fue la denunciada por el recurso de impugnación. Ocurre que la toma de protesta de Olvera fue transmitida por el sistema hidalguense de radio y televisión, lo cual cambia su naturaleza y lo convierte en un acto de propaganda cuyo efecto se extiende mucho más allá del límite de la plaza de toros donde se desarrolló el mitin de marras. Al desentenderse de ese ingrediente de difusión, esencial a la índole de la reunión, la sala superior rehusó ver en ella un acto anticipado de campaña.

De haber considerado ese factor, los magistrados electorales habrían hallado otros elementos de ilegalidad, que se contienen en la demanda de invalidez de los comicios. Por un lado, utilizar para propagar un acto partidista el órgano de difusión gubernamental constituye no sólo una infracción sino un delito, el de uso de recursos públicos en beneficio de un candidato y un partido. Por otro lado, puesto que la reunión semejante en que la candidata de Hidalgo nos une rindió protesta no fue transmitida por la radio y televisión oficiales, se produjo uno de los actos de la inequidad alegada por la oposición.

La abrumadora propaganda, la mayor parte de la cual se disfrazaba de información, utilizada en los medios impresos de Hidalgo para exaltar la figura del alcalde pachuqueño que buscaba ascender a la gubernatura, contrastó con la parquedad, por llamarla de modo elegante aunque más bien debería hablarse de silenciamiento, con que se abordaba la campaña de Xóchitl Gálvez. Puesto que la prensa es libre en su decisiones editoriales, podría negarse que el gobierno interfiriera de ese modo en el proceso electoral. Pero todo el mundo sabe que la supervivencia de los diarios y revistas depende de los convenios que firman con la administración estatal y algunos ayuntamientos.

Fue más obvia la inequidad en la radio y televisión del gobierno. Fue un burdo instrumento de la propaganda priista y, en contraste, se negó el acceso a esos medios a la candidata opositora. Fue preciso que una mañana ella misma se presentara en el estudio de la televisión para forzar una entrevista, que se le negaba sistemáticamente. A la conductora no quedó más remedio que abrir el micrófono, pero se abstuvo de iniciar conversación. La dejó hablando sola.

En el gasto de campaña radica la principal debilidad de la posición del gobernador electo. No se tiene noticia precisa de cuánto gastó, porque el dictamen respectivo no fue aprobado por el instituto electoral, y fue además objeto de manipulación, pues la firma del consejero responsable del documento fue falsificada según lo probó un peritaje en grafología. Eso no obstante, estimaciones permiten suponer que Olvera sobrepasó el tope, y la legislación local establece que cuando el exceso es superior al 5 por ciento la elección puede ser anulada. Es preciso que el tribunal electoral, en jurisdicción plena, revise el gasto del candidato declarado ganador y proceda en consecuencia.

Horas antes de abrirse las casillas el 4 de julio pasado, una oficina de campaña de Xóchitl Gálvez fue de hecho asaltada por la policía estatal, con el ardid de que una denuncia ciudadana anónima alertó sobre la probable comisión de delitos en el lugar. En realidad los cometieron los agentes, pues se apoderaron, tal como parecía ser el objeto de la misión, de material informático indispensable para el seguimiento de la elección. Si un acto de fuerza como ese adquiere eficacia y no es admitido entre el ejercicio abusivo de la autoridad con que se ensució la elección hidalguense, se dejará abierta la puerta para que las elecciones se ganen no en las urnas sino en un campo de batalla en que triunfe quien utilice todos los instrumentos a su alcance y se imponga el salvajismo.

Cajón de sastre

Hoy se estrena la película Presunto culpable, un estremecedor documental realizado con la feliz combinación de talento fílmico y jurídico por Layda Negrete y Roberto Hernández. La cinta es una denuncia del sistema de justicia penal ordinario, que invierte la presunción básica del derecho punitivo, de que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. No habrá quien diga que el sufrimiento infernal de José Antonio Zúñiga, un joven preso por un homicidio que no cometió, es un caso excepcional dentro de una realidad que trata escrupulosamente de establecer hechos de que depende la libertad y la integridad de una persona. Fabricar culpables, exhibirlos ante los medios y luego hundirlos en los meandros de la desesperante burocracia ministerial y judicial son un mecanismo que debe ser desmontado y sustituido por procedimientos transparentes.