ALEJANDRO ENCINAS
La rescisión del contrato de Carmen Aristegui con MVS Radio tras difundir la noticia sobre la manta que diputados del PT y PRD desplegaron en la Cámara de Diputados, aludiendo el presunto alcoholismo de Felipe Calderón, da cuenta, una vez más, de una política del Estado mexicano contra periodistas y medios de comunicación que incomodan por su ejercicio profesional al status calderonista.
La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Es la libertad primaria sin la cual se colapsan las demás libertades. La libertad de expresión y de conciencia son derechos consagrados universalmente y el Estado debe garantizar su ejercicio.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el poder investigar y recibir informaciones y opiniones, y difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, sin censura.
En los últimos años la actividad periodística ha sido objeto de ataques sistemáticos por actores disímbolos. Para Reporteros sin Frontera, “México se ha convertido en el país más peligroso del continente para los medios de comunicación. La actividad de los cárteles de la droga, sumada a la ineficacia y la corrupción de las autoridades, explican en gran parte este panorama”. De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, México se considera uno de los países con mayor inseguridad para el periodismo en el mundo, sólo superado por Paquistán. Durante los últimos 10 años han sido asesinados 68 periodistas; de éstos, 55 ocurrieron durante este sexenio. En la 66 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, Calderón afirmó que la principal amenaza a la libertad de expresión es el crimen organizado y que desde su gobierno no habrá ni ha habido "mordazas ni censura".
Sin embargo, los ataques a la libertad de expresión no se limitan a la violencia del crimen contra informadores, ya que existen otras acciones que igual o mayor daño infligen al sistema democrático: por ejemplo, la censura y la concentración de la asignación publicitaria oficial.
Por ello, el acto de censura en contra de Carmen Aristegui no es un hecho aislado, es parte de una política que se ha presentado desde el inicio de la actual administración cuando se cerró el programa Monitor Radio y Diario Monitor de José Gutiérrez Vivó, quien había difundido ampliamente la campaña de López Obrador. Al igual que la campaña para desprestigiar a la revista Proceso y desacreditar el reportaje que difunde que Calderón y el narcotraficante Sergio Villarreal, El Grande, convivieron en una fiesta, así como la resolución de un juez sentenciando por daño moral a la revista Contralínea.
Diversos medios enfrentan boicot publicitario, en particular medios críticos a las administraciones panistas: Forum, Proceso, Contralínea, El Sur de Acapulco y los diarios AM y Al Día de Guanajuato, excluidos de la publicidad oficial, con lo que se pretende propiciar su cierre, como sucedió con La Carpeta Púrpura.
La censura es el poder que ejerce el Estado para prohibir la difusión pública de información que postule una opinión contraria al orden establecido. Por ello, la esencia de todas las libertades es la libertad de expresión, ya que permite dar contenido a los derechos políticos de los ciudadanos. De ahí la importancia de brindar nuestra solidaridad a Carmen Aristegui y exigir reinstalar su invaluable espacio de libertad.
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