- Legisladores señalaron que los hijos de Marta Sahagún son socios de empresas vinculadas
- La dependencia, entonces a cargo de Eduardo Medina Mora, decidió no ejercer acción penal
- La ASF detectó sobreprecio en alquiler de buques de Arrendadora Ocean Mexicana y TMM
Viernes 28 de enero de 2011, p. 26
La Procuraduría General de la República (PGR), durante el periodo de Eduardo Medina Mora, actual embajador en Inglaterra, decidió no ejercer acción penal contra los funcionarios de Pemex Refinación que manipularon contratos para beneficiar a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana y TMM, que causaron, como informó la Secretaría de la Función Pública, un daño de 6 mil 600 millones de pesos a la paraestatal.
En esa época, el director de Pemex Refinación era el actual senador del PAN, Juan Bueno Torio.
Un informe que fue entregado en 2008 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados por el entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, refiere que aún cuando el órgano fiscalizador presentó la denuncia penal ante la PGR, el 6 de diciembre de 2007, un año después el agente del Ministerio Público Federal consultó el no ejercicio de la acción penal
y pidió al agente auxiliar del procurador instrucciones para cerrar el caso.
Como resultado de la auditoría a la cuenta pública 2006, la ASF detectó el pago de sobreprecios por la renta de buques a Arrendadora Ocean Mexicana, entre éstos el Torm Asia, por el que desde 2004 Pemex paga 38 mil 500 dólares diarios –14 millones 52 mil 500 dólares anuales–, esto es 18 mil 500 dólares más por una nave que Pemex Internacional (PMI) ofreció, en la misma licitación, para exportar crudo.
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Por ese barco, Pemex Refinación sólo habría pagado 7 millones 300 mil dólares anuales.
La Comisión de Marina en la 60 legislatura investigó la manipulación de contratos en favor de Arrendadora Ocean Mexicana, que es filial de Blue Marine Group, y detectó que entre los socios de esa trasnacional se encontraban los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca. Los diputados también presentaron una denuncia contra ellos, que tampoco prosperó.
En diciembre de 2007, la ASF interpuso ante la PGR una denuncia contra los funcionarios de Pemex encargados de otorgar los contratos 4500155808, 4500171600 y 4500176478 en favor de Arrendadora Ocean Mexicana.
La PGR inició la averiguación previa 109/UEIDCSPCAJ/20007, que se radicó en la mesa XXVI de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia.
No obstante, en un desglose de las denuncias que presentó por probable desvío de recursos en la administración del ex presidente Vicente Fox, por 3 mil 690 millones de pesos, la ASF informó a la Comisión de Vigilancia que la PGR había cerrado el expediente.
Entre las denuncias que interpuso la auditoría ante la PGR por presunto desvío de recursos se incluía la transferencia ilegal de recursos al sindicato petrolero y al Comité Provida, cuyo presidente, Jorge Serrano Limón, gastó casi 34 millones de pesos en plumas de lujo, trajes e inclusive tangas.
La ASF dijo a la Comisión de Vigilancia que aun cuando su denuncia fue ratificada, se entregó el dictamen técnico que comprobaba el sobreprecio pagado por la renta de los buques, y además se respondió a las dudas del Ministerio Público, éste consultó el no ejercicio de la acción penal, por lo cual se espera autorización del agente auxiliar del procurador
para no solicitar las órdenes de aprehensión.
En abril de 2008, la Cámara aprobó un punto de acuerdo de la Comisión de Marina para exhortar a la PGR a terminar la investigación y solicitar a Petróleos Mexicanos suspender, en tanto se mantenía la indagatoria, cualquier contrato con Arrendadora Ocean.
El 21 de enero de ese año, a solicitud expresa del senador Arturo Escobar (PVEMI), el presidente de la comisión, José Manuel del Río (Convergencia), se entrevistó con el director general de Blue Marine Technology, Alfredo Reynoso Durand, en un restaurante de Polanco.
Del Río dijo que en esa ocasión, el empresario me aseguró que la denuncia de la ASF estaba mal hecha. Le dije que era recurrible y me contestó que habían investigado en la procuraduría y ahí le dijeron que la investigación era endeble y sería desechada
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