Francisco Rodríguez
December 9, 2010
LA COMISIÓN INTERAMERICANA de los Derechos Humanos considera que “la seguridad ciudadana es concebida como aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada por actores estatales o no estatales.”
Esa condición definitivamente no se cumple en México. Conducido por una Administración fallida, cual lo es la de Felipe Calderón, el Estado mexicano, por el contrario, pone en riesgo la seguridad de sus ciudadanos.
Así lo ha denunciado el Centro de Ética y Periodismo (CEPET), organismo gremial que ha librado no pocas batallas, al lanzar una alerta por la filtración de autoridades (sic) federales, que han puesto en riesgo la seguridad del colega Ricardo Ravelo.
Señala el CEPET, textualmente:
“El Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) considera que autoridades federales ponen en riesgo la integridad del reportero del semanario Proceso, Ricardo Ravelo, al haber filtrado a una televisora fragmentos de una declaración ministerial de Sergio Villarreal Barragán, señalado como unos de los principales líderes de cártel de los hermanos Beltrán Leyva, quien acusa al periodista de haber recibido dinero del narcotráfico para acallar información.
“Las declaraciones de Villarreal Barragán, difundidas en el noticiario nocturno de la empresa Televisa el pasado 1 de diciembre, fueron hechas públicas nueve días después de que Proceso dio a conocer un testimonio del mismo supuesto jefe del crimen organizado, quien declaró haber tenido un encuentro con el presidente Felipe Calderón en septiembre de 2006, durante una fiesta del senador Guillermo Anaya Llamas, quien los habría presentado.
“Según Televisa, la declaración de Villarreal, quien ya se habría convertido en testigo protegido del gobierno federal, fue recogida por el Ministerio Público el 24 de noviembre, apenas tres días después de que la publicación reveló información sobre los contactos de Villarreal con integrantes de la clase política y jefes policiacos. En ella dijo haber pagado 50 mil dólares a cambio de que en las páginas de la revista dejara de mencionársele, mientras que acusó al periodista Ricardo Ravelo de exigirle un pago mensual.
“Tanto en un comunicado, como en entrevistas posteriores, el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, calificó la filtración del testimonio como una agresión del gobierno federal, y acusó un montaje con declaraciones ex profeso para desacreditar al semanario.
“Asimismo, en conversación con el CEPET, Ricardo Ravelo consideró que la autoridad optó por un golpe bajo, abandonando toda posibilidad de argumentación o de aclaración mediante una réplica a la revista. Y es que en la edición más reciente de Proceso, el periodista había publicado que Villarreal Barragán estaría siendo beneficiado con la cancelación de averiguaciones previas en su contra, a cambio de que éste diga todo lo que sabe sobre funcionarios y agentes vinculados con las organizaciones criminales.
“’Lo que sí me preocupa es la posición en que nos coloca, y me coloca a mí en lo personal, este señalamiento. Si ya de por sí enfrentamos riesgos en el país para realizar nuestro trabajo periodístico, con esto ya no nos queda muy claro de quién debemos cuidarnos, si de los narcotraficantes o del gobierno, que usa las artes más sucias que tiene a su alcance para atacar a un medio que lo critica y lo cuestiona’, dijo Ravelo.
En el ámbito de su interés,el CEPET considera inaceptable que las autoridades federales, a través de las instituciones encargadas de la administración de justicia, propicien la filtración de testimonios ministeriales para impulsar juicios mediáticos, renunciando al mismo tiempo a impulsar una política de comunicación responsable.
“La difusión de declaraciones de quien la Procuraduría General de la República ha presentado como líder de una de las principales organizaciones delincuenciales del país, compromete seriamente la seguridad del reportero, del semanario Proceso y de los otros mencionados, por lo que el Estado mexicano está obligado a adoptar medidas para proteger la integridad de éstos.”
Congratula saber que, pese a todo, en el gremio periodístico al que orgullosamente pertenezco, no todos sean “perros que comen perro”.
Índice Flamígero: A sólo una semana de haber concluido el encargo de gobernador, el veracruzano Fidel Herrera anunció ayer su incorporación a tareas partidistas. Desde el próximo lunes se hará cargo de la secretaría técnica del Consejo Político Nacional del PRI.
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