México en el mundo

Pentagrama

Luis M Cruz

1. Tras la impuestiza, ¿qué sigue?

Tras haber pasado el trago amargo de, otra vez, tener que volver a pagar altos impuestos, los ciudadanos quisiéramos saber qué sigue, en qué se van a aplicar los recursos que aportaremos y de los cuales el gobierno, en todos sus niveles, debiera tener la obligación de rendir cuentas hasta el último centavo.

Ya hemos visto que informar no es equivalente a rendir cuentas. En la tradición política mexicana, se cree que se cumple con la población simplemente comunicando lo que se hizo, así, sin más, sin referente alguno que permita saber, por lo menos, si lo hecho era lo mejor que se podía hacer o siquiera si se alcanzaron las metas originalmente planteadas.

Rendir cuentas es distinto. Rendir cuentas implica lo mismo que sucede en el ámbito cotidiano: qué se hizo con el dinero, se aplicó bien, se obtuvieron los mejores precios y condiciones y hasta saber qué sucedió con los remanentes. Así, por ejemplo, si en el informe presidencial se habla, como también lo repite la propaganda oficial, de que se construyeron o modernizaron 11 mil kilómetros de carreteras en el último año, los ciudadanos necesitamos saber cuáles carreteras fueron, de dónde a dónde, porque ese kilometraje implica por lo menos varias veces idea y vuelta de norte a sur por el país o el total del perímetro nacional, incluidas las costas. Si en la rendición de cuentas resultara, por ejemplo, que se están incluyendo la carretera México-Acapulco o México Querétaro, existentes desde hace ya muchos años, es claro que se comprende la gran diferencia entre “informar” y “rendir cuentas”, pues nunca será lo mismo construir obra nueva que darle mantenimiento a infraestructura ya existente, como no es equivalente hacer una casa que pintarle la fachada.

Lo mismo sucede en cuestiones como la protección y el cuidado de la salud. El Seguro Popular, nos informan, cuenta ya con 41 millones de afiliados, los que, sumados a 46 millones de derechohabientes del IMSS y 8 millones del ISSSTE, configuran el 90% de la población total de México que, calidades aparte, ya contaría con protección social de algún tipo. Sin embargo, en la infraestructura médica y hospitalaria disponible no se aprecia una transformación de esa magnitud, lo que supondría, por lo menos, que en el actual sexenio se hubiera construido una infraestructura física similar a la del Seguro Social, como para tener capacidad de atender a la nueva población usuaria. No hay concordancia entre repartir carnets y disponer lo necesario para proporcionar atención y medicinas a todo ciudadano que lo demande, sobre todo cuando asoma la quiebra del IMSS precisamente en el seguro de enfermedades y maternidad cuyo alto costo hace insostenible la presión de la demanda de buen servicio de sus derechohabientes.

Es por ello que resulta relevante el ejercicio de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación a realizar de manera exclusiva por la Cámara de Diputados en los próximos días. Un buen ejercicio de distribución presupuestal permitiría por lo menos tener un referente de la manera en que se gastará el presupuesto el próximo año, si bien lo relevante para los ciudadanos sería saber si realmente se gastó bien.

En el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, se planteaba un gasto por 3.378 billones de pesos, 6.36% más que el proyectado para ejecutar en 2010 sin contar subejercicios ni recursos excedentes. El Congreso aprobó un presupuesto más copeteado, con 60 mil 550 millones de pesos adicionales, esto es, un 8% superior a lo presupuestado en el corriente año. El total presupuestal será, entonces, de 3.438 billones de pesos.

2. Prioridades del gasto.

La forma en que ser distribuyan los recursos nos dirá en mucho cuáles serán las prioridades a observar el próximo año. De inicio, en el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, las prioridades (esto es, los principales incrementos) se observaban en los rubros asociados a la seguridad pública y la cruenta guerra contra la delincuencia. A la Secretaría de Gobernación se le estimó un 85% de incremento presupuestal; a la Secretaría de la Defensa Nacional, un 15% adicional, a la Secretaría de Marina, un 14% y a la Secretaría de Seguridad Pública, 10% más, no obstante lo cual los presupuestos de Sedena y de la SSP serán muy similares entre sí, respectivamente, de 50 mil y 36 mil millones de pesos, respectivamente.

Las principales disminuciones en el proyecto de gasto del gobierno federal, se observan en SAGARPA, con una reducción presupuestal del 19%, Comunicaciones y Transportes, con una reducción del 17%; Medio Ambiente y Recursos Naturales con menos 8% y Reforma Agraria, con una disminución del 7% en su presupuesto.

En lo que se refiere a las participaciones a los Estados y Municipios, en los dos principales ramos que se distribuyen, el 28, que se refiere a Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, registra en el proyecto un incremento del 11% (48 mil 803 millones de pesos más) y en el ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se refleja un incremento de 7.44% (31 mil177 millones adicionales).

En ese proyecto de distribución, pareciera haber buenas noticias para los Estados y Municipios. Es por ello que resultó tan eficaz la presión de la Secretaría de Hacienda cuando se habló de que el PRI reduciría el IVA del 16 al 15%, que implicaría una baja en la recaudación tributaria de unos 32 mil millones de pesos, con lo cual por lo menos en el ramo 33 no habría recursos adicionales que repartir. Este anzuelo se lo tragaron completo los gobernadores, quienes cabildearon en el Congreso para que la postura legislativa se revirtiera, a pesar de que, finalmente, ni lo uno ni lo otro sucedió y la Ley de Ingresos se aprobó con 60 mil millones de pesos adicionales por distribuir.

En este sentido, en los próximos días veremos cómo los gobernadores y funcionarios de varias dependencias irán en romería a la Cámara de Diputados a solicitar más recursos, unos aduciendo la necesaria reconstrucción después de los desastres naturales ocurridos en los últimos meses, otros, simplemente, presentando un programa de obras o de necesidades sociales que desearan atender.

Lo cierto es que, para los ciudadanos, más que buenos propósitos, lo que nos urge es una verdadera rendición de cuentas, para saber en qué, exactamente, se ha gastado el dinero, si los recursos han sido bien aplicados, si se obtuvieron o ejecutaron en las mejores condiciones de calidad y precio, y finalmente, si los resultados alcanzados fueron los que se planearon.

3. Quiebras técnicas de PEMEX y el IMSS.

En el paquete económico del 2011, el gobierno federal está enmascarando, quizá con visos de traslado a la próxima administración, el problema de las quiebras técnicas de Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Seguro Social. En realidad, tales instituciones públicas no pueden quebrar, sino que forman parte de la deuda contingente del gobierno federal, quien deberá reconocerlas en última instancia y subsanar sus deficiencias con recursos fiscales.

Sin embargo, con un criterio neoliberal como para justificar el argumento de que el Estado suele ser mal administrador y los privados funcionarían mejor, se han dejado crecer los pasivos laborales y operativos de estas entidades públicas a niveles alarmantes si fueran simplemente empresas. Por ejemplo, Petróleos Mexicanos tiene activos por 1.332 billones de pesos, y registra pasivos por 1.4 billones, por lo que su resultado neto sería negativo en -67 mil millones de pesos. Por su parte, el IMSS registra en el Informe enviado al Ejecutivo y al Congreso en junio de este año, que sus ingresos totales serán en el año de 225 mil 479 millones de pesos, en tanto que su situación financiera, incluido el reconocimiento del pasivo laboral, es deficitaria en -649 mil 777 millones de pesos.

¿Cómo explicar que, en un entorno de abundancia fiscal, las principales entidades públicas estuvieran quebradas? Uno pensaría que sus ingresos son insuficientes en tanto que sus gastos son exuberantes. Pero esto no es así, lo que tiene quebradas a estas entidades no es ni siquiera una mala gestión, sino sobre todo, el cálculo de los pasivos laborales. En PEMEX, el pasivo laboral reconocido es de 576 mil millones de pesos, en tanto que para el IMSS, representa 690 mil 889 millones. Los pasivos laborales constituyen las reservas que contablemente deben integrarse a los estados financieros para garantizar el pago de las obligaciones presentes y futuras en materia laboral, como son por ejemplo, las pensiones de los empleados jubilados y por jubilar en los próximos 30 años, calculadas a valor presente.

Sin embargo, la política presupuestal del gobierno federal impide que las empresas públicas constituyan reservas soberanas para enfrentar estos pasivos. En el caso de PEMEX, se le extraen recursos fiscales desproporcionados y se le dota de un presupuesto de operación balanceado en ceros, esto es, no le queda parte alguna de los excedentes para fondear el pasivo. En el caso del IMSS sucede algo parecido, al extremo de que, no obstante haber estado creando reservas conforme lo determina su ley, en los dos últimos años ha solicitado autorización para disponer de montos crecientes de sus reservas, hasta 20 mil millones de pesos, con lo que en 2011 estaría consumiendo los recursos ahorrados y para 2012 ya no tendría más reservas que disponer, quedando a la vera de los recursos presupuestales que el gobierno federal se digne transferirle.

¿Son en realidad inviables estas entidades? Por supuesto que no, se trata tan sólo de la manera en que se manejan las reglas contables, por un lado, y sus costos y sus fuentes de ingresos, por el otro. En el caso de PEMEX, es tan simple como imaginar que el precio de la mezcla mexicana de exportación reportado hoy es de 74 dólares el barril, en tanto que el promedio de la misma desde junio de 2009 se ha mantenido en 68 dólares el barril, cuando el precio considerado en el presupuesto ha sido de 59 dólares. Pero nada de estos ingresos se queda en la paraestatal, todo va a la gran bolsa del fisco.

En lo que al IMSS se refiere, si bien algunos de los seguros que administra son deficitarios, estos podrían no serlo si actualizara las tarifas de sus ingresos. Es evidente que el nivel actual de las cuotas obrero-patronales no ha variado desde 1997 en tanto que los costos de los insumos médicos e infraestructura hospitalaria sí lo han hecho sensiblemente. Por ello la decisión del Congreso para autorizar por última vez la transferencia de recursos de los remanentes de reservas del Instituto de un rubro a otro, como lo ha estado solicitando el Instituto, condicionado a que presente un plan de reforma integral que lleve a evaluar precisamente el futuro de la institución de seguridad social más consistente e importante del Estado mexicano y que debe pasar por la revisión de costos y estructura interna, valoración real de las cuotas obrero-patronales y constitución de los fondos de reservas que la ley del Seguro Social ordena se sostengan.

5. México en el mundo.

Una vez más, el gobierno mexicano se siente incómodo porque las valoraciones internacionales, el cómo nos ven desde el mundo, resultan adversas para nuestro país. Al darse a conocer la medición del ranking internacional en materia de corrupción, medido por Transparencia Internacional, nuestro país registra una caída en los últimos diez años, ubicándose en 3.3 en una escala del 1 al 10, donde 10 es absolutamente transparente y 0, absolutamente corrupto.

Ni tardo ni perezoso, el secretario de la Función Pública se apresuró a declarar que la medición no se refiere al gobierno ni a su gestión, sino al conjunto de percepciones de la sociedad mexicana, como si ello fuera una cuestión de descargo.

Ciertamente, la corrupción es inherente a toda la sociedad, pero son las instituciones públicas las que incentivan o desincentivas las conductas punibles. Piénsense, por ejemplo, en los incontables e inútiles trámites a que se ve sometido el ciudadano para prácticamente todo, así sea tratar de pagar los impuestos en tiempo y forma, solicitar permisos o licencias, abrir negocios nuevos o mantener en funcionamiento los ya existentes. Todo son “mordidas” y “coyotes” sin fin, simulación y dobleces, lo mismo si se quiere adelantar una cirugía demorada inexplicablemente varios meses o si se busca un permiso de construcción de una torre en una zona de reserva territorial.

Lo cierto es que, le guste o no al gobierno, en la era del cambio nuestro país ha retrocedido en prácticamente todos los indicadores de desarrollo. Por ejemplo, por vez primera en los últimos 200 años, los países emergentes crecen más rápido que los desarrollados. En los últimos diez años, los llamados “BRIC” (Brasil, Rusia, India, China) crecieron 250%, en tanto que México sólo creció 18%. Esto provocó que la economía mexicana cayera del lugar 10 que ocupara en el año 2000, al lugar 14 en la actualidad yéndose rápidamente hacia el 15; en el mismo periodo, el PIB per cápita pasó del lugar 49 al 61.

Si se revisan los indicadores del Banco Mundial, caímos en el índice de estabilidad política y ausencia de violencia de casi 50% en 2002, a 21% en la actualidad, lo que es congruente con el estado de guerra interior que estamos viviendo, con casi 30 mil muertos ya en ese sentido. ¿Por qué nos extraña que ya por tercera ocasión, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, hable de una insurgencia criminal en nuestro país?

El índice de efectividad gubernamental reportado por el mismo Banco Mundial se ha mantenido sin variaciones drásticas en los últimos diez años, tal y como lo recibieron de los gobiernos del PRI, en más o menos 60%. Lo que sí cambió notoriamente es el presupuesto federal, que ha crecido, de 1.1 billones de pesos en 2000, a 3.2 billones de pesos en 2010, esto es, el gobierno federal ha administrado los presupuestos históricamente más altos del país, sin por ello haber podido elevar ni un ápice la eficiencia gubernamental. Han sido los gobiernos más ricos, con los resultados más desalentadores, como lo prueba el hecho de que, tras haber gastado tantos recursos, la pobreza no disminuyó sino que inclusive ha repuntado hacia el orden del 60% de la población con ingresos familiares menores a dos salarios mínimos.
En lo que se refiere a un indicador de la mayor importancia, la vigencia del Estado de Derecho (rule of law), los gobiernos del cambio cayeron del 47% al 30% en la actualidad. Este indicador, medido por una institución internacional de la mayor seriedad como es el Banco Mundial, refleja lo mismo que el índice de corrupción de Transparencia Internacional: el altísimo nivel de impunidad y de insuficiencia del marco legal para garantizar la certidumbre en el país.
No obstante, para las autoridades mexicanas todo ello es irrelevante, pues, en opinión de, por ejemplo, el sector hacendario, los inversionistas siguen viendo a nuestro país como un lugar a donde llevar sus capitales. Lo que no dicen es que en los principales centros financieros y en las corredurías internacionales, ya se han descontado los efectos de la violencia y el mal gobierno sobre el futuro del país, lo que les preocupa es la incertidumbre en el rumbo de México en los próximos años. Como bien diría Jeoffrey Sachs en reciente visita a nuestro país, el principal problema de México son los Estados Unidos, profundamente imbricados con ellos, tanto por cercanía geográfica como por la intensidad del comercio después del TLCAN, las profundas rutas migratorias y el desafío del narcotráfico. Por ello, en el futuro inmediato, no más allá del 2012, tendríamos que asumir de mejor manera un destino conjunto.

5. El factor norteamericano.

Las elecciones en Estados Unidos el martes 2 de noviembre tendrán una indudable repercusión en la política interna de nuestro país. Independientemente de que las encuestas auguran un revés para el Partido Demócrata, el presidente Obama, en busca de la reelección, deberá virar sus principales líneas políticas hacia el centro y un mayor conservadurismo, en busca de reducir el enorme déficit público y reactivar la economía al mismo tiempo.

Para nuestro país, cuya relación con la economía y la realidad norteamericana es más que intrínseca, el resultado de las elecciones norteamericanas auguran mayores tensiones en la cuestión de los migrantes y en la evolución del mercado de las drogas. En California, está a votación también la ley 19, que podría legalizar el cultivo, producción y consumo de marihuana para todo fin, con lo que, en los hechos, se estaría abriendo y regularizando el gran mercado del norte para las drogas.

Como en su momento advirtió el senador Manlio Fabio Beltrones en Nueva York y hace unos días lo hiciera el presidente Calderón, el doble discurso de los Estados Unidos al tolerar y legalizar el consumo en su país y exigir a los demás el combate frontal caería por su propio peso. Ya no sería factible exigir que en México se esté librando una guerra contra el narcotráfico que ha costado en los últimos cuatro años casi 30 mil vidas, sólo para intentar detener el flujo creciente de drogas destinadas al ávido consumidor norteamericano. Si las drogas se legalizan allá, tendrán inevitablemente que legalizarse acá en una situación similar al fin de la prohibición del alcohol en los años treinta.

En lo que a los migrantes se refiere, los candidatos republicanos en ascenso han basado sus campañas en el freno de la migración y el cierre de las fronteras. Muchos de ellos provienen del ala ultraconservadora, el llamado “tea party” o “patriotas”, por lo que la regularización de más de 10 millones de ilegales allá quedaría en el limbo hasta después de las próximas elecciones presidenciales norteamericanas, en noviembre de 2012.

En lo que a Brasil respecta, amaneceremos el primer día de noviembre con la noticia del triunfo de la petista Dilma Rousseff sobre el socialdemócrata José Serra en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, gracias a un gobierno de Lula volcado en la promoción de la candidata oficial. No habrá, por ende, ajuste en el camino ni combate a la corrupción en Brasil, lo que podría minar en un futuro cercano el vigor del crecimiento de aquél país, con una burocracia casi tan grande ya como la mexicana (560 mil plazas brasileñas contra 660 mil mexicanas en los ramos administrativos) y un constante conflicto entre el Tribunal de Cuentas de la Unión y la presidencia brasileña sobre la manera de adjudicar y gestionar contratos públicos con sobreprecios hasta del 50%. El Presidente “Lula” ha dicho que no dejará de crear empleos sólo porque a algunos les preocupen los aspectos administrativos, acentuando el riesgo de que la corrupción, ese veneno de la democracia, haga desfallecer en algún momento el paso del gigante sudam