El gobierno de Estados Unidos anunció una cifra récord en la deportación de reos indocumentados que permanecían en cárceles de ese país. Pero esta medida ha generado un nuevo problema en México.
Autoridades reconocen que carteles de narcotráfico contratan a algunos de estos ex convictos, a quienes utilizan como sicarios, vendedores de droga o guardianes en casas de seguridad.
Recientemente el Ministerio de Seguridad Pública reconoció que integrantes de grupos como La Familia Michoacana y los carteles de El Golfo y de Juárez tienen antecedentes penales en Estados Unidos.
“En algunos casos llegan a ser reclutados en cárceles de ese país para que una vez deportados, se integren a grupos delictivos en México”, señala un comunicado del Ministerio.
Este reclutamiento aumentó la violencia en varias ciudades, le dijo a BBC Mundo Víctor Clark, director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana.
“Al crimen organizado le ha representado un beneficio la deportación de esos mexicanos porque ya vienen entrenados. Es mano de obra que sabe el negocio de las drogas, hablan inglés, tienen contacto con el lado norteamericano y están desesperados por encontrar un empleo”, explicó.
El problema alcanza tal magnitud, que los gobernadores mexicanos de seis estados fronterizos solicitaron que las deportaciones se realicen por vía aérea, y evitar que posibles delincuentes permanezcan en ciudades de la región.
“Entra cualquiera”
Según datos del Departamento de Seguridad Interna en el presente año fiscal –que concluye en octubre- más de 392.000 personas fueron deportadas de Estados Unidos.
Al crimen organizado le ha representado un beneficio la deportación de esos mexicanos porque ya vienen entrenados. Es mano de obra que sabe el negocio de las drogas, hablan inglés, tienen contacto con el lado norteamericano y están desesperados por encontrar un empleo
Víctor Clark, director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana
De éstos, 195.000 eran “criminales convictos” que se encontraban en prisiones de varios estados de ese país, según dijo la secretaria de Seguridad, Janet Napolitano.
Pero no todos son delincuentes peligrosos. Organizaciones estadounidenses de derechos humanos han dicho que entre los deportados abundan quienes cometieron delitos menores, o tenían un estatus migratorio irregular.
Muchos fueron enviados a México, de donde proviene la mayoría de los inmigrantes latinoamericanos que viven sin documentos en Estados Unidos.
Casi todas las deportaciones se realizan en los puntos de cruce fronterizo, donde son recibidos por el gubernamental Instituto Nacional de Migración (INM). La mayoría ingresa al país sin problemas, pues las leyes mexicanas garantizan a sus ciudadanos el libre tránsito por su país.
Los gobiernos de ambos países intercambian datos sobre los reos peligrosos que son deportados y que en su mayoría han cumplido sus condenas.
Pero a veces la información es insuficiente por la cantidad de personas que todos los días son expulsadas de Estados Unidos, le dijo a BBC Mundo Gustavo De la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua.
“Los deportan y en México no se les da ningún seguimiento. Puede entrar cualquiera, hasta delincuentes”, aseguró el activista.
BBC Mundo solicitó al INM información sobre los reos deportados, pero no obtuvo respuesta.
Trasnacionales
En Tijuana, en el noroeste de México, la policía local ha detectado pandillas formadas con inmigrantes repatriados.
Al otro extremo del país, en Ciudad Juárez, el Ministerio de Seguridad Pública encontró que algunas de las pandillas más violentas, como La Línea o Los Aztecas, tienen en sus filas a mexicanos que fueron entrenados en organizaciones de Estados Unidos.
Y en el estado de Michoacán, en el oeste, recientemente fue capturado un destacado miembro de La Familia, dedicado a extorsionar comerciantes en el estado.
El detenido había permanecido varios meses en la prisión de Santa Clara, California, de donde fue deportado hace un año.
En estos casos, el común denominador es que cometieron sus primeros delitos en ciudades estadounidenses, donde pertenecieron a organizaciones criminales.
Son un riesgo para ambos países, dicen autoridades mexicanas. Y un ejemplo es Jesús Chávez, conocido como El Camello y quien es acusado por el Ministerio de Seguridad Pública de organizar el homicidio de una funcionaria del consulado estadounidense en Ciudad Juárez.
El Camello permaneció cinco años en una prisión de Luisiana, procesado por distribuir droga en esa ciudad.
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