miércoles, 20 de octubre de 2010

Informe sangriento




Javier Ibarrola



Rodrigo Medina rindió su primer informe de gobierno. Feliz, arropado por la clase política y económica de Nuevo León, el gobernador Medina dijo a la audiencia que su gobierno ha hecho todo lo que está a su alcance.

Mientras tanto, afuera del Palacio de Gobierno los regiomontanos volvían a verse sumidos en una ola de violencia, entre balaceras y bloqueos. Un grupo armado atacó a balazos las instalaciones de la Policía Ministerial. En uno de los enfrentamientos murieron tres presuntos delincuentes y un marino, además de resultar lesionados otros dos miembros de la Armada de México.

Poco antes del informe, Ciro Gómez Leyva entrevistó al gobernador, quien sin empacho le dijo que durante su gobierno se han detenido a 10 mil individuos. Cuando Ciro, sorprendido, le preguntó que donde los tenía, el gobernador simplemente le dio la vuelta al tema.

Medina cayó muy pronto en la guerra de las cifras alegres, pues, por ejemplo, en Nuevo León no hay reclusorios que puedan albergar, ni con mucho, a diez mil reos.

Pero eso no impidió que el presidente Felipe Calderón felicitara al gobernador por la detención de un chamaco que supuestamente fue el autor de haber lanzado una granada.

Qué tiempo pasará para que quede libre este individuo, pues, una vez más, no hay donde recluirlos.

Lo grave del caso es que mientras el gobierno insiste en discursos optimistas y felicitaciones huecas, el narcotráfico se mueve con gran habilidad: ataca en Nuevo León y luego se mueve a Chihuahua. En los últimos días ha habido ejecuciones en Ciudad Juárez y fusilamiento del edil de Praxedis G. Guerrero, en Chihuahua, Rito Grado Serrano y su hijo.

Y ni así se quiere reconocer que el narcotráfico ha pasado a la etapa del terrorismo, que no es otra cosa que la utilización del tráfico de drogas para promover los objetivos de ciertos gobiernos y organizaciones terroristas, lo que atenta contra los derechos humanos esenciales, como el derecho a la vida y a la integridad física; a la tranquilidad y a la honra; a la participación política y a la libertad de expresión y comunicación.

El Manual de Guerra Irregular, de la Secretaría de la Defensa Nacional, clasifica al terrorismo en dos aspectos:

Sistemático: que procura mediante una acción violenta e indiscriminada crear el miedo y el terror en la población, limitando o anulando sus capacidades, alcanza toda clase de personas sin distinción de credos, jerarquías, profesiones, etcétera, así como también toda clase de objetivos físicos.

Selectivo: que actúa concretamente sobre individuos previamente seleccionados de acuerdo con lo que ellos en él representan, pueden ser personas importantes de los ámbitos político, religioso, gubernamental, policiaco, empresarial, militar, etcétera.

Desde luego que difícilmente el gobierno acepta que el narcotráfico haya pasado al narcoterrorismo, como lo acaba de señalar la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, pues a pesar de que la situación en México reúne algunas características de los conceptos con que se describen los actos terroristas, “no es conveniente asumirlos como tales para evitar que cobren connotaciones políticas adversas, se altere el orden público y se genere pánico en la población”.

Es conveniente, se asegura en círculos militares, que “se lleve el seguimiento de las declaraciones que emitan personalidades de ambas naciones (México-Estados Unidos), a fin de evitar que con el argumento del narcoterrorismo se presione al país para que acepte la intervención directa de Estados Unidos, y para que las fuerzas armadas mexicanas participen en operaciones militares multinacionales a nivel regional con el pretexto de su empleo en actividades en contra del terrorismo”.

Hillary Clinton reiteró su apoyo a los esfuerzos de poner fin a la violencia de las drogas en México, pues es de interés de Estados Unidos “aplastar a los cárteles del narcotráfico que han empezado a comportarse como terroristas y grupos insurgentes”.

Por lo pronto, en Nuevo León la iniciativa del mando único policial, enviada por Calderón al Senado, reprobó su primera prueba.

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