Simón Vargas Aguilar
El 15 de noviembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó mediante la resolución A/RES/55/25 la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), la cual tiene el propósito de promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada. La Convención en comento, que cuenta con 41 artículos, fue puesta a firma de los Estados del 12 al 15 de diciembre del mismo año 2000 en Palermo, Italia, en el Teatro Massimo, Piazza Verdi.
No obstante, México, a través del Senado de la República, la aprobó hasta el 22 de octubre del año 2002 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre del mismo año, entrando en vigor el 29 de septiembre del 2003. Este instrumento internacional logró unificar las definiciones y establecer los tipos penales en común para los Estados Parte del mismo.
El contenido del ordenamiento jurídico internacional antes mencionado es diverso, pues a lo largo de su articulado se abordan: las sanciones del lavado de dinero y las medidas para combatirlos; la penalización de la corrupción y las medidas para combatirla; el proceso, el fallo y las sanciones derivados de la comisión de delitos tipificados; el decomiso y la incautación, así como la cooperación internacional para esos fines y la disposición del producto del delito o de los bienes decomisados; la jurisdicción, la extradición y el traslado de personas condenadas a cumplir una pena; la cooperación internacional en los rubros de asistencia judicial recíproca, investigaciones conjuntas, técnicas especiales de investigación y remisión de actuaciones penales, así como las medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, la cooperación en materia de cumplimiento de la ley, la recopilación, el intercambio y el análisis de información sobre la naturaleza de la delincuencia organizada; el establecimiento de antecedentes penales, la penalización de la obstrucción de la justicia, la protección de testigos, la asistencia y la protección a las víctimas; la capacitación, la asistencia técnica y la prevención; entre otras.
En ese contexto, del 18 al 22 de octubre del presente año, los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se reúnen en Viena con la finalidad de examinar los progresos mundiales en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y hacer un llamado a una aplicación más vigorosa y universal de la propia Convención. Al iniciar con la reunión de balance, Yuri Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), pronunció una conferencia en la que sostuvo que el crimen organizado se ha “inflado a proporciones mundiales”. De igual manera, afirmó que el Convenio era una herramienta potente pero subutilizada, pues no obstante que 157 países han ratificado el instrumento, es necesario que los Estados Parte sienten las bases para hacer más efectivo su potencial para la cooperación.
En la citada reunión se presentó un estudio denominado “Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Organizada” en el que se asegura que el narcotráfico sigue siendo la línea más lucrativa de negocio para los delincuentes. Más de $100 mil millones de dólares se invierten en empresas criminales o alimentan al terrorismo: la cocaína traficada de la región andina a América del Norte y Europa tiene un valor de $72 mil millones de dólares anuales y la heroína traficada desde Afganistán a Europa vale $33 mil millones de dólares en la calle. Simplificando las ganancias por ambos estupefacientes, podríamos aseverar que los traficantes de cocaína y heroína ganan casi $280 millones de dólares cada día, o bien, casi $12 millones de dólares cada hora y casi $200,000 dólares cada minuto.
En ese contexto, los datos que arroja el estudio sostienen que alrededor de 140,000 seres humanos, en su mayoría mujeres y niños, son víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual a Europa, lo cual tiene una ganancia de $3 mil millones de dólares anuales. Asimismo, el tráfico ilícito de migrantes de América Latina hacia América del Norte deja una ganancia de $6.6 mil millones de dólares de las entradas ilegales. Por su parte, el tráfico ilícito de armas de fuego deja una derrama de más de $53 mil millones de dólares anuales.
Al igual que el mundo cambia con la globalización, los grupos delincuenciales se van “modernizando” y han buscado las vías alternas para ampliar su mercado explotando las fronteras abiertas y las comunicaciones para dar paso a nuevos y emergentes crímenes: especies en peligro de extinción, artefactos culturales, madera, medicamentos falsificados, diamantes de sangre, pornografía infantil o mano de obra barata.
Así las cosas, el Tráfico de recursos naturales es una nueva modalidad de la delincuencia organizada, pues la madera del este de Asia a la Unión Europea y Asia cuenta con unos ingresos criminales de $3,5 mil millones de dólares al año, lo que se traduce en deforestación, pérdida de hábitat y pérdida de especies, cambio climático y aumento de la pobreza rural. La Falsificación de medicamentos procedentes de Asia, está valorado en $1.6 mil millones de dólares que terminan en el sureste de Asia y África, donde en lugar de curar a las personas, las matan. El Delito Cibernético en su modalidad de robo de identidad produce $1 mil millones de dólares anuales y en el caso de pornografía infantil en internet, las ganancias son de $250 millones de dólares al año.
Frente a esos escenarios, son muchos los retos para México pues en materia de combate a la delincuencia organizada pareciera que poco o nada hemos avanzado. Por el contrario, el crimen organizado se presenta con mayor frecuencia como una amenaza para la estabilidad nacional. El pasado 14 de octubre, mientras el Gobernador del Estado de Nuevo León, Rodrigo Medina, rendía su informe de gobierno, un convoy de la Marina Armada de México se topó con varias camionetas con pistoleros a bordo, decenas de jóvenes pandilleros salieron a robar camiones urbanos, vehículos pesados y automóviles para bloquear decenas de calles y avenidas de la zona metropolitana de Monterrey. Todo ello, en la misma ciudad donde se encontraban presentes diversos Gobernadores, lo que representó un desafío directo a las autoridades mexicanas y evidenció lo vulnerable que pueden ser las instituciones gubernamentales si el crimen organizado así se lo propone.
De igual manera, mucho se ha insistido en legislar en la materia electoral para impedir que la delincuencia organizada incida en futuras elecciones ya sea financiando campañas políticas de candidatos que se apeguen a sus intereses, o bien, atacando a aquellos candidatos que no estén dispuestos a participar y cooperar con la causa del crimen organizado.
En este contexto, el pasado 7 de octubre, en el Coloquio Internacional Cooperación Científica, Tecnológica y Ambiental en América del Norte y Europa, Camelia Tigau, integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, afirmó que las principales razones por las que sucede el fenómeno de “fuga de cerebros” en México es porque éstos enfrentan, principalmente, a los problemas de violencia, narcotráfico y secuestro, pobreza, bajos sueldos, falta de políticas fiscales y apoyo a la investigación, desempleo, desigualad, carencia del sistema de seguridad social y discriminación laboral por edad. Así pues, la fuga de cerebros representa un problema grave para la academia y la economía del país.
En la agenda nacional el tema del crimen organizado sigue, y seguirá, ocupando los primeros lugares, por lo que es preciso trabajar eficientemente en el tema. El Gobierno ha demostrado ya sus limitaciones en esa materia, sin embargo, será conveniente sumar los instrumentos jurídicos internacionales para lograr un combate más eficiente a través de la cooperación multilateral.
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