Redacción EjeCentral.com.mx
Los 34 ex funcionarios estatales y municipales liberados -en su mayoría en el transcurso de este año- después de ser acusados de proteger a la organización criminal La Familia Michoacana, exigieron este lunes “se ponga alto al linchamiento público y mediático” del que han sido objeto junto con sus familias durante los últimos 16 meses.
Además de exigir que se frene el linchamiento público y mediático de que dicen ser objeto, los liberados por el denominado michoacanazo responsabilizan al Poder Ejecutivo Federal de cualquier agresión física y moral, así como de la integridad de sus familiares.
De acuerdo con la agencia Quadratín, el pronunciamiento lo hicieron en un documento que consta de siete puntos y que fue leído ante los representantes de los medios de información por el ex edil de La Huacana, Mario Romero Tinoco.
Reunidos en el restaurante del hotel Vista Bella, de Morelia, 16 de los 34 liberados en total que fueron aprehendidos por las fuerzas federales el 26 de mayo del 2009 y días subsecuentes, manifestaron su posición respecto a la posición que señalan, asumió el Procurador General de la República, cuando el pasado 30 de septiembre intentó justificar la fallida actuación de la dependencia a su cargo respecto al denominado michoacanazo.
También por el anuncio que se hizo de presentar una queja contra el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán ante el Consejo de la Judicatura Federal, “después de más de seis meses de que resolvió la primera liberación y de que han sido varios jueces y tribunales, quienes han ordenado nuestra libertad”.
En la reunión con los periodistas estuvieron además del ex presidente municipal de La Huacana y catedrático de la Universidad Michoacana, Mario Romero Tinoco, quien dio lectura al documento, los indiciados en el michoacanazo Ignacio Mendoza Jiménez, jairo Germán Rivas Páramo, Isarel Tentory García, Gabriela Mata Chávez, faraón Martínez Molina, Citlalli Fernández González, Antonio Sánchez GaytánAlfredo Ramírez García, Juan Gaona Gómez. Miguel García Hurtado, Noé Medina Martínez, Ramón Ponce Ponce, Osvaldo Esquivel Lucatero y Salvador Dionicio Valencia Palomares.
El documento señala lo siguiente:
Primero.-Gozamos de libertad porque confiamos y recurrimos a los instrumentos legales que nos otorga la Constitución y el sistema jurídico mexicano para demostrar nuestra inocencia.
Segundo.- responsabilizamos a las autoridades del Poder Ejecutivo Federal de cualquier agresión física y moral, así como de la integridad de neustras familias.
Tercero.-Exigimos que se ponga un alto al linchamiento público y mediático del que nosotros y nuestros familiares hemos sido objeto durante los últimos dieciséis meses. Sólo pedimos ser tratados como cualquier ciudadano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Cuarto.- Confiamos en el Poder Judicial de la Federación, únicoi facultado constitucional y legalmente para juzgar nuestra inocencia o culpabilidad.
Quinto.- Agradecemos la intervención del Congreso de la Unión y del Congreso del Estado de Michoacán, quienes a través de grupos plurales que ex profeso crearon, dieron y seguirán dando seguimiento a nuestro caso.
Sexto.-Pedimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su intervención para que se exija el cumplimiento de la recomendación 72/2009 del 30 de octubre de 2009, por violación de nuestros derechos fundamentales y, asimismo, que inicie un nuevo procedimiento por las amenazas de intimidación de queseamos siendo víctimas.
Séptimo.- Recurrimos a la sociedad civil para que se pronuncie por un México en donde impere el estado de derecho, el respeto a la división de poderes, y que cese la persecución política y la criminalización de inocentes.
Ya fuimos detenidos, vejados, torturados, procesados y liberados! ¡Déjenos vivir en paz!
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