Cuidado con la negligencia
Los movimientos telúricos en Chile y Haití están generando efectos colaterales en México, que dan cuenta de una circunstancia luminosa y, al mismo tiempo, horrorosa: que la sociedad alimenta una cultura para contrarrestar el impacto de una eventual emergencia, al tiempo que las autoridades se dejan llevar por la confrontación y los intereses políticos que podrían recapitular la tragedia que hace 25 años dejó a la Ciudad de México en ruinas.
Éste no es un pronóstico apocalíptico. En estos momentos, cuando dos terremotos han impactado a dos naciones latinoamericanas –que han dejado una estela de 300 mil muertos–, en México se ha levantado una maquinaria política que presume su supuesto compromiso para prevenir (o alertar) una tragedia similar a la de 1985. Sin embargo, más allá de las palabras, los hechos desvelan un fenómeno: la peligrosa negligencia de los políticos.
Así, debajo de la superficie que soporta la declaracionitis, se predica un comportamiento que coloca sobre alfileres las medidas de prevención contra desastres naturales. Primero, para 2010 la protección civil no le importó al Congreso pues le recortó una partida de 5,000 mdp al gobierno de la Ciudad de México para desarrollar medidas en esa dirección. Después, la cartera para regular y vigilar la calidad de la construcción de edificios no ofrece cuentas. Y, por último, las autoridades se resisten a publicar el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México.
Elías Moreno Brizuela, secretario de Protección Civil del DF, acusa: “Ha sido nula la colaboración con el gobierno federal. Nos han restado apoyos, a pesar de que les hemos dicho que nos falta personal para completar los estudios necesarios en las zonas de riesgo y construcciones vulnerables”.
Hay más. La Secretaría de Protección Civil del DF, desde años atrás, tenía el encargo de formar el Consejo de Revisión de Estructuras, que sí se creó y, junto con la Secretaría de Obras, encabezó inspecciones de los edificios más antigüos en la ciudad y en situación de riesgo. Hoy, visto en retrospectiva, sus objetivos son de claroscuros.
Según datos de la secretaría en cuestión, en 2009 fueron reubicadas 3 mil familias por razones vinculadas con riesgos ante desastres naturales, y tan sólo en el Centro Histórico 112 edificios resultaron con daños irreparables por lo que tuvieron que ser deshabitados, demolidos o expropiados. Sin embargo, desde 2007 inició la investigación –a través de José Luis Hernández Dehesa, del IPN– para la elaboración del primer Atlas de Riesgo de la Ciudad de México en el que, a través de una serie de mapas, se ubicarían los puntos estratégicos y neurálgicos del funcionamiento de la ciudad, además de que serviría como referente para la integración de un manual en caso de contingencias como inundaciones, sismos, incendios, desgajamientos, fugas de gas o agua.
De acuerdo con datos disponibles, el Centro Histórico, la colonia Roma y algunas zonas de la delegación Venustiano Carranza son las áreas con alto nivel de sismicidad, y por el contrario, San Jerónimo y el Pedregal de San Ángel son consideradas las colonias más seguras. Pero lo cierto es que el atlas sigue siendo un documento bajo reserva, por lo que aún no se han dado a conocer ninguno de los mapas que podrían ayudar a los capitalinos a prevenirse ante posibles contingencias.
Por otro lado, sólo 3% de los 25 millones de hogares que hay en el país cuenta con seguro contra daños por algún tipo de temblor. Según datos proporcionados por la aseguradora AXA, la Ciudad de México y Acapulco son las zonas sísmicas más peligrosas de la República. Dependiendo del epicentro, los efectos de un temblor se pueden sentir en ciudades medianas del interior como Tehuacán, Colima, Puebla y Oaxaca, principalmente. Tan sólo en la capital del país se concentran 5 millones de hogares, de los cuales más de 4.8 millones no cuentan con seguro de daños.
Visto así, la cultura de protección civil en la sociedad ha avanzado, pero nadie sabe la eficacia de las medidas a las que son sometidas las nuevas construcciones y, además, persiste la revancha política que ha impedido en múltiples ocasiones mejorar la estructura organizacional para estar preparados ante un eventual sismo. Según estudios académicos, una población con una protección civil adecuada puede evitar hasta 90% de las víctimas fatales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario