Redacción EjeCentral.com.mx
La organización defensora de los derechos humanos Humans Right Watch instó ayer al país a juzgar a los militares que son acusados de abusos ante el Ministerio Público y no en cortes marciales, como se hace en la actualidad.
El organismo, en voz de Nik Steinberg, investigador a cargo de México, hizo ese llamado al analizar el tema ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y criticó fuertemente la situación en que se encuentra México en ese aspecto.
“Para terminar con la impunidad y proteger los derechos consagrados internacionalmente, México debe asegurarse de que aquellos casos en que se acuse a militares de violaciones de derechos humanos contra civiles sean remitidos inmediatamente a los agentes del ministerio público del fuero común o federal”, señaló Steinberg.
“Es decepcionante que México haya desaprovechado esta oportunidad para reconocer y afrontar la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares”, agregó.
De acuerdo con esa organización, desde la administración calderonista envió a miles de soldados a las calles, en diciembre del 2006, se ha registrado un drástico incremento de las denuncias de abusos militares.
“Entre 2007 y fines de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 3 mil 388 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Y ya ha concluido que en al menos 38 de estos casos los responsables de los abusos fueron militares”, dijo durante la presentación ante la ONU.
“La mayoría de estos crímenes quedan impunes”.
Esta impunidad, precisó, tiene su origen en que el Secretario de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, los jueces militares no gozan de la garantía de estabilidad en el cargo, el control civil de las decisiones de los tribunales militares es muy limitado y prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.
Sólo tres soldados han sido condenados por violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Calderón. Solamente uno de ellos consistió en una condena por violaciones a derechos humanos. Un soldado fue condenado a nueve meses de prisión por haber asesinado a un civil en un retén militar.
“La práctica de las fuerzas armadas de investigar sus propios actos a través de este deficiente sistema de justicia militar vulnera las obligaciones de México conforme al derecho internacional”, sintetizó.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia vinculante en noviembre de 2009 que ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar a fin de cumplir con sus obligaciones internacionales. La Corte sostuvo específicamente que ‘en situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar’”.
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