La guerra entre los cárteles de la droga ha mostrado un fenómeno que afecta a decenas de familias del norte de México, principalmente en las ciudades del estado fronterizo de Baja California: cientos de desaparecidos, cientos de personas que no volvieron a sus casas, cientos de hombres y mujeres que fueron levantados por sicarios del narcotráfico, cientos de mexicanos cuyo paradero se desconoce. El problema adicional es que las autoridades locales y federales no han logrado hacer nada para tratar de dar con el paradero de estas personas. La incapacidad de las autoridades locales y federales por encontrar pistas es otra huella de dolor entre los padres y madres que buscan desesperadamente a sus hijos.
El gobierno bajacaliforniano ha dispuesto de una fiscalía especializada (siempre llevan ese nombre aunque no resuelvan nada), con un agente del ministerio público y un agente investigador que atienden mil 500 denuncias de personas que algún día no volvieron a sus casas. Hablamos de dos personas que deben investigar cientos de expedientes y realizar pruebas de ADN, que se llevan semanas y semanas. En esta nueva tragedia, hay casos registrados de estudiantes, profesionistas, médicos, amas de casa, turistas y familias enteras que desaparecieron. Por el momento, la Procuraduría General de la República ha asumido el compromiso de utilizar un sistema de ADN para tratar de encontrar pistas en algunos de los predios utilizados por la mafia del narcotráfico.
Las recientes capturas de los narcotraficantes que operaban en los estados de la península de Baja California provocó la esperanza de encontrar a los desaparecidos. Los familiares se movilizaron entre las instituciones estatales y federales, cuando elementos federales y de las Fuerzas Armadas arrestaron a Teodoro García Simental, El Teo; a José Manuel García Simental, El Chiquilín, y a Raydel López Uriarte, El Muletas. Antes, lo habían hecho con la detención en enero de 2009 de Santiago Meza López, El Pozolero, pero nada ha ocurrido. Sencillamente, las pesquisas no han dado ninguna pista firme sobre el paradero de cientos de personas desaparecidas.
Los peritajes de las autoridades estatales no han servido de mucho: los encargados de las pesquisas no han encontrado restos óseos en las fincas donde El Pozolero confesó haber desintegrado con ácido más de 300 cuerpos. “No hasta ahora no, no hemos encontrado nada. Sin embargo, se siguen haciendo este tipo de ejercicios, invitamos constantemente a esas autoridades norteamericanas para que hagan pruebas de todo tipo”, argumentó el procurador de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez.
¿Qué ha ocurrido hasta el momento? ¿Qué han hecho las autoridades estatales y federales? ¿Cómo se han movilizado los familiares de los desaparecidos? La Procuraduría de Baja California no ha dado muestras de avanzar, con su fiscalía especializada, en el esclarecimiento de los casos. Los padres de familia han enviado al gobierno federal decenas de fotografías de los desaparecidos para que las autoridades las muestren a los narcotraficantes detenidos, que no han aportado datos ni han mostrado ninguna voluntad para colaborar con las investigaciones. No están obligados a hacerlo, según el procurador estatal.
Los familiares de las personas desaparecidas entre 2007 y 2008 en Tijuana, Ensenada, Tecate y Mexicali han recurrido también a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la SIEDO, para presentar decenas de casos documentados de personas desaparecidas. Esa oficina de la PGR les ha dado la esperanza de realizar peritajes para tratar de encontrar huellas de las personas.
Por ahora, las familias de Baja California han decidido realizar movilizaciones todos los viernes en la ciudad de Tijuana, en una suerte de seguimos a la espera de justicia, en una expresión de exigencia para que las autoridades locales y federales hagan su trabajo.
La guerra de los cárteles de la droga por el control de los territorios está dejando una estela de muertos en el país y un nuevo fenómeno que en el pasado se achacaba a las instituciones de seguridad nacional: cientos de personas desaparecidas. Los gobiernos estatal y federal deben atender a los familiares de las personas que no han vuelto a casa. Ellos no quieren que en el futuro se establezcan fiscalías del pasado; hoy buscan noticias de sus hijos.
Twitter @ddaaponte
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