El estado de Veracruz no sólo acaba de convertirse en el número 17 en criminalizar desde su Constitución Política a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, sino además el Congreso veracruzano aprobó enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para “proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural” y con ello no sólo complacer a los sectores más conservadores del país, sino condenar a las mujeres mexicanas más desprotegidas a la muerte o a la cárcel.
Con diferencias en sus aplicaciones en los códigos penales de cada uno de esos estados, los legisladores que a partir de octubre de 2008 han venido votando a favor de estas reformas no abordaron el tema desde el punto de vista de salud pública o de respeto a los derechos individuales de las mujeres -datos de la Secretaría de Salud revelan que cada año casi 150 mil mujeres buscan tratamiento en los hospitales públicos por complicaciones causadas por abortos mal practicados-, sino con la única lógica que hoy los mueve y conmueve: la electoral.
En su afán por expandir rápido y contundentemente las agresiones contra las mujeres obligándolas a una maternidad no decidida, estados como Jalisco y Guanajuato incluyen la penalización cuando el embarazo es producto de violación, o como Colima, Guanajuato o Sonora que castigarán cualquier medida posterior a las 12 horas de llevado a cabo el acto sexual, cancelando con ello la posibilidad del uso de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE), aún en contra de la NOM 005.
Se habla de mujeres encarceladas en Puebla y Guanajuato. Está el caso de Zac-Nicté Pool Mayorga encarcelada en Quintana Roo por un aborto natural. Sin embargo, no es posible llevar un registro de cuántas y dónde están las mujeres encarceladas por interrumpir su embarazo, porque son indiciadas por homicidio, no por aborto. ¿Eso quieren la iglesia católica, el PRI y el PAN: llenar las cárceles con mujeres desesperadas y no por delincuentes?
Como está pasando con tantos otros movimientos ciudadanos, las personas que quisieron participar y debatir durante la construcción de estas decisiones, fueron absolutamente ignoradas. Datos duros, argumentos científicos, recomendaciones jurídicas han servido para lo mismo que las evidencias de que las más perjudicadas con estas decisiones serán las mujeres de menos recursos económicos y sus familias; que estará multiplicándose la violencia intrafamiliar con la crianza de niños no deseados o, incluso se incrementará la cantidad de menores abandonados. Toda esta información, así como las demandas y manifestaciones de SUS representad@s les sirvieron exactamente para NADA a tanta diputada y diputado de 17 estados del país.
El PRD, como en casi todos los demás asuntos de interés nacional, está ausente, no ha dado cauce a sus banderas y alianzas más representativas. El PAN está siendo congruente con su posición histórica. El PRI, con su oportunismo tradicional. Esta es la oferta política del PRI y el PAN para las mujeres y familias mexicanas más vulnerables: muerte o cárcel.
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