Extraño discurso

Pentagrama

Luis M Cruz

1. Extraño discurso.

Conforme a cualquier teoría de liderazgo, un dirigente busca comunicar mensajes para mantener la moral, la identidad y la unidad de la comunidad en que influye y conduce. Conforme a este principio, es hasta cierto punto aceptable que el discurso, en tanto elemento vital para la comunicación política, se constituya en un motivador para la conducta y se tienda a enaltecer los rasgos sobresalientes con la perspectiva del vaso medio lleno.

Pero el discurso, para ser efectivo, requiere tener dos elementos más para lograr su propósito. El primero, poseer una conexión con la realidad de tal manera que no propicie el engaño o el divorcio con la misma. El segundo, ser ejemplar, esto es, actuar conforme a lo que se dice, con lo que el liderazgo, además de ser eficaz, quiere ser imitado y posee fuerza moral.

La propaganda, por el contrario, señala que a fuerza de repetición, algo termina por ser aceptado. Es cierto, a fuerza de repetición el alemán Goebbels señalaba que cualquier cosa terminaba siendo verdadera. De esta forma, podría lograr engañarse a todos por algún tiempo, aún cuando la realidad suele encargarse de impedir que se engañe a todos, todo el tiempo.

En este sentido, el discurso presidencial es contradictorio. En algunos momentos parece querer motivar y propiciar el esfuerzo común para enfrentar la adversidad, como si ésta nos azotara así, sin más, y todos debiéramos realizar esfuerzos heroicos como en las películas, para remontarla a cualquier costo. Después del decálogo del 2 de septiembre, cuando resaltó la necesidad de ir a fondo contra los problemas y salir del posibilismo, le ha pedido a la gente que tenga el coraje y los “tamaños” para luchar contra la adversidad y alcanzar los sueños de un mejor futuro, para luego lanzarse a fustigar a los que ganan mucho y no pagan impuestos, sus aliados, quienes lo llevaron al poder, los poderes fácticos y los empresarios, o bien, desata una campaña mediática para desprestigiar a sus pares gobernadores, ellos sí, en esa concepción, los responsables de que las políticas contra la pobreza o el combate a los delincuentes no tenga los resultados espectaculares que la publicidad anuncia todos los días.

La conexión del discurso con la realidad se pierde, porque no existe un ejercicio de autocrítica, algo que permita construir el discurso ejemplar necesario para motivar solidaridad y esfuerzo mayúsculo para soportar la adversidad, asimilar las pérdidas y seguir batallando para salir adelante. Todos los demás se equivocan, así sean premios Nobel o amas de casa, al percibir la crudeza de la crisis y el mal manejo gubernamental ante la misma. ¿O cómo justificar una política social cuyo balance sea la existencia de cada vez más pobres, empezando por seis millones más en situación de pobreza extrema? ¿O que los precios sólo han crecido 6%, cuando todos sienten en su bolsillo alzas superiores al 30%? ¿O que el peso no se devaluó 30%, sino que sólo se ajustó la paridad en ese porcentaje, lo que no tiene por qué afectar el ingreso o el consumo de la población? ¿O que el alza de impuestos propuesta y litigada por el Ejecutivo Federal, es para beneficiar a la población?

Tan simple como esto: el discurso gubernamental y la publicidad insisten goebbelianamente en que la existencia de la Compañía de Luz y Fuerza implicaba que cada familia debía pagar mil 500 pesos más, aunque ya hubiese pagado la luz o ni siquiera la tuviera, “sólo para mantener a la compañía”. Pero el supuesto contrario tampoco existe, que sería que, al no requerirse los 40 mil millones de pesos desperdiciados con la CLyFC, entonces cada familia dispondría de esos mil 500 pesos adicionales en sus ingresos, por la vía, quizá, de menores impuestos o mejores políticas. Pero esto no es así, la realidad indica que, independientemente de lo que se hizo al extinguir la CLyFC, los mexicanos pagaremos en promedio, 700 pesos más de impuestos por cada 10 mil pesos de ingreso.

Quizá por ello el discurso presidencial seguirá diciendo una cosa y la población, sintiendo otra. Lo sucedido en el nuevo Estadio Modelo de Torreón hace una semana podría ser sólo un síntoma.

1. Ni The Economist, ni la OCDE, ni los premios Nobel saben nada.

Para la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, el club de las 20 economías más ricas del mundo), la caída del PIB mexicano rondará el -8%, cuando el promedio de los países que lo integran es de -3.5%, lo que ubica a México en el último lugar de la tabla.

La revista The Economist sostiene un similar análisis, si bien reconoce el excepcional marco de maniobra con el que el país ha contado a un altísimo costo para la población, como también subraya su principal vulnerabilidad, que es la excesiva dependencia de la economía norteamericana y la notoria falta de competitividad.

Varios premios Nobel en visita en nuestro país, el último de ellos el de 2001, Joseph Stiglitz, quien todavía cree en las fortalezas nacionales más que en la inevitabilidad de la globalización, han cuestionado la conducción económica del gobierno mexicano ante la crisis, que ha acentuado la defensa de las variables macroeconómicas y la salud de las finanzas públicas, en demérito del apoyo a los consumidores, a las empresas y a los contribuyentes, quienes son, en última instancia, los verdaderos dinamizadores de una economía.

Cualquiera de estas opiniones, se dice una y otra vez en las altas esferas gubernamentales, no cuenta porque, o no saben nada, o no conocen bien el país. El secretario Carstens ha llegado a decir que no obstante varios de ellos fueron sus maestros en la Universidad de Chicago, de México no sabían lo suficiente y no estaban calificados para opinar. De las instituciones internacionales, el gobierno mexicano ha llegado a fustigar la credibilidad de sus indicadores, no obstante que se acoge a ellas cuando le conviene, como fue el caso del reporte del Indice de Desarrollo Humano correspondiente al año 2006 que reflejaba algún repunte para el caso mexicano, pero no atiende al mismo indicador de los años 2007 y 2008, los cuales van en el inevitable declive aparejado a una caída tan profunda como la que la economía ha vivido en los tres últimos años.

De la conjunción de datos, es posible afirmar que todo el mundo no puede estar equivocado. Que el gobierno mexicano no va a poder engañar a todos todo el tiempo, porque la realidad es tangible, es evidente y es perceptible: hay millones de desempleados, los precios están en un nivel inalcanzable, las famosas “políticas contracíclicas” sólo se aplicaron en el papel y no obstante ello, el gobierno mexicano propuso y logró sacar en el Congreso, un alza de impuestos para seguir gastando igual de mal que lo ha hecho hasta ahora. No puede ser que la medida de éxito sea que hemos caído -8%, pero podríamos haber caído más. ¿Y los que cayeron menos? ¿Brasil, que habrá de lograr un 0.3%, valor positivo? ¿China, que “sólo” creció 7%? ¿La India, “sólo” 2%?

Dada la profundidad de la caída mexicana, dice la OCDE, la recuperación económica en México será perceptible hacia el año 2012, cuando los indicadores retornen al nivel que tenían antes de la crisis, o sea, 2006, aún cuando la economía lograra un crecimiento del 2.7% en 2010 y 3.9 en 2011, con lo que el crecimiento neto del sexenio del Presidente Calderón podría ser… cero. Algo así es lo que puede explicar el malhumor presidencial. Podría ser la peor gestión gubernamental mexicana desde la Gran Depresión.

1. Los gobiernos estatales, los nuevos “malos” de la película.

En esta búsqueda constante de responsables de los malos resultados ante la crisis, la propaganda ha encontrado nuevos villanos. Estos son los gobernadores, quienes son opacos, corruptos, venales, despilfarradores y una larga cadena de etcéteras por los cuales los pobres, que han crecido, viven en las entidades; los delincuentes, que bañan de sangre todos los días las calles de los pueblos y ciudades del interior, también actúan en las entidades, y las carencias, que azotan a la población, también se originan en los estados de la República.

En esta nueva estrategia del eje PAN-Gobierno, los gobernadores son los nuevos “señores feudales” que viven de gorra de la Federación. La Federación, cuyo asiento está en la ciudad de México, se le percibe como el gobierno central y como si no tuviera cuerpo, es transparente, desde hace años rinde cuentas y sabe gastar tan bien como ninguno otro. Está empeñada en el combate frontal a la alta delincuencia, no va a permitir que los pobres mueran de hambre y cuidará celosamente hasta el último peso que extraiga del bolsillo de los mexicanos.

En la película presupuestal, a los Estados se le asignaron 423 mil 222 millones de pesos en el rubro de Aportaciones a los Estados y Municipios, y 453 mil 612 millones como Participaciones a Estados y Municipios. La primera partida sirve para sufragar las políticas federalizadas, como educación y salud, en tanto que la segunda son transferencias para los programas a cargo de los gobiernos estatales, incluida seguridad pública, obra pública, carreteras, etc. En total, ambas partidas constituyen si acaso el 28% del total de recursos del presupuesto de egresos de la federación para 2010, esto es, más o menos uno de cada cuatro pesos, no obstante que el 80% de la riqueza nacional y el 90% de la población trabaja y reside, precisamente, en los Estados de la República.

Es por ello que el esquema actual de planeación y presupuestación ha llegado a sus límites. No es posible pensar que si la población reside en las entidades, la riqueza se genera allá y los problemas e inseguridad se padezcan allá, el gobierno federal cuestione la dotación y el ejercicio de los recursos a las entidades, reservándose la parte del león.

Todos deben sujetarse a la transparencia y a la rendición de cuentas. Tan malo es el subejercicio del gobierno federal, como el derroche en plazas de la alta burocracia o la pésima gestión de educación pública, secuestrada por el intocable SNTE, como lo es el menor desarrollo político de las entidades. Un nuevo federalismo habrá de requerir, sobre todo, la revisión de las facultades y potestades de los estados, los municipios y el gobierno central, así como también de las reglas de coordinación fiscal. La reciprocidad, una estrategia común y la compensación de asimetrías son la base de todo federalismo. Un choque de suspicacias entre las entidades y el gobierno central es lo último que le puede convenir al país.

1. Las ternas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De manera un tanto sorpresiva, quizá por la inminencia del cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso, el Presidente de la República envió al Senado las dos ternas para sustituir a sendos magistrados de la Suprema Corte de la Nación, mismos que terminarán su ministerio el día último de este mes.

En los perfiles enviados, no hay nombres sobresalientes. Ni ex presidentes de la CNDH, ni ex procuradores o miembros de las barras de abogados. Quizá el método de postulación ha motivado un sobrio perfil en las dos ternas.

Para sustituir al magistrado Mariano Azuela, el Ejecutivo Federal propone una terna que premia el desempeño en la carrera judicial, pues los tres nombres propuestos provienen de la administración de justicia y son considerados por ello, de línea conservadora. Luis María Aguilar es miembro del Consejo de la Judicatura Federal desde hace cinco años, ha sido magistrado de circuido y oficial mayor de la Corte, con otros cargos judiciales primordialmente en el Distrito Federal. Sería algo así como el candidato del statu quo de la Suprema Corte. En esta terna figura también la magistrada María Luisa Martínez Delgadillo, quien actualmente se desempeña en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito en Nuevo León, y quien ha tenido carrera judicial y académica en San Luis Potosí, su entidad de origen. Completa la terna el magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien actualmente es magistrado de circuito del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con carrera primordialmente en el Distrito Federal y el Estado de México.

Para sustituir al magistrado Genaro Góngora Pimentel, el jefe del Ejecutivo propuso un trío de académicos, todos ellos eminentes juristas y abogados, dos de ellos expertos constitucionalistas con tendencia liberal, si es que pudiera haber liberales en el derecho mexicano. Integra la terna, el jurista Jorge Adame Goddard, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en derecho civil y mercantil, y catedrático actualmente frente a grupo tanto en la UNAM como en la Universidad Panamericana. Figura en la terna, el catedrático Eduardo Ferrer McGregor, también integrante del IIJ/UNAM, especialista en derecho constitucional y derecho procesal, y académico de la Facultad de Derecho en los niveles licenciatura y posgrado. Redondea la trilogía el abogado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, egresado de la Escuela Libre de Derecho, el alma máter del presidente Calderón –¿eso querrá decir algo?–, y es especialista en derecho constitucional y derecho procesal constitucional, con un doctorado realizado en la UNAM.

Interesantes perfiles, con un aire de externalidad al oxidado ambiente actual de la Corte, siendo, digamos, una terna de carrera judicial, y otra terna de corte académico. Le van a sufrir los senadores para, primero, aceptar las ternas, lo que sucede mediante dictamen, y, segundo, elegir en el pleno mediante cédula, al más idóneo. En el escrutinio público y las comparecencias habrán de surgir filias y fobias, que para eso es el proceso público y político al que se someten los nombramientos.

1. Propuestas de reforma política de Jurídicas de la UNAM.

Por solicitud del Instituto “Belisario Domínguez” del Senado de la República, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó un amplio estudio sobre “la reforma del Estado: propuesta para la actualización de las relaciones entre poderes del sistema Presidencial Mexicano”, que deberá entregarse formalmente en los próximos días.

Conforme a lo trascendido en los medios, es posible ver un ambicioso proyecto de reforma, que de acometerse, tomaría al menos tres legislaturas, esto es, como nueve años, para completarse.

Las propuestas parten, por supuesto, de un diagnóstico que evalúa las fortalezas y debilidades del sistema político y la división y complementariedad entre los poderes y niveles de gobierno. El supuesto tras las propuestas, es que la reforma política tiene que acompañar y trascender a las reformas económicas y sociales también en ciernes.

Se percibe que habrá de ser un amplio documento, referente para muchas otras discusiones y espejo en el que podrán mirarse otras agendas. Relevante es también que se suma a lo que podría ser un ciclo de debate y de acuerdos, en la última ventana de oportunidad para el país, previo al inicio real de la contienda por la sucesión presidencial, que habrá de ocurrir en algo así como un año –por el momento, todos los lances son mediáticos, si bien en los partidos ya se viven procesos políticos para formar precandidaturas.

El trabajo del IIJ/UNAM, en el que participaron 16 sólidos investigadores, como Miguel Carbonell, Diego Valadéz, John Ackermann, Jorge Carpizo, Sergio García Ramírez, Francisco José Paoli Bolio, Héctor Fix Zamudio, Daniel Barceló, Cecilia Mora Donato, entre otros, propone la reorganización del Estado y un nuevo equilibrio entre los poderes que lo integran. Nada que ver con la postura más extrema que ha asumido el rector, José Narro Robles, quien ha llamado a una refundación de la República. La postura de Jurídicas de la UNAM subraya la pertinencia de fortalecer la Presidencia de la República con facultades expresas para relacionarse con el Congreso mediante una división de poderes funcional.

Para ello, sería posible incorporar el derecho de voz del Ejecutivo y los demás miembros del Gabinete en ambas cámaras del Congreso, la creación de una Secretaría del Interior con la actual Segob y la SSP; normar la prelación en caso de ausencia absoluta del titular del Ejecutivo (por ejemplo, por muerte); la posibilidad de establecer una coalición de gobierno para gobernar; ante lo cual, el estudio rechaza la posibilidad de una segunda vuelta en la elección presidencial al considerar que forma mayorías artificiales y no resuelve la construcción de una mayoría en el Legislativo.

En el ámbito del Estado –y quizá la figura más exótica de todas–, propone la creación de un Consejo de Estado, que garantice la regularidad constitucional y transitoriamente supla omisiones del legislativo, que se integraría por ex presidentes de la República, ex presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, ex gobernadores, ministros en retiro de la SCJN, ex rectores de la UNAM y ex directores del Banxico.

En el ámbito del Congreso, el estudio propone la reelección legislativa hasta por 12 años en total, la aprobación por mayoría simple de los integrantes del Gabinete presidencial, legal y ampliado, la sujeción a juicio político al titular del Ejecutivo Federal y su remoción por violaciones graves a la Constitución, el establecimiento de la facultad de rectificación al Ejecutivo ante resultados negativos, negligencia o falta de probidad en algún programa de gobierno y la ampliación del periodo de trabajo legislativo a 11 meses en dos periodos ordinarios similares de cinco meses y medio cada uno.

Para la procuración de justicia, el IIJ/UNAM propone establecer la Fiscalía General del Estado encargado del ejercicio de la acción penal, y un Ministerio Público, como órgano de representación social en los procesos judiciales.

Para vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos, la propuesta es transformar a la Auditoría Superior de la Federación en un órgano constitucional autónomo y colegiado, con cinco “auditores mayores”, con plenas capacidades y funciones ex ante, durante y ex post al ejercicio de los recursos.

Indudablemente, son muchas propuestas para digerirlas así, tan de repente. Habrá que ir bordando en torno a ellas, habrá que ir viendo de qué manera se transita de los “qué cambiar”, a los “cómo cambiar”, que es donde suele extraviarse la parsimonia.