Sergio Aguayo
Las elecciones se cierran, huele a conflicto y renace la discusión sobre la santidad de los árbitros electorales.
El 7 de junio el presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, leyó un comunicado a nombre de todos los consejeros. Es un mensaje hiperoptimista: hemos disfrutado de una "competencia intensa, abierta, equilibrada y bajo reglas conocidas y avaladas por todos los contendientes" y vamos a las "urnas con plena libertad". Nada mancha el rosa virginal de un texto que no aborda aspectos tan desagradables como la compra y coacción del voto o la presencia del crimen organizado.
Omisiones incomprensibles porque en marzo Valdés Zurita reconoció en Querétaro que "la compra y coacción del voto sigue siendo un problema que debe de atenderse", aunque no dio cifras. El 16 de mayo el consejero Alfredo Figueroa fue preciso: 3 mil 940 secciones electorales están ubicadas en "zonas de alta inseguridad pública"; afecta a más de 5 millones de electores.
¿Se contaminará el 1o. de julio? Depende de la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Con 14 puntos se olvidan las irregularidades; una elección cerrada es otro escenario. Este martes 12 de junio el Observatorio Universitario Electoral, integrado por académicos de la UNAM, la UAM y El Colegio de México, presentó una encuesta nacional levantada en 3 mil 480 domicilios de 600 secciones electorales. Según este sondeo -muy superior en representatividad-, realizado en la primera semana de junio por Berumen y Asociados, Josefina tiene 17.9%; AMLO, 27.3% y EPN, 33.4%. La pelea es entre dos con una diferencia de seis puntos y una décima.
Si el debate no revirtió las tendencias, Peña Nieto y López Obrador podrían emparejarse antes del "Día D". Eso desencadenaría la compra y coacción que ha florecido con la alternancia. Alianza Cívica la monitorea desde 1994. Aunque los universos empleados en cada elección son diferentes, la curva es clarísima: en la federal de 2003, 3% de los electores lo padecieron; en 2006, 7%; y en 2009, 27.7%.
Todos los partidos le entran al regalo o la presión. Lo hacen porque tienen más dinero (campañas cortas y spots gratis), porque la cultura ciudadana es laxa con la corrupción (para el pobre el voto es ingreso extra) y por esa impunidad permitida por árbitros con escaso compromiso (el caso de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade, y del Tribunal Electoral lo abordaré en otro texto). En los últimos años aparece una imposición más siniestra. En Michoacán, en 2011, el crimen organizado obligó por la fuerza a comunidades a dar su voto a quienes ellos decían.
El próximo 1o. de julio, ¿qué porcentaje de la ciudadanía venderá su voto o lo emitirá bajo amenazas? No lo sé, pero el problema existe y como por todos lados aparecen testimonios, uno de los candidatos, AMLO, sacó a pasear la incómoda "f" de fraude. De inmediato surgió el coro condenatorio y reapareció la adoración de los árbitros electorales. Algunos lo hacen con maña, otros, como María Elena Morera de Causa en Común, le preguntan de buena fe a López Obrador si firmaría un compromiso para respetar las reglas, el árbitro y los resultados.
El planteamiento contiene el error, bastante frecuente por cierto, de confundir jerarquía con autoridad. No puede venerarse a quien tiene un cargo si no cumple con su tarea. El IFE es muy buen organizador de elecciones, pero ¿qué tanto ha hecho para darnos certidumbre democrática frenando, por ejemplo, la compra y coacción del voto? Entiendo que la Fepade es la institución responsable de investigar esa violación de la ley, pero hubiera ayudado que el IFE hiciera o auspiciara una investigación que nos permitiera tener ahora un mapa de la irregularidad. No lo ha hecho.
En las elecciones de 2009 el IFE financió, por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una investigación de Alianza Cívica sobre compra y coacción. El organismo civil encontró que los tres distritos con mayor incidencia en las entidades investigadas son mexiquenses: Valle de Chalco con más 56.8%, Toluca con 42.3% y Ecatepec con 38%. El IFE ignoró el hallazgo y desconocemos lo que pasará en la tierra de Peña Nieto. Quienes ahora invocan la santidad de los árbitros electorales deberían considerar el historial del presunto beato.
El 1o. de julio se llena de nubarrones. Ese día todos los partidos y sus patrocinadores echarán el resto de su fuerza y recursos y buscarán comprar votos o torcerán el brazo a los votantes enturbiando la limpieza de los comicios. Generalmente se piensa en la izquierda como la promotora de la protesta pero ¿qué haría el PRI de Peña Nieto si queda a 0.56 décimas de López Obrador? Ya veremos de qué están hechos los árbitros, pero algo anda mal cuando el IFE se unifica en torno a un relato color rosa virginal. Las elecciones no son baile de quinceañera.
Las elecciones se cierran, huele a conflicto y renace la discusión sobre la santidad de los árbitros electorales.
El 7 de junio el presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, leyó un comunicado a nombre de todos los consejeros. Es un mensaje hiperoptimista: hemos disfrutado de una "competencia intensa, abierta, equilibrada y bajo reglas conocidas y avaladas por todos los contendientes" y vamos a las "urnas con plena libertad". Nada mancha el rosa virginal de un texto que no aborda aspectos tan desagradables como la compra y coacción del voto o la presencia del crimen organizado.
Omisiones incomprensibles porque en marzo Valdés Zurita reconoció en Querétaro que "la compra y coacción del voto sigue siendo un problema que debe de atenderse", aunque no dio cifras. El 16 de mayo el consejero Alfredo Figueroa fue preciso: 3 mil 940 secciones electorales están ubicadas en "zonas de alta inseguridad pública"; afecta a más de 5 millones de electores.
¿Se contaminará el 1o. de julio? Depende de la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Con 14 puntos se olvidan las irregularidades; una elección cerrada es otro escenario. Este martes 12 de junio el Observatorio Universitario Electoral, integrado por académicos de la UNAM, la UAM y El Colegio de México, presentó una encuesta nacional levantada en 3 mil 480 domicilios de 600 secciones electorales. Según este sondeo -muy superior en representatividad-, realizado en la primera semana de junio por Berumen y Asociados, Josefina tiene 17.9%; AMLO, 27.3% y EPN, 33.4%. La pelea es entre dos con una diferencia de seis puntos y una décima.
Si el debate no revirtió las tendencias, Peña Nieto y López Obrador podrían emparejarse antes del "Día D". Eso desencadenaría la compra y coacción que ha florecido con la alternancia. Alianza Cívica la monitorea desde 1994. Aunque los universos empleados en cada elección son diferentes, la curva es clarísima: en la federal de 2003, 3% de los electores lo padecieron; en 2006, 7%; y en 2009, 27.7%.
Todos los partidos le entran al regalo o la presión. Lo hacen porque tienen más dinero (campañas cortas y spots gratis), porque la cultura ciudadana es laxa con la corrupción (para el pobre el voto es ingreso extra) y por esa impunidad permitida por árbitros con escaso compromiso (el caso de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade, y del Tribunal Electoral lo abordaré en otro texto). En los últimos años aparece una imposición más siniestra. En Michoacán, en 2011, el crimen organizado obligó por la fuerza a comunidades a dar su voto a quienes ellos decían.
El próximo 1o. de julio, ¿qué porcentaje de la ciudadanía venderá su voto o lo emitirá bajo amenazas? No lo sé, pero el problema existe y como por todos lados aparecen testimonios, uno de los candidatos, AMLO, sacó a pasear la incómoda "f" de fraude. De inmediato surgió el coro condenatorio y reapareció la adoración de los árbitros electorales. Algunos lo hacen con maña, otros, como María Elena Morera de Causa en Común, le preguntan de buena fe a López Obrador si firmaría un compromiso para respetar las reglas, el árbitro y los resultados.
El planteamiento contiene el error, bastante frecuente por cierto, de confundir jerarquía con autoridad. No puede venerarse a quien tiene un cargo si no cumple con su tarea. El IFE es muy buen organizador de elecciones, pero ¿qué tanto ha hecho para darnos certidumbre democrática frenando, por ejemplo, la compra y coacción del voto? Entiendo que la Fepade es la institución responsable de investigar esa violación de la ley, pero hubiera ayudado que el IFE hiciera o auspiciara una investigación que nos permitiera tener ahora un mapa de la irregularidad. No lo ha hecho.
En las elecciones de 2009 el IFE financió, por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una investigación de Alianza Cívica sobre compra y coacción. El organismo civil encontró que los tres distritos con mayor incidencia en las entidades investigadas son mexiquenses: Valle de Chalco con más 56.8%, Toluca con 42.3% y Ecatepec con 38%. El IFE ignoró el hallazgo y desconocemos lo que pasará en la tierra de Peña Nieto. Quienes ahora invocan la santidad de los árbitros electorales deberían considerar el historial del presunto beato.
El 1o. de julio se llena de nubarrones. Ese día todos los partidos y sus patrocinadores echarán el resto de su fuerza y recursos y buscarán comprar votos o torcerán el brazo a los votantes enturbiando la limpieza de los comicios. Generalmente se piensa en la izquierda como la promotora de la protesta pero ¿qué haría el PRI de Peña Nieto si queda a 0.56 décimas de López Obrador? Ya veremos de qué están hechos los árbitros, pero algo anda mal cuando el IFE se unifica en torno a un relato color rosa virginal. Las elecciones no son baile de quinceañera.
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