lunes, 26 de marzo de 2012

Hora de irse, don Genaro - Jacobo Zabludovsky

Bucareli

La televisión actualizó pantomimas inolvidables de la literatura universal. La persecución de presuntos delincuentes y la impartición de presunta justicia aparecen en las obras de escritores geniales, antecesores de quienes, seguramente por modestia, evaden la gloria de haber creado la telecomedia más rutilante en la historia del derecho procesal mexicano.

No es nuestra intención poner en duda el talento de los creadores aborígenes capaces de voltear de cabeza la balanza de la ley, ni mucho menos desperdiciar esta ocasión excepcional de exhibir ante el mundo la imaginación de nuestros compatriotas, colocándolos sin menoscabo entre los genios famosos a los que la fama califica de inmortales.

La telenovela de Florence Cassez no tiene desperdicio, es una pieza perfecta, digna de compararse sin desdoro y aun con ventaja a intentos de aficionados como Shakespeare, para no malbaratar espacio en autores de segunda, no venidos al caso. Las trampas en los juicios de la literatura son tan numerosas como las maneras de concebirlas.

Encuentro en ella la perfección del entramado donde Shylock halló la humillación y probó la amargura del artificio modelado por los poderosos. El creador de nuestra farsa electrónica coincide con El Mercader de Venecia en múltiples actos de falsedad como el ensayo, impostura, simulación y adaptación de una puesta en escena para engañar a los jueces y de paso al respetable público. Cuando Shylock exige el pago de la deuda, Porcia se disfraza de sabio doctor en leyes de Padua y tan bien están su maquillaje y su alegato de abogado que el Dux condena al prestamista a perder parte de su fortuna a favor de Antonio, el mercader avalador que da nombre al drama. La víctima y no el culpable recibe el castigo. Una mentira teatral desvía el procedimiento jurídico. ¿Le dice eso algo nuevo?

En la histórica sesión del jueves, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en suspenso la resolución de amparo a Florence Cassez al no lograr mayoría el proyecto, a mi juicio impecable, del ministro Arturo Zaldívar. Se pospone la solución del problema y se echa tierra a la culpa de quienes lo crearon: los inventores de la función televisada de una captura, una liberación de secuestrados, un “éxito” de los noticieros y una demostración estelar de eficiencia policiaca. Ésa es la consecuencia inmediata de la sesión: la prolongación temporal de la impunidad de quienes han puesto a la justicia mexicana en la lona y al prestigio de México en el ridículo mundial. Se asignó el caso a la confiable ministra Olga Sánchez Cordero para elaborar un nuevo proyecto de dictamen. El tiempo que corre favorece los propósitos de quienes tarde o temprano deberán responder por parir este enredo desastroso.

El presidente Felipe Calderón trató, la víspera, de orientar la sesión a ignorar la maquinación televisada, tema fundamental de la litis, que en el lenguaje clásico forense define el asunto en controversia, como sabe, por poco que sepa, cualquier abogado. Poco tardó en escuchar, en vivo y en directo el magistral regaño en forma de cátedra de derecho constitucional pronunciado por el ministro Juan Silva Meza, presidente de la SCJN, en la ceremonia por los 206 años del nacimiento de Benito Juárez. Se exige que el nuestro, dijo el ministro Silva, “sea un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad, justicia basada en instituciones y procesos que hagan que sea justicia de verdad”. Los jueces, dijo, debemos corregir “las desviaciones y los abusos del poder”. “Los jueces sólo deben sumisión a la Constitución, respetemos la división de poderes”, sentenció el ministro Silva Meza. La lección terminó: “Lo civilizado y lo correcto es construir un Estado ético, limpio y justo, que no viole los derechos humanos de nadie”.

Persiste la duda sobre la culpabilidad de Cassez, pero no sobre la autoría de un engaño a millones de mexicanos, cometido por funcionarios federales en cadena nacional de televisión. La falta de probidad, ¿no es causa suficiente para que un empleado oficial deje de serlo, a reserva de la obligada llamada a cuentas ante una autoridad superior? Las consecuencias de su conducta han sido catastróficas, no puede fingir indiferencia.

La causa sospechosa del engendro está por averiguarse, pero es inaplazable la decisión de retirar de sus funciones a quien, encargado de la seguridad ciudadana en un país convulso y ensangrentado, ha perdido su credibilidad y nuestra confianza. Renato inolvidable: “Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y retirarse a tiempo”.

Es hora de irse, don Genaro García Luna.