El 30 de marzo inician las campañas para renovar los poderes federales. Se regularon las precampañas, con topes al financiamiento, para evitar la compra de candidaturas antes de las campañas, como lo hizo Fox con sus amigos, aunque no se reglamentó adecuadamente la prohibición constitucional de comprar propaganda en las televisoras, lo que facilitó construir un candidato mediático antes de las precampañas.
Sucesivas reformas electorales han buscado asegurar un proceso auténticamente democrático, la repetición del 2006 que deslegitimó al Ejecutivo, no lo resistiría la nación. Severos desafíos nos aguardan, por lo que es recomendable conocer el análisis realizado por la ONU y la OEA, publicado este año por el Fondo de Cultura Económica, titulado Política, dinero y poder. Reseñamos aspectos destacados, contrastables con nuestra experiencia y perspectivas.
El dinero influye en la política, particularmente en nuestra región con la más desigual distribución de la riqueza y la mayor concentración del poder de disposición de los recursos públicos en el presidente y, diríamos, en los gobernadores.
Cuando los intereses que representa el dinero pesan más que la voluntad popular, se violenta la legitimidad y cuando un gobierno pierde legitimidad, pierde tarde o temprano autoridad, porque se pierde la confianza social al percibirse que quienes gobiernan acceden al poder por ventajas ilegítimas, para servir a los intereses que los financiaron, en lugar de cumplir el mandato electoral de quienes votaron por ellos.
Tres son las formas de la legitimidad del poder que se describen: la de origen, elecciones; la de ejercicio, el modo en que se toman las decisiones para formular las políticas públicas; la de finalidad, la capacidad para garantizar, materializar y ampliar los derechos de los ciudadanos: políticos, civiles y sociales.
El dominio del dinero hace inequitativa la lucha electoral, se impone a la voluntad popular y anula la legitimidad de origen. Si se cuestiona el cómo un equipo llegó al gobierno, la forma en la que actuaron funcionarios y legisladores atribuyéndose facultades que no les corresponden, violando el Estado de derecho, se anula la legitimidad de ejercicio y si los resultados de su acción no lograron avance en el bienestar de la población, se pierde la legitimidad de finalidad.
Es evidente que las decisiones de los gobernantes se comprometen con quienes financiaron la campaña, impidiendo la redistribución del ingreso, la reducción de privilegios, perpetuándose la concentración del dinero y del poder. El dinero influye en la definición de las plataformas de los partidos y los candidatos, los donativos desvían el interés del bienestar de los ciudadanos porque los elegidos atienden los intereses de los donantes.
El estudio urge la promoción del conocimiento público del tema, la necesidad de fortalecer los mecanismos de monitoreo del dinero en las campañas y la aplicación real de sanciones. Describe la proliferación de normas para regular el financiamiento, pero reconoce una enorme brecha entre la ley y la realidad, suponer que las normas resuelven el problema es ilusorio. Tratamiento especial recibe la relación entre el dinero y los medios de comunicación por su peligrosa concentración en unas cuantas manos, siendo el instrumento de proselitismo por excelencia.
Resulta trascendente el epílogo: “Si las mayorías sociales no logran consolidarse como mayorías políticas, la democracia perderá credibilidad y legitimidad y así los poderosos intereses minoritarios, los que minan la confianza social en la democracia, distorsionando elecciones y políticas públicas, tendrán el camino abierto para atacar cualquier sistema que proponga la igualdad de oportunidades y el bienestar de las sociedades”. Evitarlo es la lucha ciudadana de hoy.
Ex secretario de Estado
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