La impostura se agrieta

Jorge Lara Rivera La impostura se agrieta Tabú en la presente administración federal y opaco en demasía –en los 2 regímenes panistas– es el tema de las finanzas públicas relativas a endeudamiento público, interno y externo, aunque su propaganda (“en el PAN nos gusta elegir, no imponer”, “informar, no ocultar”, “proponer, no engañar”) dándose baños de pureza pregone lo contrario. El afán privatizador por quebrar para malbaratar empresas estratégicas del patrimonio nacional como Pemex y CFE, desmantelar los sistemas de seguridad social y de educación pública que mueve a estos operarios en México del voraz neoliberalismo y el capital extranjero consta en sucesivas propuestas de presupuesto enviadas por el Ejecutivo al H. Congreso año tras año con la pretensión de gravar con IVA alimentos, medicinas y educación, reducir draconianamente los presupuestos del Sistema Nacional de Salud y de la Educación Pública y las Universidades populares a niveles por debajo del mínimo recomendado por la UNESCO, así como crear nuevas cargas impositivas para causantes cautivos mientras el jefe del Ejecutivo condona adeudos fiscales multimillonarios a los privilegiados grupos empresariales más grandes y con mayores ganancias del país en perjuicio de las arcas nacionales y hasta les hace deducibles las colegiaturas elitistas donde se ahondan las diferencias sociales. Eso hace tan evidente lo electorero de que ahora el Ejecutivo ofrezca 2 programas de becas para 1 millón de estudiantes de educación media superior y superior sin exigir más que el 7 “de panzazo” en calificaciones para obtenerlas, en abierta contradicción con las supuestas elevadas metas de la “Alianza por la Calidad en la Educación”. Adicionalmente, justo acaba de divulgarse en la capital que en el Consejo Técnico Consultivo del IMSS, Daniel Karam Toumeh, su actual titular y otrora esbirro del hampón Juan Molinar Horcasitas y quien recién visitó Yucatán para, oportunista, inaugurar una clínica en Caucel y hasta prometió un “acelerador lineal” para tratar el cáncer, propuso el año pasado ¡el despido de 319 mil empleados del Seguro Social (médicos, enfermeras, oficinistas, etc.)! Y recontratación de algunos bajo nuevo esquema, para evitar pagarles jubilación. Tan bajunos objetivos de los vendepatrias en el gobierno están presentes, igual, en triquiñuelas de aberrante ilegalidad, aunque la servil Suprema Corte las avale (como legalizar la autoritaria desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, autorizar contratos de exploración petrolera “con beneficio” a compañías extranjeras, en perjuicio de Pemex; declarar “constitucional” la generación y distribución de electricidad por empresas particulares y foráneas –que corresponde a CFE; permitir reglamentaciones hechas por la Secretaría de Economía al comercio exterior que son facultad reservada al Congreso, así como instaurar contratos de participación pública-privada en infraestructura –carreteras pero igual hospitales y escuelas– y convalidar nombramientos saturados de irregularidades que facilitan transacciones monetarias que comprometen a generaciones y generaciones) permitiendo violar, impunes, a la Constitución de la República y hacer pingües negocios personales, cuyo costo social es la depauperación de 80 de los 112.5 millones de mexicanos y la hambruna que amenaza a la Nación entera. Hay decenas de millones de desempleados, subempleados, autoempleados y en economía informal, jóvenes “ninis” son multitud y es ingente la cantidad de trabajadores migrantes expulsados hacia el extranjero en busca de oportunidades que “la presidencia del empleo” ha sido incapaz de crear. Aunque desde el 2000 la PANdilla alardea de la ¿eficiencia? del “modelo de administración gerencial con valores empresariales” aplicado a la política y administración pública, es evidente que se trata de una enorme impostura. Con jactancia habla de los montos “históricos” de las reservas de divisas internacionales alcanzados, pero se oculta que sirven para pagar el “servicio” e intereses de la Deuda Externa que sigue aumentando; algo semejante, salvada toda proporción, al particular que paga la comisión por manejo de cuenta y los intereses de lo que debe por su tarjeta de crédito y, si bien le va, el mínimo, pero sin amortizar capital o sea: sin bajar la suma que debe. Así, mientras que en 2010 el pasivo del sector público federal (gobierno, organismos públicos, empresas paraestatales y banca de desarrollo) fue 4.2 billones de pesos que equivalía al 30.5% del PIB nacional, ahora se sabe que al fin de diciembre de 2011 la deuda neta del sector público asciende a ¡4.8 billones de pesos! Un lastre del 32.4% del PIB nacional, el peor nivel de la presente administración. En sólo un año el incremento de la deuda fue de 654 mil 756 millones de pesos, 1.9 del valor del PIB. Hacienda misma reconoce que tan escalofriante cifra de resulta de contratar 3 billones 200 mil millones de pesos de crédito en el mercado interno (recursos provenientes de emitir papel de obligaciones, usar el fondo de ahorro SAR y de préstamos de la banca comercial). Asimismo, se origina de pasivos en el exterior que alcanzan la friolera de 113 mil 867 millones de dólares, o sea: 1 billón 537mil 204 millones, 500 mil pesos solicitados a mercados de capitales, organismos financieros internacionales, transacciones de comercio exterior, mercado cambiario y Pidiregas. Y todo para costear el “gasto corriente” (nómina y privilegios de la plaga de alta burocracia federal) y para hacer el cochinito de esta elección, cabe suponer ¡Y se desgarran las vestiduras ante el endeudamiento de los estados (que causaron al escamotearles las “participaciones”)! Aunque en el programa de TV “En Contexto” el cerril tecnócrata José Antonio Meade Kuribreña –todólogo administrador fiscalista al que hasta hicieron titular de Energía– estaba con paleros del Ejecutivo y trató de enmascarar con lenguaje técnico las asimetrías del sistema tributario nacional y justificar la incertidumbre económica del país con supuesta inversión pública en “infraestructura”, no le fue posible diluir el obvio contraste entre el éxito macroeconómico de la plaga de alta burocracia federal y el hambre de los rarámuri. Aunque por supuesto nunca lo dicen, desde 2007 ha venido creciendo la deuda (17.5% del PIB) del sector público federal del país: 21.2% en 2009, 30% en 2009; 30.5% en 2010 y 32.4 del PIB en 2011, por lo que no vale atribuirlo a “la variación del tipo de cambio por dólar” pues la devaluación ocurrió apenas hace un trimestre. ¡Qué desvergüenza!