El Diario
Ojinaga, Juárez, Buenaventura y Chihuahua, son las ciudades que concentran el mayor número de denuncias contra militares por homicidios, desapariciones, violaciones sexuales y tortura, de acuerdo con las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El periodo que registró más agresiones por parte del personal castrense contra la población civil abarcó entre el 2008 y 2009, tras el arranque de la Operación Conjunta Chihuahua, según las resoluciones publicadas en el sitio oficial del órgano derechohumanista (www.cndh.org.mx).
Los procedimientos irregulares empleados en “aras del combate al narcotráfico” son motivo de un debate ante el reclamo de que los procesos contra el personal castrense sean abiertos y las autoridades civiles puedan juzgarlos por sus crímenes y no por un tribunal militar.
En Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, el Ministerio Público declinó la competencia a las autoridades federales al encontrarse suficiente evidencia contra militares como responsables de los delitos de homicidios y desaparición forzada de personas.
El número de carpetas de investigación integradas o en proceso de integración es mayor, según el archivo periodístico, sin embargo, no se pudo conocer la cantidad exacta ya que esta información es desconocida por el fiscal general Carlos Manuel Salas, a quien ayer se le solicitó el dato y dijo ignorarlo.
Fue precisamente la FGE la que dio mayor validez a las actuaciones ilegales cometidas por el Ejército Mexicano. La OCCH arrancó en la zona norte justo cuando entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal y contravino el espíritu de la reforma como el principio de presunción de inocencia y validó la confesión bajo tortura.
La agencia Reforma documentó que un general identificado como Manuel de Jesús Moreno Aviña cometió abusos de manera sistemática entre el 2008 y 2009, cuando estuvo al frente de la Guarnición militar de Ojinaga, Chihuahua, según la acusación de sus propios subalternos.
El general fue quien ordenó el asesinato de al menos siete civiles, de acuerdo con el expediente que obra en poder de la Suprema Corte de Justicia.
Los señalamientos contra la Sedena no son nuevos, aunque si es la primera ocasión que se documentan los nombres de los involucrados y las víctimas.
Un informe interno de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revela que en el 2009 recibió 12 recomendaciones correspondientes a hechos ocurridos en el 2008.
“En los expedientes de queja se encontró que 20 elementos militares se encuentran sujetos a investigación”, menciona el documento firmado por el general Julio Álvarez Arellano, jefe de la unidad de enlace de la Sedena, en respuesta a una solicitud de información.
La jerarquía de los imputados era: un general, dos jefes, cinco oficiales y 12 de tropa.
El personal pertenecía al 33/o Batallón de Infantería; al primer Regimiento de Caballería Mecanizado; al 23 Batallón de Infantería; al 20 Regimiento de Caballería Motorizado, al 96 Batallón de Infantería y al 76 Batallón de Infantería, con sede en Parral, Chihuahua.
Las investigaciones de los hechos delictivos denunciados por las víctimas motivaron la intervención de la Procuraduría de Justicia Militar. Para finales del 2011, una de estas denuncias contra elementos del 76 Batallón de Infantería, el propio personal castrense denunció ante la CNDH el proceder irregular de los oficiales que indagaban precisamente los abusos.
Las agresiones ocurrieron contra tres militares con anuencia de sus superiores, un coronel de infantería, y un teniente coronel de infantería, quienes ocupaban los cargos de comandante y segundo comandante del 76/o. Batallón de Infantería, respectivamente.
Estos crímenes cometidos por la milicia, son precisamente lo que el experto en temas de seguridad nacional y delincuencia organizada, Edgardo Buscaglia, traduce como una guerra del gobierno contra la sociedad y contra las propias instituciones del estado.
En una entrevista a la revista Proceso, Buscaglia planteó que en México “ya hay condiciones para que organismos internacionales actúen y declaren al país en clara emergencia por las serias violaciones al derecho humanitario; además, en el futuro inmediato veo que (Felipe) Calderón entregará un país plagado de muertos, descabezados y con instituciones fragmentadas por los propios grupos criminales.”
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