AGENDA CIUDADANA
Lorenzo Meyer
· La pluralidad de los intereses
El interés de un grupo gobernante no necesariamente es el del conjunto de los gobernados. Y el interés de un país central no tiene que ser también el de los periféricos. Y esto viene al caso porque es necesario decidir si en materia de narcotráfico el interés de Felipe Calderón y del calderonismo coincide con el del resto de la sociedad y también si en este campo el interés de Estados Unidos coincide con el de México.
· El calderonismo
Ya se ha señalado que en 2006 la decisión de Calderón de iniciar en su natal Michoacán una campaña militar y policiaca de gran envergadura contra las estructuras de los cárteles del narcotráfico, que después se extendió hasta abarcar buena parte del país, tuvo una motivación múltiple. Por un lado, enfrentar el reto del crimen organizado pero por otro proyectar una imagen que necesitaba con urgencia: la de un líder fuerte, decidido y temible, al menos para sus adversarios y, finalmente, forjar una fuerte relación con su contraparte norteamericana.
En el inicio, el calderonismo logró mucho de lo que buscaba, pero con el correr del tiempo se le escapó la parte sustantiva: debilitar a los cárteles de la droga y la violencia escaló -entre 2007 y 2011 el número de muertes asociadas a este fenómeno aumentó en 535% (porcentaje basado en las cifras del "Ejecutómetro" de Reforma).
· Relaciones imperiales
Imponer la agenda del fuerte sobre el débil es un hecho tan antiguo como recurrente. Simplificando, la cuestión es ésta: un país dominante define sus prioridades nacionales y luego, de buen grado o por presión, hace que los países de su periferia asuman esa definición de interés como propia. Esto sucedió con la política de prohibir y combatir sustancias cuyo consumo hace un siglo fue declarado inaceptable por Washington y luego presionó para que la comunidad internacional, México incluido, le siguiera en esa prohibición.
La lucha del gobierno norteamericano contra las drogas tuvo tanto razones médicas sólidas como meros prejuicios -la marihuana, se aseguró entonces, inducía a sus consumidores a la violencia y a excesos sexuales. Un proceso bastante arbitrario llevó a tolerar el consumo de alcohol o tabaco pero no el de marihuana, opio, cocaína, anfetaminas, etcétera. Washington impuso sus preferencias, pero el éxito de esa política ha sido relativo, entre otras cosas porque una minoría significativa de sus ciudadanos no aceptó la prohibición. Las cifras nos dicen que en 2009 el 8.7% de los norteamericanos mayores de 12 años consumieron algún tipo de droga (véase: National Center for Health Statistics, Maryland). De acuerdo con un documento publicado en Washington, el consumo per cápita de drogas prohibidas en Estados Unidos es actualmente uno de los más altos del mundo. Por otro lado, el precio en la calle de esas substancias prohibidas ha tendido a disminuir en los mercados norteamericano y europeo, lo que se puede tomar como un indicador de que la producción de drogas no ha disminuido, pues de lo contrario sus precios habrían subido por escasez (Peter Hakim, "Rethinking US drug policy", Diálogo Interamericano y la Beckley Foundation, febrero, 2011, p. 4).
En suma, ni las cifras de la violencia en México ni las del consumo de las drogas prohibidas o sus precios en el mercado han mostrado indicios de que el esfuerzo oficial haya dado resultados. Es verdad que la imagen pública de Felipe Calderón, su aprobación, según las encuestas, fue del 51% al concluir 2011 (Consulta Mitofsky, diciembre, 2011). Sin embargo, debe de tomarse en cuenta que la tendencia histórica de la visión mexicana de sus presidentes ha sido siempre la de aprobarlos mientras estén en su puesto -al concluir su sexenio, la percepción cambia-, lo cual no quiere decir que sus políticas se aprueben. En realidad, sólo el 14% de la ciudadanía consideró que Felipe Calderón ganaría en su enfrentamiento con el crimen organizado (Consulta Mitofsky, diciembre 2011).
· En busca de una salida
A estas alturas ha quedado claro que la política más importante del sexenio calderonista fue la lucha armada contra las organizaciones de narcotraficantes. No tenía necesariamente que haber sido así, pero así fue. Sin embargo, para que ese empeño de Calderón se hubiera convertido en una política relativamente exitosa -el éxito aquí no implica acabar con el narcotráfico sino algo más modesto: disminuir su presencia, su violencia y su control territorial-, hubiera sido necesario un proyecto donde las armas no hubieran sido el instrumento central, casi único, como efectivamente sucedió, sino el fortalecimiento del marco institucional -el de las estructuras policiacas, sobre todo- y el ataque efectivo al lavado de dinero y a su circuito de negocios en la economía formal.
El éxito de la estrategia de Calderón hubiera requerido también un compromiso del gobierno norteamericano igual, en proporción, que el mexicano, uno que fuera mucho más allá de la mera "Iniciativa Mérida". Quizá en otra época y circunstancias Washington hubiera podido ser un factor decisivo en "la guerra contra las drogas" de México, pero no fue el caso. Para las administraciones de George W. Bush y Barack Obama, las prioridades fueron otras: resolver el problema en Irak y Afganistán y, luego, salir de la crisis económica que estalló en 2008. Por eso no hubo interés, recursos, ni apoyo político suficiente para resolver un problema, el de las drogas, que en Estados Unidos pareciera haberse estabilizado y encontrado un sitio secundario en la agenda tanto de ciudadanos como de los políticos profesionales de ese país.
· El único gran apoyo: el burocrático
En México, los actores más comprometidos con la estrategia de Felipe Calderón han sido aquellos que más recursos públicos han recibido: la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército y la Armada. En Estados Unidos la situación es similar. Desde hace mucho y de manera rutinaria, el gobierno norteamericano ha declarado que, en la lucha contra el narcotráfico, la cooperación entre México y Washington siempre ha sido buena. Esta vez quien aparece más entusiasmada es la Drug Enforcement Administration (DEA). Un ejemplo reciente es Michele Leonhart, directora de la agencia antidrogas norteamericana, quien en una entrevista afirmó que hoy la cooperación con México "no tiene precedentes", es la mejor de los últimos 40 años e implica una gama de operaciones encubiertas, siempre con la anuencia de los mexicanos. Es tan optimista la señora Leonhart que aseguró que la cooperación mexicano-americana ya le ha roto el espinazo a los cárteles de la droga (Excélsior, 16 de enero). Este tipo de declaraciones triunfalistas tienen un problema central: su credibilidad, pues los estudios muestran que las drogas siguen llegando a quienes las demandan y "a buen precio".
· ¿Qué hacer?
El calderonismo toca a su fin y el Departamento del Tesoro norteamericano y la revista Forbes aceptan que en ese mismo periodo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se ha convertido en el narcotraficante más poderoso del mundo (http://www.forbes.com/sites/erincarlyle/2012/01/11/el-chapo-named-worlds-most-powerful-drug-trafficker/). Este hecho resume la naturaleza actual del problema del crimen organizado en México.
Las autoridades al sur y norte del Río Bravo insisten en medir el éxito en función de las capturas o eliminaciones de capos, aunque saben que más tardan ellas en neutralizarlos que otros capos en sustituirlos. Se puede llegar a capturar a El Chapo, pero en tanto existan los grandes mercados de sustancias ilegales y el de armas de alto poder en Estados Unidos, habrá quien rápidamente busque reconstruir ese "imperio del mal".
El crimen organizado fue capaz de resistir el embate del gobierno federal, se fortaleció y ya no es el del 2006 sino algo peor. El enfrentar abiertamente a las organizaciones del narcotráfico ya dejó de ser sólo el interés de "Los Pinos" y su grupo para tornarse, por las malas razones, en auténtico problema nacional. Sin embargo, quien suceda a Calderón deberá cambiar el enfoque y dar prioridad a la profesionalización de las policías y al estrangulamiento económico del narco. También deberá hacer de este problema uno genuinamente norteamericano, exigiendo que sus raíces externas -el consumo, el blanqueo e inversión del dinero de las drogas y el aprovisionamiento de armas- sean atacadas con decisión y que, a la vez, se discuta si lo que Washington llevó a ilegalizar hace un siglo debe de seguir así o si, ante lo fallido del intento, el enfoque debe modificarse, y entre más pronto suceda esto, mejor.
P.D. Esta columna desea una pronta recuperación al colega Alonso Lujambio.
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