Calderón continúa hundiendo al país en su insensata guerra contra el narcotráfico, que sólo incrementa el poder de los cárteles manteniendo incólume el negocio, en medio del sufrimiento nacional, inocentes sacrificados, familias deshechas, orfandad; inseguridad, angustia colectiva, inútilmente.
Autista, no escucha a la sociedad, simula atender a grupos de todos los sectores, que reclaman, para ser despachados, humillados por la soberbia del poder. No escucha a expertos internacionales que aportan experiencias sobre estrategias probadas. No escuchó al rector de la UNAM. Su guerra es la única solución.
Ante esta obcecación desenfrenada, 23 mil ciudadanos solicitaron al fiscal de la Corte Penal Internacional analizar la violencia en México, investigar si existen crímenes de lesa humanidad y posibles responsabilidades del Ejecutivo, secretarios de Defensa, Marina y Seguridad y de capos de la delincuencia. Aportaron pruebas de la CDNH sobre crímenes contra migrantes en complicidad con miembros del Instituto Nacional de Migración; informaron sobre desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas del orden. Pidieron investigar crímenes directos o posibles responsabilidades por encubrimientos y omisiones. Acudieron primero a nuestra Suprema Corte sin resultados y ante delitos no tipificados en México, pero sí en la Corte Internacional, acudieron a ella.
Presentada la denuncia, el Presidente publicó un extenso comunicado, justificándose, con una inaudita amenaza a los denunciantes. Insiste en que las fuerzas federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales respetando los derechos humanos, con violaciones excepcionales. Es absurdo, alega, equiparar a un gobierno democrático con Estados autoritarios, concluyendo que imputan calumnias afectando personas e instituciones y que el gobierno explora todas las alternativas para proceder en contra de los denunciantes.
Amenazar a quienes denuncian ante una corte que México reconoce en el Tratado de Roma, es precisamente un acto de un Estado autoritario, violenta derechos esenciales. La denuncia provocó la indignación del Presidente, obsesionado con una política desastrosa que considera incuestionable, respuesta peligrosa.
Calderón Hinojosa insiste que es su responsabilidad legal combatir al crimen, no entiende que nadie niega esa responsabilidad, lo que se le dice y demuestra es que lo hace mal, daña a la sociedad, sin resultados.
Calderón cree que ese combate es una guerra, militariza al país sin considerar riesgos, desvíos presupuestales de lo social al armamentismo inútil. Hace lo que le han indicado del exterior, para que la guerra sea aquí y no allá; ha introducido una potencia extranjera a manejar nuestra seguridad, enajenando nuestra soberanía, sin exigirle al vecino controlar las armas y el dinero que nos inundan, lo que hace de su guerra una derrota inevitable. Peor aun, siguen negociando con armas y lavan sus agentes el dinero de los narcos.
Complementa nuestra tragedia la defensa del candidato presidencial puntero de la guerra de Calderón. Peña Nieto hace suyos los argumentos equivocados del Presidente al descalificar a su vez la denuncia ante la Corte Penal: “la tarea del Estado y su jefe es luchar contra el crimen organizado”, “a un jefe de Estado no se le puede llevar a un juicio cuando cumple sus obligaciones”. Argumentos equivocados, la responsabilidad de actuar contra el crimen organizado obliga a hacerlo en el marco de la ley, con visión integral. El ejercicio del poder no es un cheque en blanco. Se puede enjuiciar al Presidente por traición a la patria durante su mandato y después sin restricción. Por ahora 50 mil muertos, estrategias sesgadas y daños a la sociedad sin resultados, es una grave responsabilidad que la Corte Penal Internacional debe investigar.
Ex secretario de Estado
No hay comentarios:
Publicar un comentario