1. El proceso electoral de 2012 se ha iniciado en un clima antidemocrático que no tiene precedentes en la historia reciente, marcado por dos factores centrales: a) un clima de violencia generado por Calderón con su “guerra contra el narco”, que no lo es, pero que entre otras cosas busca amedrentar a los mexicanos, por lo que la está intensificando mediante sus grupos paramilitares, y b) por un activismo desbocado del titular de facto del Ejecutivo, que escudándose en el estatuto de impunidad no escrito que han tenido los gobernantes mexicanos, está teniendo todo tipo de injerencias en el proceso electoral buscando manipularlo, todavía con la lejana expectativa de poder imponer en 2012 al candidato de la extrema derecha.
2. Las acusaciones lanzadas por Calderón al PRI en una entrevista con The New York Times, pretendiendo que su regreso sería un peligro para México porque los priístas están dispuestos a pactar con el narco, y que tras una campaña fascistoide orquestada por Gobernación llevaron al PRI a acusar –el pasado martes– a Calderón y al PAN ante el IFE por violar el marco constitucional del país, no son más que un anuncio de lo que viene y que muchos pretenden no ver: un individuo como Calderón, que llegó a la Presidencia por un macrofraude electoral para satisfacer los intereses de unos cuantos grupos, no se va a detener en su ambición, y por eso está buscando ya, por otra operación fraudulenta, imponer a su sucesor.
3. Las evidencias se multiplican día a día en el sentido de que Calderón pretende por todos los medios imponer a Ebrard como candidato presidencial del PRD por medio de una encuesta fraudulenta, a fin de que sea un candidato testimonial (pretendiendo así cerrar el camino a López Obrador), y que al mismo tiempo busca destruir la imagen de Enrique Peña Nieto y del PRI con una campaña de acusaciones, presentándolos como aliados del narcopoder, lo cual ha abierto un enorme debate en el país, en el cual las declaraciones de Vicente Fox recomendando el día 18 que el nuevo gobierno “pacte con el narco” no son más que un ejemplo del extravío de la clase política
.
4. La discusión sobre cuáles deben ser las políticas del Estado ante el narcotráfico, planteada de manera sofista por el gobierno del PAN como una disyuntiva entre a) “la guerra contra el narco”, que ya se sabe que no es tal, sino un ardid para desmantelar al Estado nacional, y b) los pactos
con el narco, que según Calderón caracterizaron a los gobiernos del pasado –sin que pueda documentarlo–, es en todo caso falsa, pues las cosas no son como dice la propaganda oficial ni fueron nunca como él pretende, ya que los panistas, siguiendo las instrucciones de la administración Obama, ahora están protegiendo a algunos cárteles (con los que tienen acuerdos) y oponiéndose a otros para que Washington regule el mercado.
5. La cuestión primordial es, por el contrario, determinar si el poder público debe actuar ante el narcotráfico en un marco de legalidad y racionalidad, o como lo está haciendo Felipe Calderón: siguiendo órdenes del extranjero por oscuros móviles políticos, transgrediendo todas las normas legales y violando los derechos de los mexicanos al actuar en plena irracionalidad fascistoide: no para combatir el narcotráfico, que se ha expandido notablemente durante su gestión, ni para terminar con la violencia, que se ha extendido sin cesar, sino para satisfacer intereses facciosos sin dejar por eso de proseguir entregando el control del aparato estatal a Washington.
6. En Estados Unidos, por ejemplo, como en casi la totalidad de los países occidentales (salvo Colombia y México), hay políticas instituidas frente al narcotráfico en las que los poderes públicos lo aceptan como una realidad, con una tolerancia fundada en la imposibilidad de exterminar a miles de productores, traficantes y consumidores, como Calderón y la derecha mexicana, fanática y delirante, pretenden que van a hacerlo, sin esconder que lo que buscan en realidad es generar un escenario de caos para propiciar que se acelere el desmantelamiento de la nación. Nadie acusa en Estados Unidos, por ejemplo, al presidente Obama de “tener acuerdos con el narco” por no lanzar a grupos paramilitares y al ejército a generar un baño de sangre en las ciudades estadunidenses ni por no impedir que la droga llegue a los consumidores de su país.
7. Los sectores más injerencistas de Estados Unidos están actuando, por consiguiente, de manera cada vez más falaz e hipócrita para extremar el escenario que han creado con la complicidad de Calderón, conforme al cual los cárteles mexicanos amenazan la seguridad de Estados Unidos. Las acusaciones, que ahora se dirigen en el sentido de que los narcos mexicanos reclutan a niños estadunidenses en Texas (La Jornada 18/10/2011), y de que organizaciones terroristas
de Medio Oriente, con la complicidad de los narcos mexicanos, están actuando desde el territorio de México, son a todas luces mentirosas, pero no por eso no se están imponiendo como verdades en Estados Unidos.
8. El anuncio hecho el pasado día 11 por el procurador Eric Holder de que habían desarticulado un complot iraní
(en el que habría participado “un cártel mexicano”) para asesinar al embajador saudita en Washington, y que buscaba dar al gobierno de Obama justificaciones para intervenir militarmente en Irán y en México, fue estimado como mentiroso por la prensa estadunidense, pero la gran diferencia se suscitó en las reacciones que se produjeron en las naciones acusadas, pues mientras Teherán lo rechazó como un montaje
, el gobierno de Calderón lo estimó como cierto: dándole razón a las pretensiones de Washington.
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