Plaza pública
Una regla inflexible, con muy pocas excepciones, es que quienes pretenden defender su reputación en los tribunales arrastran ya mala fama o mala conciencia. En general, acuden a la justicia para obtener certificados de honradez quienes carecen de ella.
Ése es el caso de Manuel Jonás Larrazábal, quien denunció por difamación a quienes hicieron conocer su manía de cobrar dinero en casinos, todavía no se sabe por qué concepto.
Tras haber pretendido resguardar su honra a través de su abogado, Larrazábal acudió personalmente a la Procuraduría a ratificar su denuncia. Lo hizo, pero después se convirtió en imputado. Ahora está arraigado en la instalación que para ese efecto mantiene el Ministerio Público en el centro de Monterrey.
A partir precisamente de los vídeos y fotografías difundidos por los diarios del Grupo Reforma se investiga a qué título recibió en varias ocasiones dinero en efectivo en casinos regiomontanos. Y se indagará también el que acudiera a una de esas casas de juego sólo cinco días después de que los operadores de ese establecimiento fueran intimidados con violencia para persuadirlos de pagar protección.
Tal vez lo hicieron, y Larrazábal habría sido el cobrador. Él insiste en lo que todo el mundo considera una patraña: que se dedica al comercio de productos de origen oaxaqueño, que es el suyo propio, y que fue captado por las cámaras que lo denuncian en el acto de cobrar el aprovisionamiento de queso y de mezcal.
No hay seña de que se dedicara a ese giro mercantil. Sí la hay de que miente: dijo en su denuncia que siempre ha trabajado con apego a la ley. Hay evidencia, en cambio, de que la violó más de una vez al recibir sueldos en el ayuntamiento regiomontano, durante varias administraciones, sin devengarlos. Era aviador y dos veces lo hicieron aterrizar.
Ahora está arraigado, y convive con los presuntos incendiarios del Casino Royal, la secuela de cuya quemazón está haciendo que la crisis de violencia e inseguridad que vive Nuevo León en general y principalmente la región metropolitana de Monterrey desde hace siete años, se convierta en crisis política.
Es probable que también sea alojado en ese centro el agente de la policía estatal detenido como partícipe de la banda que prendió fuego a aquel casino y con ello asesinó a 52 personas. A causa de la conducta de su hermano, está en entredicho el alcalde de la capital, Fernando Larrazábal, que pretendió distanciarse de su familiar, renegando de él, como si casi no lo conociera, siendo que le presta una casa donde reside habitualmente.
Es verdad que no existe el delito de fraternidad incómoda y no hay derecho a extender al presidente municipal la responsabilidad penal en que incurra un miembro de su familia. Pero sus contradicciones y titubeos lo han colocado en posición frágil, al punto de que se han multiplicado las voces, incluidas algunas de su propio partido, que le demandan que se vaya, que pida licencia al menos durante el tiempo en que se esclarezca la posición de su hermano.
Y la suya propia, porque puede conjeturarse que los cobros realizados por Manuel Jonás eran hechos en beneficio de Fernando, para que la autoridad municipal no estorbara el funcionamiento de las casas de apuestas afectadas. En cambio, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, que padeció meses atrás una asedio difuso que anunciaba su renuncia un día sí y otro también, parecía consolidado con la eficacia con que sus colaboradores en materia de seguridad y de procuración de justicia hallaron en brevísimo plazo a algunos de los incendiarios y asesinos del 25 de agosto.
Se habían reunido varios hechos venturosos para la identificación y localización de los responsables. A la fortuna de contar con videograbaciones que mostraban a los presuntos homicidas al llegar al Royale y antes, al surtirse del combustible que utilizarían allí, se agregó la pericia de los investigadores. Huellas de los bandoleros fueron buscadas en el registro respectivo de la procuraduría estatal y eso permitió la aprehensión de los responsables. Los cinco detenidos confesaron su participación en los sucesos, y fueron mostrados a la opinión pública.
Si bien faltan detenciones, se proclamó que el caso estaba resuelto. Pero se trata sólo de una apariencia. En la misma noche del grave suceso, Medina distribuyó culpas entre las instancias municipales y las federales, que las tienen. Pero pronto salió a la luz el papel del tribunal de lo contencioso administrativo, cuyos fallos permiten funcionar a los casinos que nacen o caen en la ilegalidad.
Y ese tribunal depende del Ejecutivo, que designa a sus magistrados. Por otro lado, si los cinco capturados no fueron consignados ante un juez, sino que sólo se demandó su arraigo, es porque no puede formularse contra ellos una acusación sólida, susceptible de ser aceptada por la justicia. Y para colmo, la Policía federal detuvo a un agente estatal de seguridad, lo que despierta dudas sobre la integridad de la corporación a que pertenece.
Quizá por esos indicios sobrevino el jueves el demoledor juicio de los principales empresarios de Monterrey sobre el decepcionante desempeño de los gobernantes locales. El lunes, algunos de los hombres de empresa que emitieron su veredicto habían sido recibidos por el presidente Calderón, que con tal de escucharlos aplazó el compromiso anunciado de recibir, de manos del rector José Narro Robles, la aportación de la UNAM para revisar la estrategia de combate al crimen organizado. Era urgente para Calderón encontrarse con los líderes empresariales a los que no vio durante su breve visita del viernes anterior a Monterrey.
Tal vez en esa reunión quedó claro a los líderes regiomontanos el estado de la cuestión. El hecho es que por lo menos tres de ellos produjeron días después su agrio juicio sobre sus autoridades locales. La ocasión para hacerlo fue la entrega del premio que lleva el nombre de don Eugenio Garza Sada.
El orador fue el ingeniero José Antonio Fernández, presidente de Femsa, el consorcio que si bien perdió el control de su división cervecera, ha prosperado sostenidamente como embotellador de Coca-Cola y como propietario de la cadena de misceláneas Oxxo, diseminadas en todo el país.
No se limitó a recordar las virtudes humanas y empresariales de Garza Sada, líder de una comunidad industriosa y pujante, víctima él de una crisis de violencia armada que el Estado mexicano tardó en aplacar. Ni se redujo a enumerar los méritos de los premiados.
Era ineludible que se expresara sobre la inseguridad creciente, sobre todo porque hablaba en el Tecnológico, que ha sufrido en carne propia los funestos yerros del embate contra la delincuencia organizada. De modo que no se anduvo con ambages:
"Hay que decirlo con todas sus letras: las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno de Nuevo León han tenido un desempeño evidentemente insatisfactorio y decepcionante", dijo. Agrego que "si la realidad no es peor es sólo porque los delincuentes interpretan que no les conviene". Y dictaminó contundente: "No hay control sobre la plaza".
Y si bien en tono autocrítico se preguntó por las omisiones de las familias, los maestros, los empresarios y los medios de comunicación en la génesis de la actual realidad, insistió en las responsabilidades gubernamentales: "¿Qué hicieron o dejaron de hacer nuestros gobernantes para fomentar un ambiente de impunidad y de corrupción, un sistema de procuración y administración de justicia tan tortuoso y corrupto?"
El presidente de Cemex, Lorenzo Zambrano, que no obstante las tribulaciones de sus empresas conserva autoridad moral en la vida social de Nuevo León, expresó su acuerdo pleno con Fernández. Y Eugenio Garza Herrera, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, fue aún más allá: "La autoridad no ha cumplido, la autoridad estatal y municipal no ha cumplido. No es que no está cumpliendo. Ya no cumplió".
Es decir, no se trata de darles una nueva oportunidad, de renovar la exigencia. Eso no se ha dicho con todas sus letras pero sí entre líneas. Deben marcharse los funcionarios desidiosos o incapaces, y con mayor razón los que se benefician de la complicidad con delincuentes e infractores. Ni el priista que gobierna el estado ni el panista que encabeza el ayuntamiento regiomontano han podido, en esta crisis y muchos episodios precedentes, satisfacer las demandas ciudadanas. Que se vayan.
El pasado presente.- El jueves pasado se cumplieron catorce años de que por primera vez un miembro de la oposición al PRI contestara un informe presidencial. El partido oficial había perdido la mayoría en la Cámara de Diputados, y los partidos opositores lograron unirse y contar con el mayor número de votos. Eligieron como presidente del Congreso a Porfirio Muñoz Ledo y en ese papel éste produjo un discurso no sólo magnífico en su forma, sino que estuvo a la altura de la circunstancia histórica en que pronunciado. Para llegar a esa tarde del lunes primero de septiembre de 1997 la legislatura elegida en julio anterior vivió un trance difícil de superar.
El gobierno, especialmente el secretario de Gobernación Emilio Chuayfett, que catorce años después encabeza la Cámara de diputados intentó impedir la instalación del Congreso y hasta pretendió instalar su propia mesa directiva. No lo consiguió y después de que Ernesto Zedillo pronunciara su tercer informe sobre el estado que guardaba la administración, se erigió al lado suyo Muñoz Ledo. El nudo de su discurso consistió en reivindicar la dignidad del poder legislativo, su condición de cogobernante con el Ejecutivo, y aun de ser estar en un plano superior. Recordó al efecto la proclama del Justicia de Aragón que espetó al rey su convicción de que cada uno de los barones era igual al monarca pero en su conjunto valían más que él. Sobra decir el entusiasmo con que la nueva mayoría acogió esa reafirmación de la soberanía del Congreso.
Para llegar a ese punto, Muñoz Ledo había recorrido un largo camino, que contrastaba con la breve ruta política del Presidente, que llegó al cargo por casualidad o por un perverso cálculo político que incluía justamente la inocencia política del que habría de suceder a Carlos Salinas. Muñoz Ledo había hecho política desde sus años en la Facultad de Derecho en la Universidad nacional, basado siempre en su elocuencia oratoria. Fue un muy precoz funcionario en épocas en que se privilegiaba la experiencia sobre la frescura juvenil. Con Echeverría, en los setenta, se iniciaron sus momentos estelares. De subsecretario de la Presidencia pasó a ser secretario del Trabajo, cuya visión en materia de previsión social duran hasta el día de hoy, en la ley y los mecanismos de protección de los consumidores.
Creyó posible ser presidente de la república pero como a Mario Moya Palencia Echeverría lo engañó. López Portillo, quien resultó elegido, no pudo prescindir de él y lo nombró secretario de Educación Pública, un ministerio en que había tenido responsabilidades antes de cumplir treinta años. Pero no pudo soportar su autosuficiencia y lo despidió cuando apenas llegaba al undécimo mes de su gobierno. Exiliado bajo la cobertura de representar a México en las Naciones Unidas, su hiperquinesia lo condujo a ser un líder regional y entre los países gobernados por la socialdemocracia, caso en que simultáneamente estuvieron Alemania, Francia, España y Portugal. La refulgencia de su estrella internacional chocó al presidente Miguel de la Madrid, que lo había ratificado en el cargo con tal de mantenerlo alejado y lo despidió aprovechando un desliz del embajador dinámico.
Entonces saltó a la oposición. Con Cuauhtémoc Cárdenas encabezó la Corriente Democrática en el PRI, en inútil intento de reformar a su partido desde dentro. Tuvieron que irse y al constituirse el Frente Democrático Nacional Muñoz Ledo fue el principal impulsor e ideólogo de la candidatura de Cárdenas. Siguió a la zaga del hijo del general cuando, tras el fraude de 1988 al año siguiente se integró el Partido de la Revolución Democrática, del que fue coordinador después de que Cárdenas lo fuera. Seguramente calculaba ser el candidato presidencial en 1994, cuando "le tocaba su turno" como número dos del partido. Pero Cárdenas lo fue de nuevo y Muñoz Ledo se avino a seguir en su papel secundario.
Esa condición fue ratificada por su partido a la hora de elegir, en 1997, candidato al gobierno del Distrito Federal. Pero esta vez obtuvo el premio de consolación de ingresar a la Cámara en las auspiciosas condiciones a que me referí líneas arriba. No terminaría allí su rivalidad política con Cárdenas, mitigada por una genuina coincidencia de principios. Pero el que Cárdenas fuera candidato por tercera vez, en 2000, fue insoportable para Muñoz Ledo. Se retiró del PRD y aceptó la candidatura que le propuso el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Se equivocó dos veces ese año: al ser postulado por un partido que volvía a las andadas del oportunismo y la corrupción, y cuando renunció a su candidatura para apoyar a Vicente Fox. Subido así, de última hora, al carro de la alternancia, fue de los primeros en decepcionarse de Fox, su antiguo antagonista en pos del gobierno de Guanajuato. En el 2006, Muñoz Ledo se acercó a Andrés Manuel López Obrador y por su influjo es hoy de nuevo diputado.
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