El país de ellos y el de nosotros

Pentagrama

Luis M Cruz

September 3, 2011

El contraste con la realidad, la prueba reina de la veracidad en el mundo, es lo que hace la diferencia entre informar y rendir cuentas.

1. El país de ellos y el de nosotros.

El presidente Calderón entregó el texto del quinto informe del estado que guarda la administración pública federal al Congreso, única obligación que conforme a la redacción actual del artículo 69 constitucional tiene para rendir cuentas, y al día siguiente, el 2 de septiembre, emitió un mensaje a los ciudadanos en el que buscó presentar los resultados de un año de gestión así como las perspectivas sobre el tiempo que resta a su administración.
Indudablemente, puesto ante un espejo y con un auditorio a modo, el informe presidencial, el quinto de la gestión actual, tendría muchas cosas que festinar. Imagínense, diría un observador ajeno a la dinámica nacional, qué significativo es alcanzar prácticamente la cobertura total en salud, construir “o” modernizar 16 mil kilómetros de carreteras, entregar dos millones de créditos hipotecarios para vivienda –más que en los 16 años anteriores juntos, dijo el presidente—o haber invertido más que nunca en seguridad pública, aún cuando hayan sido los años más violentos de la historia reciente del país.

De igual forma hablan los datos de la estabilidad macroeconómica y de la presunta recuperación que nos deberían llenar de satisfacción. Casi un millón 400 mil empleos nuevos en la actual administración, haber superado los 15 millones de asegurados en el IMSS, hablar de recuperación, que implica por lo menos la recuperación de lo perdido.
Lo mismo puede decirse de que Oportunidades y otros programas de la política social y de protección al medio ambiente hayan atenuado en algo el tremendo impacto en el tejido social de una severa política de contención de la crisis, que se traduce en el crecimiento de la pobreza y el reino de la desigualdad en que nos hemos convertido.

El contraste con la realidad, la prueba reina de la veracidad en el mundo, es lo que hace la diferencia entre informar y rendir cuentas. Informar es simplemente decir lo que se hizo; rendir cuentas es decir lo que se hizo comparando con lo que se debería haber hecho, conforme a los recursos y metas comprometidos, con mediciones e indicadores claros.
Lo relevante, entonces, no es saber cuántos carnets del Seguro Popular se han entregado, cuántos kilómetros de carretera se han hermoseado o construido, cuántos elementos más tiene la Policía Federal o cuántos millones de pesos se han entregado a los beneficiarios del programa Oportunidades, sino en qué medida estos programas han resuelto los problemas de fondo, los que tienen que ver con la calidad y esperanza de vida de la población. ¿Realmente el exitoso Seguro Popular implica que tenemos resuelto el problema de la salud? ¿Qué se cuenta con hospitales, médicos y medicinas suficientes? ¿O sólo se estará dejando otro problema para las finanzas públicas en los próximos años, cuando los nuevos derechohabientes exijan los servicios que ahora les prometieron, dejando al garete a las instituciones de seguridad social tradicionales?

¿El dar un mayor número de hipotecas, verdes o coloradas, apunta a resolver el problema de la vivienda popular? ¿Por qué entonces hay miles de viviendas abandonas por falta de capacidad de pago de los acreditados, por lejanía de éstas respecto de los centros de trabajo o simplemente porque las medidas (32 metros cuadrados) son insuficientes para que ahí viva una familia?

¿En dónde están las nuevas carreteras construidas? Serían suficientes para viajar ida y vuelta ocho veces de Mérida a Ensenada y por ende debieran ser notorias a simple vista, cuando aún carecemos de un sistema de carreteras costeras y transversales. Porque en los datos del presupuesto de Egresos de la Federación del 2011, sólo había presupuestados recursos para 4 mil kilómetros; obvio, están sumando los 11 mil de años anteriores que también fueron “construidos o modernizados”, sofisma éste en donde se suman los kilómetros de mantenimiento y reparación a los nuevos kilómetros construidos, en cuyo caso sólo las carreteras de Durango a Mazatlán y el “arco norte” en el centro del país estarían figurando.

Hay un país de ellos, en donde las medias verdades cuentan y el gasto alcanza, y hay otro, el de nosotros, el que paga las cuentas y está cargando la carencia de oportunidades, la inseguridad y la violencia. A ello se ha de referir el medio secretario y medio aspirante Cordero, cuando pide a la gente que piense en la economía a la hora de emitir su voto.

2. La seguridad perdida.

En materia de seguridad pública es más que notorio el fracaso de la estrategia para enfrentar a la delincuencia organizada, como se le ha llamado ahora a la guerra contra el narcotráfico. El Ejército en las calles, 36 mil nuevos elementos de la Policía Federal, una gran batida contra la criminalidad en todo el país, casi cinco años ya de lucha abierta, han provocado de 40 a 50 mil muertos, la mayoría, dice el gobierno, entre las filas de los cárteles enfrentados entre sí.

Pero el resultado neto es que la población se encuentra casi en estado de indefensión, los criminales actúan a la luz pública cada vez con mayor osadía, realizan matanzas tumultuarias, roban, incendian y matan –como en el trágico caso del Casino Royale en Monterrey– y el resultado es que la ciudadanía cada vez está más sola ante la delincuencia y, lo que es peor, también ante los uniformados, como señala el poeta Efraín Bartolomé, pues en esta guerra los unos y los otros actúan fuera de la legalidad.

En el discurso presidencial está implícito que hemos hecho mucho pero hemos avanzado muy poco. Quizá de manera insólita, como para el anecdotario, está el señalamiento de su propósito, al finalizar el sexenio, para depurar la Procuraduría General de la República, ¿cómo es que hasta ahorita, después de cinco años, se emprende esta tarea?
Ello prueba que al menos tres grandes elementos fueron ignorados desde el principio en la guerra del narco. Primero, que la corrupción y la impunidad constituyen un verdadero cáncer que carcome los recursos y el esfuerzo interno para enfrentar a los cárteles de las drogas y a la delincuencia en general. En cualquier circunstancia en donde actúan los criminales, aparecen elementos públicos involucrados. Si en Monterrey no hubiera habido corrupción para autorizar los casinos y permitirles operar, como aflora tras los videos en que un hermano del presidente municipal, Jonás Larrazábal, aparece cobrando en efectivo, en gruesos fajos de billetes, la prestación de servicios, dice él, de “venta de queso oaxaqueño” y un integrante de la Policía Estatal es detenido como halcón del comando de zetas que llevó a cabo el incendio y la matanza, simplemente el escenario en el que podrían actuar los delincuentes estaría mucho más acotado.

Lo mismo puede decirse del alto número de desertores en las Fuerza Armadas, quienes, con bajos salarios pero con buen entrenamiento en el manejo de todo tipo de armas y tácticas de guerra, suelen ser fácilmente reclutados en los ejércitos privados de los cárteles.
El segundo elemento que no se tomó en cuenta al planificar la guerra del narco es, evidentemente, el rol que juegan los Estados Unidos. En este país es donde se ubica el mayor mercado de consumidores del mundo, el de mayor capacidad económica y que paga cualquier precio para satisfacer la demanda de enervantes. Las adicciones en Estados Unidos no han disminuido en el lapso en que se ha librado al guerra del narco en nuestro país; no es sino hasta fechas recientes que el gobierno norteamericano ha empezado a señalar que el crecimiento del consumo de drogas allá es parte indisoluble del problema. Otro lo es la indiscriminada venta de armas que cruzan la frontera hacia nuestro país, en las armerías de la frontera es donde se surten los cárteles de armamento sofisticado y de alto poder prácticamente sin restricción alguna. Y el tercer elemento es el lavado de dinero, pues el increíble valor agregado del tráfico de drogas se queda principalmente en el sistema bancario y financiero de los Estados Unidos.

Corrupción e impunidad en nuestro país, combinada con permisividad y tolerancia en los Estados Unidos al tráfico y consumo de drogas, hacen prácticamente imposible el ganar la guerra del narcotráfico. Persistir por el camino del choque frontal, como ha convocado el presidente Calderón, sin considerar los factores internos y externos que alimentan el problema, podría ser el mejor camino para que la violencia, la inseguridad y la muerte continúen en nuestro país.

3. Otro presupuesto inercial a la vista.

El 8 de septiembre, el gobierno federal deberá entregar al Congreso el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2012. Será entregado por el todavía secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien así estará en la antesala de su dimisión para optar por la que ahora es su principal actividad, que es buscar la candidatura del PAN a la Presidencia de la República.

En el contexto de alto riesgo y volatilidad de la economía internacional, el gobierno federal ha decidido, otra vez, como lo hizo en 2008 ante la gran crisis financiera global provocada por los bonos chatarra norteamericanos, contener la economía nacional y utilizar el gasto para enfrentar el choque externo.

Las expectativas de crecimiento se han ajustado a la baja porque nuestro principal cliente, los Estados Unidos, sólo habrán de crecer 1% este año y quizá menos para el año próximo; de ahí que los números nuestros se han ajustado hacia el 3.5% este año frente a un 4.5% que se estaba esperando, y el próximo año la expectativa de crecimiento se estaría ubicando en un 3%. El precio del petróleo, otro indicador clave en la planeación presupuestaria, hace un par de meses se estimaba que se ubicaría en unos diez dólares más, alrededor de 75 dólares el barril, si bien es probable que ahora se esté estimando, si acaso, en 3 a 4 dólares adicionales. Actualmente, esta estimación es de 65.4 dólares, frente a casi 100 dólares promedio observados en el mercado mundial.

La inflación esperada estará en 4% y el nivel de endeudamiento o déficit presupuestal, se estima en cero o muy cercano a cero, esto es, se plantearía un equilibrio fiscal para el próximo año. En este contexto, los impuestos y el presupuesto mantendrían sus características inerciales, más o menos lo mismo que en 2011 más un agregado por la inflación para mantenerlo igual en términos reales. Si para 2011 se presupuestaron 3.438 billones de pesos, este año se estarían presupuestando algo así como 3.65 billones de pesos, un 6% superior al del 2011.

En materia de ingresos, SHCP planteará la misma situación fiscal actualmente prevaleciente: no más impuestos, ha dicho en sus ratos como servidor público el titular de Hacienda, Ernesto Cordero, sin ignorar que los impuestos fueron incrementados en 2008 ante la amenaza de la crisis de aquel año, cuando el IVA se elevó al 16%, el ISR al 30%, el Impuesto a Depósitos en Efectivo a 3%, subieron los impuestos al tabaco, cerveza y alcohol y el IETU pasó al 17.5%. En el Senado, la propuesta del senador Manlio Fabio Beltrones para, entre otras cosas, fusionar el IETU con el ISR podría ser la piedra de toque para facilitarle la vida a las empresas y proteger la inversión y el empleo, sin realmente mermar los ingresos o el control del pago de impuestos. En lo que al gasto corresponde, se mantendrá también inercialmente, prevaleciendo el desorden en las plazas de la alta burocracia, con más puestos adjuntos y homólogos que los que están en la estructura normal, si bien la SHCP, en su cruzada contra los Estados, ha externado que, no obstante la reducción constante de las participaciones federales y la desaparición de impuestos participables como la tenencia vehicular, no habrá incremento en las partidas para las entidades federativas porque, dice Hacienda, los Estados son opacos y no rinden cuentas.

Esta cuestión anticipa un duelo por los recursos que indudablemente llevará la aprobación del presupuesto hacia el límite del 15 de noviembre para su aprobación. Cabe tener presente que, de cualquier manera, si no se aprobara el 15 de ese mes no pasaría nada, pues la entrada en vigor del nuevo presupuesto sucede a partir del 1º de enero de 2012. Quizá, dada la naturaleza política del año que se avecina, en esta ocasión podríamos asistir al caso en que el presupuesto no se aprobara en la fecha dispuesta por la Constitución, sino requiriera algunos días más, en tanto los diputados y Hacienda, quienquiera que sea su titular, se ponen de acuerdo en la captación de los ingresos y la distribución de los recursos.

4. Deuda y reservas.

En el informe presidencial, dos datos llaman la atención pues constituyen el grosor del blindaje contra algún eventual choque externo. Uno es el monto de la deuda pública; otro, el de las reservas internacionales.

En el primer caso, se maneja el dato sólo en términos relativos: la deuda externa en dólares representa casi un 10% del Producto Interno Bruto y sólo un tercio del promedio de deuda de los países de la OCDE. En tanto que de las reservas internacionales, se da a conocer el monto exacto: 136 mil millones de dólares.

Si el presidente de la República se hubiera referido a estos datos en términos comparables, por ejemplo, en ambos casos su monto en dólares, habríamos sabido que la deuda externa en dólares de nuestro país es superior a 115 mil millones de dólares, casi tanto como las reservas internacionales. Más aún, si nos hubiera informado que la deuda interna son otros 3 billones de pesos más, esto es, otros 250 mil millones de dólares, entonces el total de nuestro endeudamiento neto equivaldría a 365 mil millones de dólares, cifra cercana al triple de nuestras reservas internacionales.

Lo que tampoco se menciona en el informe presidencial, es por qué nuestro país mantiene este nivel de endeudamiento. Es notorio que al iniciar la actual administración, en 2006, la deuda externa en dólares era de 47 mil 247 millones de dólares, menos de la mitad de lo que es actualmente. Por su parte, la deuda interna representaba 1.471 billones de pesos, también menos de la mitad del saldo actual. ¿Por qué en los últimos cuatro años, la deuda pública se duplicó?

¿Qué lo explica? En el periodo 2007-2011 correspondiente a la gestión Calderón, el gobierno federal dispuso de los presupuestos más cuantiosos y las mayores cantidades por excedentes de ingresos petroleros en la historia del país. Han sido 14.5 billones de pesos en el gasto público federal, así como 165 mil 376 millones de pesos de los excedentes petroleros. ¿Para qué haber duplicado la deuda pública? ¿Por qué jugar con el crédito internacional de nuestro país? ¿Sobre esto descansa la estabilidad macroeconómica del país?

5. No dejar solos a los Estados de la República.

El argumento centralista por excelencia es que las provincias requieren controles y por ende, como los Estados gastan mal, son opacos y no rinden cuentas, entonces no se les dará más dinero. En las entidades federativas, sin embargo, es en donde sucede la economía, es en donde reside la población y es en donde los servicios y las políticas públicas cobran rostro y se materializan.

Conforme al pacto federal, en la Ley de Coordinación Fiscal se establece que los impuestos a las actividades productivas los realice la Federación, con un mecanismo de distribución a los Estados que considere tanto su aportación al Producto Nacional como el nivel de desarrollo relativo y el conteo de población de cada entidad. De esta manera, la Federación cumple sus fines: equilibrar a los Estados y compensar a aquellos de menor desarrollo relativo.

En la actual pugna política entre los Estados, sobre todo aquellos gobernados por el PRI, y el gobierno federal, de extracción panista, los estados de la República han caído en un excesivo endeudamiento, no obstante que la causa es bien conocida: las participaciones fiscales se han ido reduciendo no obstante que antiguas responsabilidades federales han sido descentralizadas, como lo son la educación y la salud, significando la mayor parte del gasto corriente estatal debido al peso de la nómina de maestros, médicos y enfermeras. A ello se suma la presión del gasto en seguridad pública, pues mientras la violencia se expande, es mayor el peso que gravita en las entidades y municipios para sostener los cuerpos de policía estatales y municipales. En esta materia, en tanto el gobierno federal dispone de recursos creciente en el presupuesto para financiar a las fuerzas de seguridad del centro (el presupuesto de Sedena es de 51 mil millones de pesos, el de la Secretaría de Seguridad Pública, de 36 mil millones y el de Marina, 16 mil millones; al Sistema de Seguridad Pública le han destinado 8 mil millones de pesos, los cuales son ministrados a cuentagotas y conforme a criterios de control de confianza federales), los recursos para los Estados y municipios son precarios.

Cabe subrayar que el monto total de la deuda pública de los Estados es de 314 mil 614 millones de pesos, que es tan sólo el 2.4% del PIB nacional, frente a un 30.5% del Producto Nacional que representa la deuda pública federal.

Ciertamente, puede haber casos, como los gobiernos del Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y Coahuila, cuya deuda es más significativa que los de otras entidades, inclusive con problemas de opacidad en las estrategias de contratación de deuda, pero ello no justifica la decisión política de pretender dejar solas a las entidades en tanto el Gobierno Federal prosigue su propia orgía presupuestal. No son pocas las entidades que pugnan por cambiar las inequitativas reglas de la visión centralista, pues existen federaciones, como Alemania o los Estados Unidos, en donde los Estados recaudan y le participan a la Federación los recursos que le corresponden.

Entretanto, la Federación no puede excusarse de los malos resultados en cuestiones tan relevantes como la seguridad pública, pues los delitos que comete la delincuencia organizada pasan del fuero común al federal cuando en ellos se emplean armas de uso reservado al Ejército, se trata de organizaciones criminales o se realiza tráfico de enervantes en cantidades superiores a medio kilogramo de marihuana, por ejemplo. Los miles de muertos del narcotráfico no son homicidios comunes, se trata en su mayoría, de ejecuciones o caídos con armas de alto poder en los que participan organizaciones o cárteles criminales. Por ello es que, si en materia presupuestal la Federación se queda con la parte del león, le corresponde también actuar como tal y respaldar a las fuerzas locales en el combate a la delincuencia y el restablecimiento de la seguridad pública.