Militares en Baja California

PLAZA PÚBLICA

Miguel Ángel Granados Chapa

Como si el secretario de Gobierno de Baja California fuera un subordinado suyo, a quien reprendió en público, el general Alfonso Duarte levantó una sanción contra el funcionario civil, a quien había prohibido el ingreso a instalaciones militares. La reprimenda estaba fuera de lugar, ajena a toda ley, y por ello mismo el perdón extendido a Cuauh- témoc Cardona carece de sentido. O subraya la subordinación de la autoridad civil a la militar en aquella entidad.

La noche del Grito, mientras conversaba en la recepción oficial del festejo con el gobernador José Guadalupe Osuna Millán, el general Duarte vio de lejos a Cardona, que es secretario general de Gobierno desde que Francisco Blake Mora dejó el cargo el año pasado para convertirse en secretario de Gobernación. Duarte hizo venir ante sí al número dos de la jerarquía política y administrativa del estado, y como si tratara de un pupilo en falta, al mismo tiempo que lo delataba ante el gobernador le espetó sus defectos: grosero, borracho e irrespetuoso, a quien por lo mismo no quería ver jamás en oficinas bajo su mando. La grabación que captó el episodio muestra a un Cardona sumiso, a quien también se le ordenó retirarse, y a un gobernador silencioso, acaso pasmado por el tono y el contenido del exabrupto del jefe de la Segunda Región Militar.

Éste disfruta de una muy buena reputación por su combate al narcotráfico, que emprendió desde que fue comandante de la zona militar con sede en Mexicali. Pero ninguno de sus lauros lo autoriza a invadir esferas de acción civiles. Según Duarte, Cardona llegó tarde a la fiesta militar por los Niños Héroes, a pesar de que estaba investido con la representación de Osuna, y cuando llegó mostraba evidencia de estar ebrio.

Una conducta como la descrita por Duarte es, sin duda, merecedora de un reproche oficial, que sólo puede ser formulado por su jefe, el gobernador que, en cambio, cohonestó su comportamiento. Repuesto ya del susto por el regaño del general Duarte, Osuna emitió horas después un comunicado en que confirmaba en su cargo a Cardona, aunque lo obligó a demandar disculpas.

El gobernador había pasado ya por una circunstancia semejante, en que él mismo fue obligado a rendir cuentas ante el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, que lo hizo comparecer en su oficina a propósito de una sonora denuncia formulada por un antecesor de Duarte al frente de la Segunda Región Militar, el general Sergio Aponte Polito.

Llegado a Tijuana en 2006, en uno de los peores momentos de la inseguridad tijuanense, Aponte Polito emprendió labores por sí mismo, sin ocuparse demasiado de coordinarlas con las autoridades locales. Como si el Ejército fuera autoridad ministerial o policiaca, y no elemento de apoyo a quienes en efecto la ostentan, estableció un contacto directo con la población. Generó un mecanismo de denuncia ciudadana que era, al mismo tiempo, una promesa y un reproche. Se ofrecía un número telefónico y se instaba al público: Llame. Nosotros sí vamos.

Esa forma de obrar permitió al general Aponte no sólo realizar un activismo que se hizo notorio, sino tomar conocimiento directo de la actuación de autoridades locales en la materia, especialmente la Procuraduría estatal de justicia, a cargo entonces como ahora de Rommel Moreno. Ante acusaciones genéricas del comandante militar, el jefe del Ministerio Público le pidió en público pormenores. Y vaya que los recibió. Un buen número de funcionarios de la Procuraduría, incluida una asesora del propio titular, fueron señalados por el dedo admonitorio de Aponte Polito. Fue la suya una voz que clamaba en el desierto. El procurador Moreno desestimó las acusaciones. Si acaso provocó la renuncia de alguno de los funcionarios mencionados por el militar, pero ninguno recibió sanción alguna.

La denuncia del general Aponte Polito no adquirió tampoco formalidad alguna. Constó en una extensa carta dirigida al diario El Mexicano. Lo más que se hizo fue atenuar las tensiones provocadas por la requisitoria del militar entre éste y el gobierno local, haciendo salir de Tijuana al comandante castrense. El gobernador Osuna tuvo que acudir al llamado del general Galván para explicar lo ocurrido. Aponte Polito, por su parte, fue nombrado presidente del tribunal superior militar.

En su carta, como en la conducta de Duarte, Aponte se arrogaba una cierta autoridad, al menos de supervisión, sobre las autoridades civiles. En eso radica la porción más preocupante de esos episodios, que no son por cierto comparables estrictamente por la diversidad de las circunstancias. Pero ambos revelan una sensación de superioridad que riñe con la sujeción del Ejército a normas específicas, que deben ser acatadas, so riesgo de incurrir en descontroles de mayor trascendencia.

No se ha explicado suficientemente, por ejemplo, de dónde partió la orden de allanar el domicilio de Jorge Hank Rhon, al inicio de una acción que terminó mal para la procuración de justicia. Fue inequívoca la participación de tropas militares en el asalto a la casa del empresario de casinos. Entraron en ella sin orden de cateo ni de aprehensión y fingieron flagrancia para introducirse al recinto privado. Luego de la exoneración de Hank debimos conocer la suerte jurídica de los allanadores, que lejos de cumplir su deber incurrieron en delitos. La libertad de acción que al hacerlo mostraron es indicativa de una situación peligrosa, que es la sujeción del gobierno civil a requerimientos militares superiores.




Cajón de Sastre

De más en más se atribuyen virtudes demiúrgicas a las encuestas. Cuando están profesionalmente hechas y sus diversos componentes (el cuestionario, la muestra, el rigor en el levantamiento) obedecen a pautas parangonables, ofrecen un insumo a la reflexión y la decisión política. Pero hemos llegado a un punto en que se les convierte en pronósticos, a menudo para hacer de sus resultados profecías que se cumplen a sí mismas. El colmo es que un partido político y, peor aun, la alianza más prolongada y fructífera en la historia mexicana resuelva sus dilemas a través de un instrumento que puede ser adulterado. Si el acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard es que será candidato presidencial "el que marquen las encuestas" y no un acto de decisión política que las tenga en cuenta, se cometerá un grave error.