PLAZA PÚBLICA
Miguel Ángel Granados Chapa
Anda de buenas Beatriz Paredes en estos días. Su amigo y jefe político Enrique Peña Nieto la ungió ya como candidata del PRI al gobierno capitalino. Y ayer la Suprema Corte dejó viva una, y con ella las 18 reformas a constituciones estatales de tono conservador que sólo fueron posibles por la actitud omisa, o cómplice, de una mujer que pasaba por liberal y mostró que no lo es.
Elegida presidenta de su partido tras el desastre electoral de 2006, Beatriz Paredes aparecía como una de las figuras decisivas en el rumbo del PRI y aun del país. Cuando muy tempranamente se esbozaron las posibilidades presidenciales de esa organización, figuró en el horizonte una triada que la incluía sin duda en ese rango, junto con Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones. Pero, a pesar de haber conducido una victoriosa campaña electoral en 2009, la ex gobernadora de Tlaxcala no perseveró y rindió sus armas ante el gobernador del Estado de México, del que se convirtió más que en aliada en subordinada. Por instrucciones suyas firmó en octubre de 2009 un acuerdo con el PAN para asegurar que no hubiera coaliciones de ese partido con el resto de la oposición. Peña Nieto necesitaba estar seguro -lo estuvo de todos modos, por otras vías- de que la sucesión en su estado no se convertiría en un obstáculo para su promoción presidencial.
El pacto no funcionó al final, por la volubilidad del presidente Calderón, pero el documento quedó como prueba de que el gobierno federal panista y el del Estado de México y los dirigentes de sus respectivos partidos actuaban de consuno a favor de Peña Nieto. Al firmar el acuerdo, y al mantenerlo en secreto, Beatriz Paredes quedó exhibida como mera pieza del mecanismo que haría Presidente al mexiquense.
Con notoria prematurez, Peña Nieto no actúa sólo como el Gran elegido sino que comenzó a hacerlo como Gran elector. En pago a favores recibidos dio su voto a Paredes para que sea la candidata priista al gobierno de la Ciudad de México. Tras esa decisión del mexiquense se asoma la soberbia de que generará en provecho de su partido un "efecto Peña Nieto" como el que provocaron en su oportunidad Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador. La popularidad de cada uno, independientemente del resultado formal de sus elecciones, fue un impulso poderoso a otras candidaturas, ya sea a cargos legislativos o al gobierno de la capital, que Santiago Creel disputó muy cerradamente a López Obrador hace 11 años.
Beatriz Paredes ya intentó gobernar a la Ciudad de México. Hace cinco años sufrió una derrota aplastante a manos de Marcelo Ebrard, que obtuvo más de dos votos por cada uno de los ganados por la después lideresa priista; los porcentajes fueron 46.37 vs. 21.58. Vamos, aun Demetrio Sodi, candidato del PAN, superó a la priista al obtener el 27 por ciento de los sufragios. Un tercer lugar, con tales diferencias, resultaba del "efecto Madrazo", que también cayó a esa posición inédita. Pero la derrota implicaba asimismo la fragilísima estructura partidaria y también la reiteración del persistente ánimo de rechazo al PRI que en elecciones locales había ya golpeado a Alfredo del Mazo y a Jesús Silva-Herzog Flores, así como a decenas de candidatos a diputados federales y locales y delegados o jefes delegacionales.
La organización priista en la Ciudad de México ha empeorado desde entonces. Está dividida y la porción mayor milita en la oposición interna a Beatriz Paredes. En este momento el priismo capitalino está acéfalo y, en preparación a la decisión peñista de hacer jefa de Gobierno a la ex lideresa nacional priista, lo encabeza como delegado especial el senador Jesús Murillo Karam, perteneciente al más estrecho círculo de Peña Nieto, en cuya elección hace seis años fue figura relevante. Pero requerirá un gran esfuerzo para al menos desarticular el antiparedismo, ya no digamos para levantar una estructura formal que apoye con éxito a la temprana candidata del ex gobernador mexiquense.
A la satisfacción de saberse ya ungida, Beatriz Paredes acaso agregó ayer un respiro de alivio al terminar el debate en la Suprema Corte de Justicia. Ella no era parte del asunto a resolver, pero sí lo fue en la creación de las condiciones que provocaron la acción de inconstitucionalidad que se ventiló en ese tribunal del lunes al miércoles.
Luego de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en 2007, el conservadurismo social, encabezado por los obispos y el Partido Acción Nacional, emprendió una estrategia para impedir que una reforma liberal y moderna de ese alcance se multiplicara en las entidades.
Para ello dieron en reformar las constituciones locales a fin de inscribir en ellas el derecho a la vida desde la concepción. Los legisladores panistas no hubieran sido suficientes para construir este blindaje. Se sumaron a ellos, con fervor semejante al de los blanquiazules, diputadas y diputados priistas que hubieran debido actuar de otra manera de haber contado con un liderazgo que, por un lado, evidenciara el carácter de la maniobra y, por otro, hiciera valer principios éticos en defensa de los derechos de las mujeres, una causa a la que siempre se supuso estaban afiliados ese partido y su presidenta.
La Corte discutió si la reforma de marras, en Baja California, era conforme a la Constitución de la República. Siete ministros resolvieron que no se apega a ella, y cuatro votaron en sentido contrario. Pero se requerían ocho votos para derogarla, y por lo tanto la adición conservadora queda vigente.
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