Perversidad

TOLVANERA

Roberto Zamarripa

¿Lo criminal o lo social? ¿La reforma política o la reforma estructural? ¿Una por una o todo junto?

Al país se le juntaron las urgencias. Es más violento que hace una década; también más pobre; es menos democrático que en el 2000 no obstante las alternancias y padece la inoperancia de una clase política renuente a reformas de gran calado.

Los mapas dibujados en julio por el INEGI con su Encuesta Nacional de Ingreso y el Coneval con sus resultados sobre la pobreza mexicana en el 2010 presentan un panorama escabroso. Un territorio minado por millones de mexicanos alejados de posibilidades de inserción pronta en el mundo de lo laboral, que atisban las oportunidades del subsidio, más no del trabajo, y caminan entre el territorio pedregoso de la guerra y la descomposición social.

¿Por qué no invertir las prioridades? Debatir lo social, no lo criminal. Un debate capaz de girar la mira para desvincular la pobreza de la criminalidad o la pobreza del clientelismo político.

La mitad de la población del país es pobre, como quieran verse las cifras o como quieran desagregarse: pobres alimentarios, pobres de capacidad, pobres extremos, pobres entre los pobres. El escenario es simple y doloroso: un mapa pintado de carencias con tonalidades más intensas en algunas entidades, lo que sirve simplemente para confirmar las reglas de la inoperancia del gasto público en materia social o para colocar las medallas de mala administración a los gobernadores del descaro.

La pobreza es vista como caldo de cultivo de la delincuencia. Sí pero no. No todo pobre será narco, ni todo narco nació pobre. El crimen organizado pretende controles territoriales para garantizar sus actividades tanto de trasiego de drogas como de migrantes y las colaterales de secuestro y extorsión. Se sirve de los pobres pero también opera en las zonas de los ricos. En todo caso, sienta reales en la pobreza para fincar su operación criminal, vía soborno y sometimiento. Pero su lubricante fundamental es la corrupción.

Y también la pobreza es vista como el enorme mercado de la legitimidad de la clase política. Comprar el voto será el primer paso para amarrar el subsidio. Como candidatos, los políticos sobornan y establecen un precio al sufragio de los pobres. Como gobernantes, intentan prolongar su legitimidad con subsidios que alargan la perversidad.

Ya se ha dicho mucho: el ingreso nacional total tuvo una caída de 6.8 por ciento y el ingreso promedio familiar se desplomó en 12.3 por ciento. El decil de los más pobres, empero, tuvo una caída de ingreso menor del promedio, llegando a 7.6 por ciento.

¿Qué pasó? Que los ingresos fundamentales de los más pobres provienen de transferencias (léase los subsidios) por encima de ingresos producto de remuneraciones laborales. Es la explicación de la contención pero que no ayuda a detener la descomposición.

La estructura de las políticas sociales gubernamentales, tanto federales como estatales, está hecha de subsidios (vistos ya como dádivas) y no tiene mecanismos que permitan que esas transferencias de dinero público se reproduzcan en ingresos para coadyuvar en la mejora educativa, laboral, de salud o alimentaria.

Son ingresos que mitigan, no curan ni mucho menos regeneran. Los subsidios son padrón y el padrón debe convertirse en votos. Los votos se consiguen con la compra de la voluntad. Enrolarse en una lista de subsidios no es un derecho sino un engaño y una subordinación.

Las transferencias del gasto social federal hacia los gobiernos estatales evidentemente que también están inyectadas de la dosis de perversidad que se suministra a los ciudadanos pobres. Los diputados pelean los recursos federales para sus estados sin criterios de combate a la pobreza sino priorizando las lógicas de control político. Según las cifras de Coneval, en los últimos dos años diariamente 4 mil 500 mexicanos pasaron a ser pobres.

El estado líder en producción de pobreza fue Veracruz que pasó de 3.9 a 4.5 millones de pobres. Como ejemplo, la entidad del Golfo destila claramente las perversidades de la legitimidad que se quiere construir sobre el piso de la miseria: compra de votos en las elecciones (ahí están acreditados los ciudadanos de Morelos a quienes se les pagó por residir en Veracruz a cambio de entregar su credencial de elector el día de los comicios); extensión de la criminalidad con asentamientos territoriales de grupos de sicarios; interminable flujo de gasto federal para diferentes tipos de contingencias, naturales o sociales, que a la luz de las estadísticas no se ven reflejadas en mejorías; deuda pública galopante y corrupción documentada a nivel de gobierno estatal y municipal.

Ésa es la perversidad: los pobres, entre más lo sean, mayor legitimidad pueden aportar, suponen los políticos. El piso de abajo, empero, cruje. Y ya no es asunto de demógrafos ni de sociólogos. Menos de policías.