Por Alán Arias Marín
La estrategia gubernamental es inhibitoria de las capacidades locales en materia de seguridad pública, obstáculo para el fortalecimiento de las instituciones civiles de procuración y administración de justicia. Eso era lo esencial. Grave.
Ilustración: Luis Miguel Morales
En la batahola de una violencia sin fecha de término y la superposición desordenada de intereses y acciones determinadas del gobierno, de los partidos y demás actores políticos institucionales (amén la precaria situación económica), el proceso político mexicano se ha convertido en un galimatías penoso.
Las elecciones de 2012 se han erigido en punto de fuga de cualquier diseño de comportamiento político; la reflexión sólo encuentra racionalidad en ese esquema finalista. 2012 como punto focal al que todo apunta, intencionalidad de cualquier acción. Política restringida, mala política. Ningún problema es asumido como fin en sí mismo sino medio electoral, se incluye lamentablemente en esa lógica el asunto de la seguridad.
No importa que esté en juego un rediseño implícito del Estado, ni que se dirima la cuestión estratégica —la viabilidad democrática del estado de derecho mexicano— de la prevalencia de los derechos humanos (DH), no sólo en términos de su respeto y promoción, sino en lo relativo a los principios y criterios que fundamenten y guíen la constitución de un Estado a la altura de los retos contemporáneos.
En esta feria de imposturas todos “ganan”; no en la realidad y sustancialmente, pero sí en lo que se ha convertido en esencial, el espectáculo mediático. Ganan Calderón y el PAN, “posicionados” como actores interesados en la reforma para la protección legal de las fuerzas armadas (FA), luego de su utilización atolondrada en cuestiones civiles de seguridad pública. El PRI evita el periodo legislativo extraordinario, eventualmente, comprometerse con una reforma donde ganaría poco (acaso entendimiento y benevolencia con las FA), conserva un arma para fustigar la irresponsabilidad e incapacidad para proveer de cobertura legal y legitimación política “la guerra al narcotráfico”, pivote —vertebrador de la administración— que determinará el balance y juicio respecto del sexenio que languidece. Ganan las ONG (Sicilia, Wallace, Morera, Martí, et ál), pues alcanzan notoriedad y protagonismo, por más que sea previsible su mediatización y rol legitimador del embrollo político-legislativo que culmine sea en la congeladora legislativa o en una mala LSN, nugatoria de DH y proclive a la militarización autoritaria del Estado. Hasta las FA, dadas las circunstancias, ganan; mantienen el statu quo: prolongan indefinidamente su intervención necesaria, mantienen sus prácticas y condiciones y, si bien con altos riesgos, consolidan su papel de actor político decisivo.
El núcleo duro de la Ley de seguridad nacional (LSN) es la intervención anticonstitucional de las FA en tareas civiles de seguridad interior; la implementación de la afectación a la seguridad interior (un estado de excepción de bolsillo). La perspectiva mejor para su análisis es el discurso de los DH, paradójicamente lo que más está en riesgo.
Las FA llevan cuatro años en tareas de seguridad pública. Actuantes en carreteras, calles, plazas y domicilios en las ciudades y el campo; su presencia justificada como excepción y advertida como transitoria ha devenido en regular; la LSN busca normalizar jurídicamente una situación de excepción.
No estamos al inicio del sexenio, cuando la ausencia de seriedad e integralidad del diagnóstico hizo que la dimensión y gravedad de la situación nos ofuscara y tomara desprevenidos; estamos al final, y las capacidades institucionales en materia de seguridad y justicia son prácticamente las mismas que en el comienzo de la presidencia de Calderón. Fracaso. Falta de vergüenza e irresponsabilidad. Deberíamos de hablar ya del procedimiento de repliegue del Ejército a los cuarteles; estamos metidos de cabeza en el debate de cómo normalizar y otorgar protección legal a su intervención en las tareas civiles de seguridad pública.
No ha habido un solo caso de éxito sustantivo, real, en el sentido de asistir a un repliegue de las FA, a sus funciones naturales —como lo frasea el documento de la UNAM— en virtud de ya ser innecesarias. No hay un solo caso donde el repliegue aparezca como probable en el corto y/o mediano plazos.
Ello prueba la mala estrategia gubernamental. Inexistente o errónea ponderación de la correlación de fuerzas, adolescencia de cualquier cálculo responsable de la ecuación costo-beneficio, equívoca y estrecha concepción belicista del combate al crimen organizado, cabal incomprensión del multidimensional y globalizado fenómeno del narcotráfico; en consecuencia, limitados resultados, consecuencias indeseadas y perversas, una dramática, la intervención militar y la unilateralidad dominante del carácter bélico-policial de la estrategia gubernamental son inhibitorias del desarrollo de las capacidades locales en materia de seguridad pública, obstáculo para el fortalecimiento de las instituciones civiles de procuración y administración de justicia. Eso era lo esencial.
Grave.
FCPyS-UNAM. Cenadeh.
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