Foto: Eduardo Miranda
El programa de modernización de las refinerías de Pemex iniciado hace 15 años absorbió importantes recursos de la paraestatal y ahora que concluyó con la inauguración de la planta Lázaro Cárdenas, de Minatitlán, Veracruz, ya resulta obsoleto. El sueño de que alguna vez México sería autosuficiente en la producción de gasolinas y carburantes no fue más que una quimera. Los sobornos que pagan las empresas para ganar licitaciones, la falta de supervisión en las obras y la elevación deliberada de los costos se han convertido en lastres imposibles de remover.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Mientras la importación y los precios de los combustibles siguen a la alza debido a la baja producción de las refinerías, funcionarios de Petróleos Mexicanos y empresarios se enriquecen mediante la asignación de contratos cuyos costos son alterados en la mayoría de los casos en menoscabo de las finanzas de la paraestatal.
De acuerdo con nuevas denuncias sobre presuntos actos de corrupción en la empresa, de las que tomó registro este semanario, en la subsidiaria Pemex-Refinación opera una red de funcionarios encabezada por Bernardo de la Garza Hesles y su secretario particular, Carlos Riquelme Cacho, quienes ejercen fuertes controles en las refinerías y, a cambio de pagos millonarios, asignan contratos no sólo en forma directa, sino en beneficio de compañías que se encuentran en la lista negra de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Las maniobras para obtener los contratos y beneficiar a las firmas que pagan “su cuota” las realizan a través de superintendentes y gerentes de las refinerías de Madero, Cadereyta y Salamanca, por citar sólo tres de las ocho que conforman el Sistema Nacional de Refinación. De esa manera se asignan los contratos para efectuar reparaciones, los cuales son por montos que van desde los 6 millones hasta los 46 millones de pesos, según consta en los contratos signados, cuyas copias tiene Proceso.
Las fuentes a las que tuvo acceso este semanario, que pidieron el anonimato, señalan que uno de los empresarios que funge como principal enlace de De la Garza Hesles y Riquelme Cacho con diversas empresas para obtener contratos es Juan Manuel Morales Galicia, quien suele ostentarse como funcionario del área de recursos humanos de Pemex y presume una vieja amistad con el expresidente Vicente Fox, relación que utiliza para “abrir puertas” en la paraestatal.
Mediante la influencia de Morales Galicia, por ejemplo, la empresa Petroservicios, S.A. de C.V., logró en junio último la adjudicación de las licitaciones 18575008-544-11, por 69 millones 986 mil 229.19 pesos; 18575008-536-11, por 74 millones 702 mil 971.55 pesos, y 18575008-532-11, por 70 millones 180 mil 262 pesos.
Los contratos se asignaron a pesar de que la compañía ADT Petroservicios fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública desde 2005, cuando se vio envuelta en un escándalo de corrupción a raíz de que el 22 de diciembre de 2004 se fracturó el oleoducto de Teapa, localizado en Veracruz, que provocó un derrame de más de 5 mil barriles de crudo.
Funcionarios de Pemex solicitaron los servicios de siete empresas para reparar el ducto y normalizar el flujo de combustibles, así como para realizar la limpieza en las comunidades afectadas y en las zonas aledañas al río Coatzacoalcos.
Las compañías contratadas fueron Saint Martin Construcciones, Gainer Servicios Ambientales, Aquapress, ADT Petroservicios, Construcciones y Reparaciones del Sur y Lico Ambiental. Estas compañías fueron inhabilitadas posteriormente por la SFP por prestarse a maniobras para inflar los costos de los trabajos, lo que derivó en un fraude superior a los mil millones de pesos en perjuicio de la paraestatal.
Sin embargo, de la mano de Morales Galicia y con el respaldo de De la Garza Hesles y Riquelme Cacho, la compañía ADT Petroservicios continúa operando en las plantas de refinación de Pemex.
“Manuel Morales Galicia cobra 500 mil pesos por recomendar a una empresa con sus amigos en Pemex. Los depósitos se le realizan en su cuenta de Bancomer (Plaza Altamira) 1553072282, sucursal 6836”, acusa un contratista en un documento cuya copia tiene este semanario.
Y eso no es todo. Según el denunciante, Morales Galicia y Carlos Riquelme “se reúnen cada semana en el hotel Del Prado para cerrar los negocios” relacionados con los contratos que asignarán a las empresas que efectuaron sus pagos anticipados.
A través de Riquelme Cacho, de Juan Arturo Hernández Carrera y del secretario particular de éste, Orlando Secopori –ambos funcionarios de la subdirección de Pemex en la región norte–, Morales Galicia ha tejido amplias complicidades en las refinerías de Cadereyta, Salamanca y Madero.
En esas plantas, la empresa Fonte Suministros S.A. de C.V. –de la cual es socio y gerente– ha obtenido 22 contratos sin licitación tan sólo en este año, según se registra en el portal de Compranet del gobierno federal con los números 18576003-0006-09, 18576003-0044-10, 18576003-0158-09, entre otros.
Fracaso
Desde que empezó la “modernización” del Sistema Nacional de Refinación (SNR), hace 14 años, los trabajos para la reconfiguración de las seis plantas de Pemex no han estado exentos de escándalos por actos de corrupción, tráfico de influencias, contratos amañados, retrasos por mala planeación y aumento deliberado de costos.
En 1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se inició la reconfiguración del SNR en la planta de Cadereyta, Nuevo León. Entonces se dijo que con esta acción se reduciría la importación de combustibles, en su mayoría traídos de Estados Unidos.
La reconfiguración de la refinería de Cadereyta enfrentó serias complicaciones y con ello se truncó el sueño de abatir las importaciones de combustibles. Con el tiempo se destapó la corrupción que hubo durante los trabajos para la modernización de la planta, que concluyeron cinco años después de lo programado. Mala planeación, sobornos millonarios, tráfico de influencias y costos inflados lastraron el proyecto, cuyo costo se disparó de 200 millones de dólares a mil 800 millones de dólares.
Concebida como la obra emblemática del sexenio de Ernesto Zedillo, la refinería de Caderyta se convirtió en un embrollo tan grande que tanto Pemex como el consorcio Comprota –que ganó la licitación para reconfigurar la planta– terminaron litigando el asunto ante un tribunal internacional en París, instancia que falló en contra de la paraestatal.
En la actualidad, esa refinería es obsoleta, pues no cuenta con capacidad para refinar los combustibles pesados, por lo que se tienen que enviar a Estados Unidos.
Como parte del programa para modernizar las refinerías y optimizar el SNR, Pemex lanzó un proyecto para reconfigurar las plantas de Tula, Salamanca, Madero, Salina Cruz y Minatitlán, y un plan adicional previó la construcción de una refinería en Hidalgo.
La refinería Lázaro Cárdenas, la más antigua de América Latina, localizada en Minatitlán, Veracruz, fue la última en ser modernizada. Los trabajos se concluyeron con tres años de retraso y su costo inicial estimado, que era de mil 500 millones de dólares, se elevó a 3 mil 559 millones de dólares. El pasado 28 de julio, el presidente Felipe Calderón realizó una gira por el sur de Veracruz e inauguró esta planta modernizada. En el acto justificó la demora para la conclusión de los trabajos y el elevado costo de la obra:
“El retraso se debió a los innumerables problemas asociados al costo de los insumos, a diversos proyectos y a la multiplicidad de empresas que finalmente participaron. Todo ello fue derivando en un retraso que incluso hacía peligrar la viabilidad del proyecto.”
Las cifras del presidente relativas a la producción de combustibles son optimistas. Dijo que con la puesta en marcha de la refinería Lázaro Cárdenas la producción pasará de 160 mil barriles a un máximo de 285 mil barriles diarios. En lo que toca a gasolinas, anunció que aumentará de 45 mil a 93 mil barriles diarios. Con 12 plantas, la refinería de Minatitlán –según los datos oficiales– permitirá reducir la importación de gasolinas y elevará la producción.
Sin embargo, el optimismo presidencial no coincide con los informes internos de Pemex, los cuales establecen que pese a su modernización el SNR se encuentra en crisis.
El retraso en la modernización de las refinerías –sus elevados costos y la corrupción generalizada que contaminó los proyectos– implicó la importación de más de 50 mil barriles diarios de combustibles en los últimos cinco años. Esta cifra se suma a los 400 mil barriles que actualmente se siguen trayendo al país provenientes de Estados Unidos para el abasto nacional.
A pesar de que hasta antes del 27 de julio sólo faltaba concluir la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, el SNR ya muestra signos de obsolescencia, pues su capacidad de refinación no satisface las necesidades actuales, y de acuerdo con reportes oficiales genera pérdidas cuantiosas.
En un estudio interno titulado Diagnóstico de Pemex Refinación, elaborado este año, se indica que esa rama de la paraestatal enfrenta una situación desfavorable ocasionada por graves deficiencias operativas y limitaciones de infraestructura, institucionales, normativas y de regulación, además de que no tiene recursos suficientes para financiar sus programas de operación, mantenimiento y expansión.
“La situación –detalla el informe– es especialmente crítica en el caso de la infraestructura de producción, que ha permanecido con un incremento limitado en capacidad frente a una demanda de petrolíferos que aumenta a tasas más elevadas que la economía nacional.
“Este conjunto de factores, en combinación con la política de precios y restricciones administrativas, ha repercutido en los resultados financieros de la empresa, que ha presentado pérdidas desde su creación como organismo subsidiario.”
Con base en las estadísticas de Pemex, actualmente se necesitan 790 mil barriles diarios de combustibles para abastecer el mercado nacional, de los cuales alrededor de 400 mil se importan de Estados Unidos.
Como resultado de las frecuentes importaciones, la paraestatal arrastra pérdidas desde hace una década; en el informe referido se expone que ha dejado de tener ingresos por 52 mil 696 millones de dólares mensuales.
A la baja producción de las plantas de refinación y a las pérdidas económicas se suman otros daños causados por los paros constantes de las operaciones en las refinerías, así como por los accidentes, que han aumentado entre 2007 y lo que va de este año.
Mientras la paraestatal enfrenta graves pérdidas financieras por su baja producción de combustibles, algunos funcionarios de la subsidiaria Pemex-Refinación obtienen ganancias millonarias por el tráfico de influencias que ejercen para obtener jugosos contratos a favor de las empresas de sus amigos y socios.
Es el caso de Riquelme Cacho, quien recibe pagos en su cuenta personal; según las fuentes que transmitieron sus denuncias a Proceso, esos pagos provienen de las empresas que él mismo ha beneficiado mediante la asignación de contratos.
Un caso que ilustra lo anterior es el que se presentó en 2010. En septiembre de ese año, Pemex-Refinación asignó un contrato directo a la empresa Construcciones y Edificaciones Fénix para realizar trabajos de reparaciones en la refinería de Madero. El monto de la operación fue de 6 millones 999 mil 991 pesos.
Tres meses después, en diciembre, la subsidiaria le otorgó un contrato a la compañía USA Technologies de México, S.A. de C.V., para realizar los mismos trabajos en la planta de Madero, pero en esta ocasión el costo de los trabajos se elevó a 15 millones de pesos. Datos obtenidos por el reportero revelan que el costo final de la obra fue de más de 40 millones, sin justificación aparente (Proceso 1810).
Después de que concluyeron los trabajos en la refinería, comenzaron a fluir depósitos en efectivo en la cuenta 00743 534730148368368 de Bancomer a nombre de Riquelme Cacho. Entre enero y marzo de este año, por ejemplo, recibió seis depósitos, cinco de ellos por 50 mil pesos y uno por 40 mil que, según las denuncias, provienen de las empresas beneficiadas con la asignación de contratos. El pasado 30 de junio recibió 55 mil pesos y una semana después su cuenta recibió dos depósitos en efectivo por la misma cantidad, sin justificación aparente, pues su salario quincenal es de 26 mil 246.29 pesos.
Para conocer mayores detalles sobre la corrupción en Pemex y el avance de las investigaciones en contra de Bernardo de la Garza, Proceso solicitó entrevistas con dos diputados de la Comisión de Energía: Pedro Jiménez León, legislador de Convergencia, y Francisco Burelo, del PRD. El primero dijo que tenía mucho trabajo partidista y que por lo mismo no disponía de tiempo. Con el segundo se había programado una entrevista para el miércoles 27 de julio, pero hasta el cierre de esta edición el legislador no dio señales de querer concederla.
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