Día a día esta abrupta geografía se transforma por el desplazamiento de millones de toneladas de materiales y la tala de miles de árboles por arte de los grandes proyectos mineros. Las empresas canadienses han caído por acá como los prófugos extremeños que vinieron a conquistarnos hace cinco siglos. Ahora casan sus razones sociales con los locativos indígenas o mestizos: Mine Finders en Huizopa, Agnico Eagle en Ocampo, Coeur d’Alene en Chínipas, Gold Corp en Urique.
Para muestra, el botón de Huizopa, municipio de Madera. La corporación Mine Finders al principio encontró una fuerte resistencia en la directiva del ejido Dolores, inspirada todavía en Arturo Gámiz, quien fue maestro en la pequeña escuela del poblado. Exigían a la corporación una parte razonable de las ganancias, de acuerdo con los reportes a los accionistas de ésta; obras de mitigación de daños ambientales; casas y solares urbanos adecuados, ya que la principal veta va por abajo del antiguo poblado; construcción de la carretera a Ciudad Madera y apoyo a las pequeñas empresas de los ejidatarios para que funjan como proveedoras de bienes y servicios de la minera. La compañía canadiense no tuvo recursos suficientes para cumplir las exigencias, pero sí para dividir a la comunidad y cooptar a un grupo disidente, que luego se apoderó de la directiva.
Los resultados: se han arrasado cientos de hectáreas de bosque; al abrirse grietas en la piscina de lixiviación, se generaron fugas de cianuro de sodio e hipocloritos que contaminan las fuentes del río Yaqui, suelo y bosques. Las descargas de los drenajes de los campamentos de trabajadores contaminan también arroyos y manantiales. Ha habido despojo de tierras al ejido. Para que todo esto se invisibilice se censura a los medios de comunicación locales y se hostiga a quienes se atreven a denunciar, como ha sucedido al profesor Dante Valdez.
Así sucede por donde las mineras han venido a sentar sus reales: tan sólo en Chihuahua hay 109 proyectos mineros y 2.7 millones de hectáreas concesionadas a un puñado de compañías extranjeras, el 10.7 por ciento del total concesionado a nivel nacional y el 11 por ciento de la superficie toda de la entidad más extensa de México. El auge minero se explica porque el precio del oro se ha disparado en los últimos cinco años desde 600 dólares la onza a mil 643 en estos días. Y las utilidades de las empresas en México se fueron de 207 millones de dólares en 2002 a 3 mil 133 en 2010 (Diario de Chihuahua, 26 de julio de 2011).
La yerba es otra de las riquezas escrituradas por el diablo a la sierra de Chihuahua. A pesar de la guerra calderoniana contra el narcotráfico, el cultivo de mariguana y amapola se ha expandido. Parte de los incendios forestales de la primavera pasada fue provocada, no por la sequía, sino por los narcosembradores que quemaban el bosque para abrir nuevas tierras al cultivo. Al concentrarse la actividad policiaco-militar en el combate a los cárteles en las ciudades se ha relajado la vigilancia sobre el cultivo de enervantes. Así, la erradicación de plantíos durante los cuatro primeros años de Calderón se redujo en 44 por ciento, y a febrero de 2009 se hablaba de que la superficie cultivada de los mismos había ascendido en 200 por ciento (notas de Gustavo Castillo en La Jornada, 15 de febrero de 2009 y 12 de septiembre de 2010).
Todo esto tiene un doble significado para las comunidades serranas: para algunas familias representa la única oportunidad de hacerse de un ingreso; para otras, la amenaza continua sobre sus vidas, sus tierras y sus magras pertenencias. Aunque durante el tiempo de cultivo reina una calma chicha, en cuanto empiezan la cosecha y la venta, la violencia y la disputa del territorio entre los cárteles se intensifican. En todo caso, como lo acaba de mostrar Miroslava Breach, los delincuentes son quienes controlan buena parte de estas serranías (La Jornada, 25 de julio de 2011).
Al lado de la riqueza del oro amarillo de la minería a cielo abierto o del oro verde de los narcóticos, la hambruna es una amenaza real para 25 mil familias serranas. Un invierno seco y unas precipitaciones veraniegas a un décimo del promedio han impedido que la mayoría de las comunidades indígenas siembren maíz y frijol, o si lo hacen, lo hagan en seco
, con mínimas esperanzas de que algo brote. Para todas estas familias, en su mayoría indígenas, de agricultura de subsistencia, el panorama para los próximos días es el de la hambruna. Por esto, diversas comunidades y organizaciones demandan un programa alimentario emergente.
En el microcosmos de la sierra de Chihuahua, el Estado, como dice Jean Robert, se ha divorciado de la ética, lo que imposibilita la distinción entre la economía legal y la economía del crimen. Ni evita el despojo ni modera la riqueza ni es eficaz para reducir el sufrimiento de la gente. ¿Se requieren más signos de decadencia para convencernos de que urge refundar el Estado, pero desde abajo?
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