Reformas a Ley de Seguridad Nacional, para qué

Por Ernesto López Portillo

La participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública es consecuencia de una larga sucesión de errores, principalmente de las autoridades civiles, cometidas en particular durante las tres últimas décadas. Es una situación que todos debemos reconocer como anómala y cuyas raíces son coyunturales. El diseño constitucional es claro: ellas están confinadas a una misión y un régimen coherente con su naturaleza bélica. Pero la incapacidad de las autoridades civiles nos condujo a lo que una colega definió como “el gobierno de la seguridad por coyuntura”, lo que significó transferir a los militares la tarea que no se hizo con los civiles. Desde la década de los 80 comenzaron los avisos; los problemas crecían, la violencia y la inseguridad avanzaban y no llegaban las reformas legales e institucionales, ni las decisiones judiciales que modernizaran y sanearan a las autoridades civiles responsables. En cambio, a la manera de una oleada incontenible, los gobiernos de todos los partidos y la misma Corte de Justicia de la Nación abrieron una válvula de escape para bajar las presiones: pedir auxilio a los militares.

Por otro lado, he acumulado incontables relatos creíbles en cuanto a la manera en que las propias Fuerzas Armadas reclaman regularmente como suyas intervenciones en eventos propios de la seguridad pública y la procuración de justicia mediante la argucia de justificarlos como asuntos de seguridad nacional, por lo cual carecían de control democrático alguno. Tenemos así un fenómeno histórico claramente identificable: la autoridad civil hizo vacío y la militar lo ocupó, por invitación y por impulso propio. Pero la historia no pasa en vano. El abandono civil de los aparatos de seguridad pública y justicia penal hizo crisis mayor en el marco de un salto de inseguridad y violencia de proporciones épicas, mientras que también reventaron las contradicciones entre los estándares de operación de las Fuerzas Armadas y los derechos humanos, llevando a los jueces de la Corte Interamericana a imponer medidas de contención sobre la jurisdicción y la operación militar en México, decisión posteriormente validada por nuestra Suprema Corte. La historia nos alcanzó con instituciones civiles crónicamente débiles y militares operando fuera de su bolsa de contención.

¿Qué hacer? Primero, acordar que las instituciones civiles y militares deben cumplir sus misiones constitucionales, comenzando por respetar y promover los derechos humanos; segundo, clarificar el puerto de llegada deseable, es decir, fortalecer a los aparatos de seguridad pública y justicia penal, así como regresar a las Fuerzas Armadas a sus tareas ordinarias; tercero, construir un plan para lograrlo, y cuarto, establecer un pacto de Estado que articule el apoyo político, institucional y social en torno a la ejecución del plan.

Lo que en realidad ocurre es que no hay un plan ni un pacto. La discusión en torno al proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Nacional es sintomática de lo anterior. La ausencia del plan genera incertidumbre en torno a los fines de la reforma. La falla recae en el gobierno federal e impacta en toda la arena de debate; al no haber una ruta sólida y convincente de fortalecimiento de las autoridades civiles y un mecanismo de salida de las Fuerzas Armadas, sujeto a condiciones objetivas, el debate se contamina de interpretaciones fundadas en las dudas respecto a los fines de la reforma. El segundo gran problema del debate tiene que ver con la evaluación de los estándares de rendición de cuentas del ejército. Hay dos posturas que hacen punto muerto. Por un lado, esas instituciones se autoevalúan y nos informan que toda conducta desviada entre sus filas tiene consecuencias; por el otro, actores y grupos independientes han documentado justo lo contrario, de manera que hay violaciones a derechos humanos por parte de personal militar, que quedan impunes. Conclusión: falta un plan que contextualice la reforma en coordenadas políticas que comprometan el retiro progresivo y ordenado de las Fuerzas Armadas y falta, además, un mecanismo de supervisión sobre la calidad de la rendición de cuentas militar que sea convincente al interior y exterior de las instituciones armadas. Tal vez las reformas a la Ley de Seguridad Nacional podrían avanzar mucho mejor si ambas carencias se colman.

@elpv68

Director del Insyde