Lucha en lodo

TOLVANERA

Roberto Zamarripa

De Elba a Eruviel, pasando por Francisco Olvera y los Moreira, la violación legal marca la guía de victoria. No puede ganarse una elección con el respeto a la legalidad. Hay que gastar más de lo permitido, hay que hacer campaña anticipada, hay que usar recursos públicos para ganar votos. Dime de qué partido eres y te diré qué artículo violaste.

La lucha por el poder político está subordinada a la obtención del dinero. Dinero para spotizar, para comprar el voto, para sobornar. Con dinero baila el voto. Todo lo que estorbe la posibilidad de obtención de dinero -del erario público, de lavado, de donaciones comprometidas- deberá hacerse a un lado. Leyes, reglamentos, consejeros, candidatos, activistas, votantes que contraríen esa lógica, estorban y por tanto proliferan los esfuerzos de sus antagonistas por anularlos.


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El pasado 24 de junio en el Encuentro Nacional de Magistrados Electorales realizado en Chihuahua, Rodrigo Aguilar Benignos, especialista mexicano radicado en Washington y consultor de Creative Associates Internacional, hizo una exposición denominada "Marco para la Seguridad Electoral" con el propósito de sensibilizar a funcionarios sobre los riesgos de que la violencia y el conflicto determinen los resultados de comicios.

Creative ha desarrollado ese marco para brindar asesorías en países de la zona este de Africa, del occidente como Sierra Leona o del sur como Zimbabwe. Como herramienta de evaluación se ha aplicado en Bangladesh y Colombia. La base de la propuesta de la Consultoría es prevenir y/o mediar en los conflictos electorales para defender su legalidad.

Ante el auditorio integrado por funcionarios electorales, Aguilar Benignos enumeró 24 tácticas violentas que según Creative amenazan comicios y que se han presentado en países con democracias frágiles de Africa, Asia y América Latina.

Entre las tácticas violentas y/o amenazantes se presentan la "intimidación o remoción de jueces independientes", "intimidación o ataques contra autoridades electorales"; "intimidación o amenazas a periodistas"; "incremento de violencia verbal en medios de comunicación"; "incremento de tasas de extorsión o secuestro", "choques entre adherentes de partidos políticos"; "ataques a candidatos"; "atentados"; "ataques a observadores nacionales e internacionales". El día de votación se presentan "ataques armados de grupos rebeldes y ataques contra estaciones de policía"; "intimidación de votantes"; "ataques a autoridades electorales u observadores"; "destrucción de material y/o boletas electorales". Al final de los comicios "violencia callejera"; "resistencia de grupos a admitir resultados"; "escalamiento de violencia sectaria".

Rodrigo Aguilar preguntó a su auditorio integrado por funcionarios electorales mexicanos si en las entidades donde laboraban se presentaban al menos una de esas circunstancias durante procesos electorales. Todos guardaron silencio. El espejo no hacía ver bien a Tamaulipas, por mencionar alguna entidad.

Estados, municipios o distritos electorales completos no se salvan de alguna de esas circunstancias. No hay guerrillas pero hay zetas. Hay funcionarios y autoridades amenazados y también eliminados. Hay precandidatos y candidatos asesinados.

Hay secuestro, extorsión y violencia. En el primer semestre del 2011 -cuando se desplegaron precampañas y campañas electorales- cuatro estados con comicios sumaron 665 ejecutados por la narcoviolencia. Coahuila tuvo 245, Nayarit 162 e Hidalgo 27. Estado de México tuvo 231 ejecuciones pero este fin de semana una decena de asesinados más ocurrieron como evidente amenaza al proceso electoral.


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México combina la intimidación de poderes fácticos a las autoridades electorales y candidatos con la violencia cotidiana en las comunidades que atemoriza a ciudadanos y gobernantes. La decisión de quiénes deben ser legisladores o gobernadores no reside esencialmente en el ciudadano. Los poderes fácticos o las capillas de partidos deciden quién puede contender y bajo qué reglas en función de su sometimiento y de su dinero. Las instituciones electorales dejan de ser imparciales y dan la puntilla a los procesos inequitativos.

Las narcomafias hacen lo suyo con la eliminación violenta.

Todos violan la ley. El confeso delito de Elba Esther disfrazado de "acuerdo político" (vender y pervertir el voto de maestros a cambio de puestos y presupuesto público) o las acciones del síndico Santiago Cristóbal, de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, atrapado con un millón de pesos en efectivo para comprar el voto de indígenas otomíes se inscriben -ateniéndonos a las consideraciones de la Consultoría Creative- en la vía para lograr la gobernabilidad mediante la ilegalidad electoral. Los autores de los conflictos actúan sin consecuencias de castigo, engendrando una cultura de impunidad, advierte Creative.

El corolario mexicano es la pólvora humeante que también tacha las boletas. Pasados por agua, los comicios de este domingo han sido, sin exagerar, una auténtica lucha en lodo.