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Publicada sólo por un puñado de medios la denuncia presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas en que calificó de antisindical al gobierno, pasó de noche en el país la reunión número 100 de la Organización Internacional del Trabajo celebrada hace unos días en Ginebra
Se diría que el tema laboral ya no genera la expectación de antaño, cuando la Concamin y la Coparmex se peleaban la representación patronal, y el Secretario del Trabajo en turno sellaba su agenda para garantizar su asistencia al evento.
Lo cierto es que la convocatoria a lo que se calificó como búsqueda de “una nueva era de justicia social”, logró reunir a cinco ex jefes de Estado y de Gobierno que forman el llamado “Club de Madrid”.
Y lo cierto es que la discusión alcanzó a temas torales para el país. Ya la discriminación laboral a trabajadores migrantes, la persistencia del trabajo infantil, la desocupación de millones de jóvenes sin acceso a oportunidades, la falta de equidad en el tratamiento hacia el trabajo femenino, las condiciones en que laboran las empleadas domésticas, la inconsistencia en los esquemas de prevención en materia de higiene y seguridad, la falta de cobertura en la seguridad social…
Entre los compromisos adquiridos por el organismo está la adopción, por primera vez en la historia, de normas laborales internacionales destinadas a mejorar la condición de quienes realizan trabajo doméstico en el escenario de la economía informal.
El catálogo, a título de recomendación, se planteará para su adhesión a los 183 países integrados al organismo, lo que le daría condición de obligatorio.
El escenario plantea el que los y las trabajadoras domésticas gocen de los mismos derechos básicos de otros trabajadores, incluyendo horas de trabajo razonables, descanso semanal, y de pasadita limitar los pagos en especie y ofrecer respeto absoluto a los principios y derechos fundamentales de trabajo, incluyendo los de libertad sindical y negociación colectiva.
Aunque oficialmente se estima que existen en 117 países con censo actualizado 53 millones de trabajadores domésticos, el número podría llegar a 100 millones, dada la tendencia a ocultar los registros, considerando que 83% son mujeres o niñas, y muchos de ellos migrantes o indocumentados.
En los países en desarrollo se estima que este tipo de labores representa entre 4% y 12% del empleo asalariado.
El texto habla de que “el trabajo doméstico continúa siendo infravalorado e invisible, y lo realizan principalmente mujeres y niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, lo que los hace particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de trabajo y empleo, así como a otros abusos de los derechos humanos”.
Otra de las recomendaciones emanadas de la reunión de Ginebra habla de promover la igualdad en el trabajo, en un escenario en que la discriminación se está convirtiendo en regla, no en excepción.
La baraja habla de varias formas, que oscilan desde el acoso sexual a jóvenes dependientes económicamente, solteras o divorciadas, hasta racismo, pasando por las condiciones denigrantes en que se contrata a trabajadores migrantes indocumentados en abuso de su condición.
La lista habla también de discriminación por motivos religiosos o políticos. De hecho, el fenómeno se acrecienta en el sector público, donde se exige fidelidad al partido en el poder.
Más allá, sigue existiendo discriminación hacia los discapacitados.
La receta habla de implantar una combinación de políticas de crecimiento económico con políticas de promoción del empleo, la protección social y los derechos laborales, “demandar, pues, que los gobiernos, los mandantes sociales y la sociedad civil puedan trabajar conjuntamente”.
Como lee usted, la discusión era de la máxima prioridad, no sólo para el gobierno sino para los empleadores.
¿Se acuerda usted cuando la Secretaría del Trabajo acusó al ex presidente de la Concamin, Ismael Placencia, de no haber acudido a la reunión del organismo en su calidad de representante de México, gastos pagados al calce, por vacacionar en la Unión Europea?
Balance general
Finalmente estalló el cohete en el caso Mexicana de Aviación ante la excesiva cautela de los funcionarios encargados de seleccionar a la firma al rescate, tras el colosal fiasco que representó la fallida intentona de PC Capital.
El empresario minero Iván Barona Ramírez le envió una carta al presidente Felipe Calderón, quejándose de la pretensión de descalificarlo por no exhibir los 250 millones de dólares exigidos como mínima muestra de liquidez.
El problema, lo advertíamos en este espacio, es que para hacer efectivo el financiamiento reclamado se requiere del visto bueno a la firma para entrar al relevo.
Lo inaudito del asunto es que en su proyecto el empresario hablaba de un fondeo de hasta 500 millones de euros, de los cuales 250 se utilizarían sólo para cubrir pasivos.
Los recursos se pagarían en 15 años, con una tasa de interés de sólo 2%.
La posibilidad hablaba de poner en vuelo entre 75 y 100 aviones en 18 meses
Enredos de Posadas
Hace unos días, con bombo y platillo, el vicepresidente del Grupo Posadas, Pablo Azcárraga Andrade —su hermano Gastón desde hace meses no da la cara—, hablaba de una inversión de 500 millones de dólares para apuntalar la expansión de la cadena hotelera, señalando marcas, lugares y etapas en que se desarrollarían las obras.
La paradoja del caso es que ahora éste sale al ruedo a declarar que el grupo requiere con urgencia 50 millones de dólares.
Digamos que tiene para invertir 500, por más que ahora se hable de recursos de terceros, y no tiene 50 en la bolsa.
La tónica es la misma de su reacción a bote-pronto frente a las versiones de haberse colocado en venta: No vendemos… a menos que se ofrezca un buen precio.
El mismo enredo en que se colocó en su momento Mexicana de Aviación, de la que el grupo tenía 30%.
Vitro sí… pero no
La buena noticia para el Grupo Vitro es que el Tribunal de Bancarrotas para el Distrito Norte de Texas le otorgó una protección extraordinaria frente a la pretensión de un porcentaje minoritario de sus tenedores de bonos de deuda de forzarla por la vía legal a pagarles 100% del valor de éstos, en desconocimiento del concurso mercantil a que se acogió la empresa en México.
El plazo se extiende hasta el primero de julio próximo, en afán de evitar cualquier apelación de la contraparte.
La mala es que el paraguas no alcanza a cubrir a las subsidiarias del emporio con sede central en Monterrey. El pleito, pues, apuntará a éstas.
Como usted sabe, los fondos que se adjudicaron los papeles en los mercados secundarios pagaron sólo 12 centavos de cada dólar de costo nominal.
La posibilidad de un concurso mercantil para Vitro surgió al aceptar un porcentaje abrumador de sus acreedores una propuesta de reestructura global de su débito calculado en 3 mil 900 millones de dólares.
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