La casa de los senadores.

Bucareli

Por Jacobo Zabludovsky

Si no fuera porque se trata del recinto donde se elaboran nuestras leyes, sería otro de esos negocios sospechosos que los remolinos de la influencia colocan en el camino de políticos afortunados.
Lo que ocurre es que ese espacio no es un lugar cualquiera, sino el ambiente donde la asepsia es fundamental para la calidad del producto. Imagínese un laboratorio de medicinas donde los empleados entran con las manos sucias, pisan sobre un basurero, adquieren materias primas de origen turbio y rellenan ampolletas de dudosa calidad y tal vez usadas. La diáfana transparencia de sus conductas es para los funcionarios públicos, de elección o dedazo, lo que para la industria farmacéutica la higiene en la fabricación de sus menjurjes. Y ése es el problema de la nueva casa de los senadores mexicanos, desde la compra de los terrenos hasta su inauguración vergonzosa y vergonzante, pasando por todas las etapas de su factura y de sus facturas.
La corredora inmobiliaria Mayra Correa Hernández denunció en el periódico electrónico Reporte Índigo, dirigido por Ramón Alberto Garza, las irregularidades en la compra de los predios ubicados donde si se hubiera convocado a un concurso sobre el sitio más inadecuado para el Senado habría ganado por aclamación: el cruce de Insurgentes y Reforma, terreno del máximo precio en la república, disputado por hoteles de lujo y promotores de condominios para multimillonarios. Ahí. Primera sospecha: ¿por qué ahí?
Y luego los concursos, las licitaciones, los errores y todo el concepto arquitectónico grandote y sin embargo anodino, en cuya realización se gastó 52% más del presupuesto asignado. Una comparación de costos fortalece las sospechas y obliga a una investigación. Cuando la obra fue terminada (si a eso se le llama terminar) el gasto, incluyendo el de los predios, era de 3 mil 276 millones de pesos (Excélsior, página 4, mayo 4 de 2011). La superficie construida es de 75 mil metros cuadrados. Comparemos precios por metro cuadrado con otros edificios recientemente levantados en la misma zona de la ciudad.
Senado de la República: 16 pisos, 43 mil pesos por m2 de construcción.
Torre Mayor, el edificio más alto de México, 21 mil pesos por m2. Con sus 59 pisos, 43 más que el Senado, costó lo mismo.
Hotel St. Regis, 18 mil pesos por m2, 40 pisos y 125 mil m2 de construcción, costó 120 millones de dólares, menos de la mitad que el Senado.
Torre HSBC, frente al Ángel, 22 mil pesos m2, con 20 pisos más que el Senado, costó 150 millones de dólares, casi la mitad.
Dos torres más por terminarse: Torre Reforma, con 57 pisos y una superficie construida similar a la del Senado, costará 100 millones de dólares. Y Torre Mapfre, con 27 pisos y 61,500 m2, tendrá un costo aproximado de 145 millones de dólares.
Los datos publicados por Reporte Índigo obligan a una investigación inmediata y minuciosa, realizada por instituciones respetables y creíbles, especializadas en toda la gama de oficios y profesiones involucradas en un proyecto de las dimensiones del que nos preocupa. Ya hay dos peticiones de investigar, aparte de la de Mayra Correa. Una, de Diego Fernández de Cevallos, presidente del Senado cuando se compró el predio, señalado por la corredora como uno de los negociadores junto a Enrique Jackson, Jesús Ortega, Salvador Rocha Díaz y Mauricio Fernández. Otra, de Ricardo Monreal, quien logró un punto de acuerdo con sus colegas senadores para que se abran los expedientes y se audite todo el proceso.
Como en las clásicas intrigas policiacas, la trama ofrece sorpresas. Mayra Correa fue levantada por dos individuos armados cuando corría en un parque de Toluca, interrogada, advertida y amenazada para que se callara o de lo contrario su vida, la de su mamá y la de sus gatos, según declaró, estaban en peligro. Le preguntaron quién se escondía detrás de sus denuncias, quién le estaba pagando, de qué pruebas disponía. La pasearon y devolvieron al sitio del secuestro. Eso fue el jueves 5 de mayo.
La voz de la señora Correa ha sido como la llave de una caja de Pandora en la que están metidos no sólo personajes del Senado sino de otros organismos oficiales, como el Gobierno del DF. No únicamente los nombrados por ella deben estar interesados en saber la verdad y dejar en claro si hay o no culpables. En tratándose de funcionarios públicos hasta la negligencia o el descuido pueden ser posibles delitos a perseguir.
El resultado, cualquiera que sea, puede ayudar a la justicia.
Pero ninguna ofrenda en el templo de la ley será más milagrosa que la prontitud y limpieza con que los propios senadores hagan su tarea: levantar el tiradero.
O esconder la mugre bajo la alfombra.