Multar a los gigantes

PLAZA PÚBLICA
Miguel Ángel Granados Chapa

Supongo que si una encuesta midiera el efecto público de la multa de 12 mil millones de pesos impuesta la semana pasada a Telcel por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), la mayor parte de los consultados aplaudiría la medida. Sin considerar el contexto, vista la decisión administrativa en sus aparentes propios méritos, parece plausible. E independientemente de la base legal en que se asienta (se aplica la regla de la contumacia sin que Telcel hubiera sido multada antes por el motivo alegado ahora), el monto fijado, inimaginable para el común de los mortales, parece una medida audaz y justiciera: ¡hasta que alguien pone orden en las telecomunicaciones!, se exclamaría. Y como buena parte del público tiene motivos de queja por el deplorable servicio de esa empresa telefónica, se declararía satisfacción general por la sanción multimillonaria, aunque ella no provenga de una querella de la clientela de Telcel sino de sus competidores, Axtel entre ellos, cuya victoria no redundará cuando se consume, en bien del público, ni en cuanto a calidad en el servicio ni en la tarifa pactada.

Para evaluar con justeza la decisión de la Cofeco hay que examinar su fondo, su forma y su momento. En noviembre de 2006 la Cofeco accedió a investigar denuncias de competidores de Telcel, por actuaciones de las que a la postre sólo una quedó acreditada: prácticas monopólicas relativas al mercado de interconexión para la terminación de llamadas en telefonía móvil. Eso quiere decir que las empresas que solicitan tal servicio a Telcel no tienen alternativa, y por ello la empresa que ahora es propiedad de América Móvil fija las tarifas.

La sanción fue acordada el 7 de abril pero comunicada a Telcel una semana después, el viernes 15 por la mañana. La afectada la comunicó, como es su deber, a la Bolsa Mexicana de Valores. No he encontrado más comunicación oficial sobre el tema que la expedida por Telcel. La Cofeco ha preferido guardar silencio, lo que ha dado lugar a conjeturas y rumores que puedan ser fácilmente refutados por el organismo público. Así, por ejemplo, fuentes de la Cofeco dijeron a Reforma que "la dimensión de esta multa no es tan extraordinaria al ponderarla por el número de usuarios de telefonía celular en el país, pues equivale a 130 pesos por cada uno de los 91 millones de clientes". El usar parámetros inconexos entre sí resulta absurdo. Tiene sentido comparar, y aun fijar una sanción respecto de los ingresos o las utilidades de la empresa multada, o mejor todavía respecto de la ganancia derivada de la infracción a la ley que de ese modo se castiga, para que no obtenga provecho de un abuso.

El modo en que se logró el acuerdo en la Cofeco será sin duda uno de los flancos débiles de la resolución que Telcel aprovechará al defenderse ante los tribunales (si el recurso de reconsideración ante la propia Cofeco es desechado o contestado negativamente). Ocurrió en esa Comisión algo tan peculiar y grave como en la Cofetel al adjudicarse a Nextel-Televisa la licitación 21. En la sesión del 7 de abril, dos de los cinco comisionados, Luis Alberto Ibarra y Miguel Flores Barnés, votaron en contra. Uno más, José Agustín Navarro, se abstuvo. Y dos se inclinaron por aplicar la multa: Rodrigo Morales y Eduardo Pérez Motta, presidente de la Cofeco. Puesto que con su propio voto se produjo el empate, el asunto debió quedar por lo menos aplazado hasta nueva consideración. Pero Pérez Motta utilizó el voto de calidad con el que la cabeza de un organismo resuelve una votación pareja, y lo emitió, obviamente en igual sentido que su voto original. Dada la importancia del asunto, lo mejor hubiera sido continuar la discusión, para ver si el abstencionista era persuadido por los argumentos del pro y el contra, o el cambio de parecer de alguno de los demás comisionados. Al no haberse logrado consenso en tema tan delicado, que forzó al presidente al feo procedimiento de emitir dos votos, se abonó la igualmente fea apariencia de la sanción.

Ésta puede ser modificada en el curso de los años en que Telcel se defienda de ella. La Cofeco sostiene mal ante los tribunales sus decisiones. Cobra a la postre cifras mucho menores que las fijadas originalmente, porque suele exagerar en los montos sancionatorios, probablemente con fines propagandísticos. Cuando el proceso acabe, ya nadie se acordará que la Cofeco actuó como caballero andante en defensa de su dama (que no es la clientela de los celulares), adarga en mano.

Porque al parecer el propósito era causar un efecto de opinión pública justamente ahora, a la mitad de la guerra entre los mastodontes de las telecomunicaciones, que contienden en diversas arenas, una de las cuales es Cofeco, donde hay manifiesta inclinación por los intereses de Televisa. Se le han aprobado adquisiciones de cableras y telefónicas sin considerar su posición hegemónica en la televisión de paga y en las telecomunicaciones en general. El golpe político contra Grupo Carso (propietario de América Móvil, propietario a su vez de Telcel) será eficaz porque un órgano público refuerza de ese modo los alegatos propagandísticos de las empresas que disputan con Telcel y Telmex las tarifas de interconexión, ocultando que se debaten intereses financieros y no de servicio al público.

Porque si no tiene sesgo político esta medida, es de esperarse que, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación multe a las televisoras al menos por abusar del tiempo dedicado a publicidad comercial, exceso productivo si lo hay.

Cajón de Sastre

Si él tomó la decisión de despedir a su secretario de Seguridad Pública, el general brigadier Ubaldo Ayala Tinoco, podría afirmarse que el gobernador Egidio Torre Cantú existe y no es un efecto óptico, o una creación de la propaganda política que lo hizo gobernador en 48 horas. Su pasmo ante la crisis que vive Tamaulipas obliga a que Morelos Jaime Canseco actúe como cabeza y no sólo como secretario de Gobierno. Pero si la remoción del militar a cargo de la policía tamaulipeca resulta de la sorda pugna entre el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública, se hará un mal servicio a los atribulados habitantes de esa entidad. Rafael Lomelí, el nuevo secretario, es amigo de Genaro García Luna y ése es el motivo de su designación, no su hoja de servicios. Dirigió la Policía Federal en Nuevo León, donde la violencia no amaina.