Mala década

Pentagrama

Luis M Cruz

Si de algo es responsable el PAN, es de haber gobernado el país en los últimos diez años. Los resultados de una mala década son de ellos, de nadie más.

1. Mala década.
Si de algo es responsable el PAN, es de haber gobernado el país en los últimos diez años. Los presidentes Fox y Calderón son quienes han gobernado, designado gabinetes y definido políticas públicas, según dijeron, para corregir lo que estaba mal, superar el agotamiento del modelo priísta y ponernos en el camino correcto. Como diría una joven analista, los años maravillosos del PAN son de ellos, de nadie más, porque la gente piensa otra cosa.
Por ello resulta del todo incomprensible que, diez años después, tras diez años de la alternancia, el país parece ir hacia ninguna parte. De ninguna manera son comprensibles actitudes ante los ciudadanos de un “¿Y yo por qué?” espetado por Vicente Fox ante el reclamo de quienes padecían desastres naturales, o un “díganle a los delincuentes” del presidente Calderón al exigírsele mejores resultados en la lucha contra la delincuencia y un cambio de estrategia para frenar el baño de sangre que estamos padeciendo. Las encuestas que miden la percepción de la gente muestran un gran pesimismo social, sólo un 20 a 25% creen que las cosas van bien y que van a mejorar el próximo año, en tanto que un lapidario casi 80% sienten que vamos mal y que no obstante el esfuerzo y las penurias, salir del hoyo no está cerca.

Ante ello, el gobierno del “sistema PAN”, como definiera el senador Santiago Creel al panismo en el poder, recurre siempre a una respuesta fácil: es que los priístas dejaron todo, ellos cuando gobernaban tenían mucha pobreza, corrupción, ineficiencia e inseguridad. Lo lapidario de este argumento es que, por sus defectos, el priísmo perdió la confianza de los ciudadanos en el año 2000, pero el PAN, tras diez años de gobierno ha hecho realmente nada o muy poco.

Poco importa el malabarismo de los Lozano, los Cordero, los Lujambio o los Molinar para ensuciar la imagen de la política y de sus adversarios, o para prestidigitar que en realidad estamos muy bien, que sólo se trata de problemas de percepción porque la gente es muy exigente. El primero, con verdaderas manos de intestino, ha destrozado las mineras de Cananea y Pasta de Conchos, la Compañía Mexicana de Aviación, por supuesto, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y, finalmente, terminó por desbarrancar, aunque no podrá retardar, la reforma laboral que se estaba tejiendo en la Cámara de Diputados. La última ocurrencia que dijo al aire es que el PRI así le había pagado a AMLO el fracaso de la coalición perrepán en el Estado de México. Así piensan en el gabinete presidencial, en trocar favores de un tipo por otros favores electorales.

De Cordero, quien a veces despacha como secretario de Hacienda, todavía se recuerda su aportación al debate nacional por considerar que con seis mil pesos mensuales una familia puede vivir, pagar alimentos, colegio particular, hipoteca de la casa y la letra de un automóvil. De inmediato se notó que no ha pisado una sucursal bancaria para pedir un crédito, ni se preocupa mucho por pagar la colegiatura con un salario como el que gana, 33 veces superior a sus míticos 6 mil pesos. De esto tampoco se preocupan los casi dos mil altos servidores públicos de la burocracia dorada, que con el carácter de homólogos y adjuntos, sin tener funciones especificadas en los reglamentos interiores de cada dependencia o entidad en donde cobran altas percepciones e 22 a 30 veces por encima del nuevo salario mínimo de Cordero.

Lujambio, por su parte, en ocasiones trabaja en la Secretaría de Educación Pública después de realizar sus promociones presidenciales en las que no ve ni oye a los 6 millones de “ninis”, mucho menos a los 25 millones de estudiantes que de veras quisieran una educación de calidad como base para insertarse en un mercado laboral de por sí deprimido. Molinar el sucio, el nuevo milusos, lo mismo sirve para hacer campañas electorales sucias que para recaudar fondos y apretar a donantes magnánimos como Zhenli Yegon, aperturar guarderías del IMSS sin los mínimos requisitos de seguridad o pactar licitaciones como la 21 en contubernio con su subalterno, Mony de Swaan, ambos responsables de la guerra de telecomunicaciones entre los grandes consorcios monopólicos de Carso y Televisa-Azteca en perjuicio de los consumidores, quienes pagamos tarifas caras y tenemos un servicio lento, de mala calidad.

¿De qué puede ser responsable el gobierno del PAN? Como en todo el mundo, de sus resultados: la violencia que nos ha hecho perder la seguridad y que es responsabilidad del gobierno el proteger a la población de los delincuentes; el baño de sangre que va ya en 40 mil ejecutados en la guerra del narco; la corrupción que nos ahoga, en donde a ojos vista, los fraudes inmediatos de los gastos del Bicentenario que tocan directamente las oficinas de Los Pinos, el ISSSTE, Turissste, la SEP y hasta PEMEX, cuya filial, Triple iii, está construyendo la “Estela de Luz” que, sin otra funcionalidad que ser un monumento a la incapacidad, corrupción y venalidad de los gobiernos del PAN, terminará costando la friolera de mil 100 millones de pesos. No hay de otra, los gobiernos del PAN tendrán que rendir cuentas por la mala década que nos han hecho pasar.

2. El nuevo Senado.

El Senado inauguró, al fin, su nueva sede en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, las dos principales avenidas de la ciudad de México, en una fecha que ha sido de buena suerte para el presidente de Senado, Manlio Fabio Beltrones. Hace cuatro años, el 13 de abril de 2007, entró en vigor la Ley para la Reforma del Estado, en cuyo marco han cristalizado las reformas más importantes para hacer transitar a México del régimen de un partido casi hegemónico, a un país plural, diverso, con aspiraciones permanentes a la igualdad, la equidad y la justicia, por supuesto, en la libertad y la democracia.

Abanderada el 20 de noviembre de 2010, en el contexto de las celebraciones del Bicentenario de nuestra Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, el 13 de abril se trasladó formalmente la sede oficial del Senado al conjunto arquitectónico de Reforma 135, con lo que será el primer edificio construido expresamente para este fin, ya que en los casi de ciento cincuenta años de su existencia anterior, con excepción de los breves periodos unicamerales del siglo XIX, había estado ocupando sedes adaptadas e insuficientes al grado que actualmente, el salón de plenos operaba en un antiguo hospital y tiene oficinas desperdigadas por otros once edificios propios o rentados, desde Donceles 14, la ciudadela, el predio-estacionamiento de Santa Veracruz –en donde se había previsto construir en tiempos de Emilio M. González–, la Torre del Caballito, el callejón del 57, la biblioteca Melchor Ocampo de la calle Allende 23, el Instituto Belisario Domínguez en Patriotismo 711, entre otros. En total, por los inmuebles que se rentan se erogan 125 millones de pesos anuales.

Esta situación es la que dio origen, hace ya cuatro legislaturas, al proyecto de construcción de una nueva sede que permitiera pensar en integrar los diferentes servicios en un solo campus. Sin duda para alguna opinión pública ha resultado de interés el costo total de la construcción, que andará por el orden de los 2 mil 500 millones de pesos tras cuatro años de construcción, también puede ser interesante conocer la ingeniería financiera tras la obra, que fue cotizada en mil 700 millones de pesos hace tres años en que se iniciaron los trabajos. El incremento en el costo de la misma resulta del efecto de la inflación, en primera instancia, pues tanto el acero como el cemento, en que está primordialmente construido, prácticamente doblaron su precio en tres años.

Otro factor importante es la cimentación, que tuvo que llevarse al triple de la originalmente considerada, pues el subsuelo lacustre y lodoso sobre el que se erige, incluidos varios mantos freáticos, obligó a anclar decenas de pilotes no a 20 sino a 60 metros hasta el subsuelo rocoso, además de construir con técnicas similares a las que se emplean para los basamentos de los grandes puentes de San Francisco, Nueva York o Londres. Estas modificaciones consumieron la mayoría del incremento del costo de obra, casi 600 millones de pesos, para un edificio que en sí es austero, construido primordialmente con acero y cemento mexicanos, con pisos de placas de mármol negro parte de importación y con muebles, algunos de importación, pero la mayoría los están fabricando muebleros de Toluca, Estado de México.

En la ingeniería financiera lo relevante es que no todo el financiamiento proviene de recursos fiscales. Una parte considerable provendrá de la venta o enajenación, según sea el caso, de los inmuebles conforme se vayan desocupando con la mudanza posterior de las oficinas; la Ciudadela, al gobierno del Distrito Federal; Donceles 14 probablemente a la Asamblea Legislativa, el predio de Santa Veracruz (en Eje Central y Avenida Hidalgo), se está cuidando la mejor oferta que ayude al entorno de recuperación del Centro Histórico y así sucesivamente. La otra, proviene del hecho de ahorrar año con año los 125 millones a precios de hoy que se erogan por concepto de rentas, más o menos como cuando alguien compra una casa y deja de pagar renta. En 10 años, serían mil 250 millones de pesos; para entonces, el edificio se habrá pagado solo.

3. Productividad legislativa.

En los cuatro años del actual Senado, que comprende las legislaturas LX y LXI, el Senado ha sido reformar, no conservador, como lo destacara el senador Beltrones en el discurso inaugural. Ha habido 25 procesos de reforma constitucional que involucran por lo menos a 63 artículos constitucionales, y si se considera lo que actualmente se está legislando, esta cuenta subiría considerablemente. Se trata del mayor periodo de reforma constitucional prácticamente desde el constituyente de 1917 para una sola integración de Legislatura.

Al amparo de la Ley para la Reforma del Estado, se creó un mecanismo de diálogo, negociación y construcción de acuerdos, cuya relevancia reside no sólo en los resultados alcanzados sino, sobre todo, en haber acercado a las partes a una mesa y objetivos comunes, en torno a la agenda de prioridades nacionales. Sin duda se pudo haber seguido otro camino, el de la polarización y la confrontación como se planteaba por quienes no se reconocían legitimidad y se encaminaban a la ruptura, desde la toma de las calles de la ciudad de México tras la controvertida elección presidencial de 2006, la configuración de una “presidencia legítima” y el jaloneado arranque de la administración Calderón, quien en busca de legitimidad terminaría cambiando el mandato de crecimiento y empleo al que se había comprometido, por el de la infausta guerra frontal contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

En el Congreso, con la propuesta del senador Beltrones para la reconciliación y el diálogo en el marco de la reforma del Estado, ha sido posible legislar notorios avances. La reforma del sistema de pensiones, al resolver el peso incremental en las finanzas públicas del régimen de jubilaciones y prestaciones de los trabajadores al servicio del Estado, sin afectar a los trabajadores en activo; la nueva legislación electoral, con un modelo que deja fuera el dinero privado o de dudosa procedencia, acorta los tiempos de campaña, regula las precampañas, fiscaliza el gasto de los partidos políticos, crea un modelo de comunicación política basado en los tiempos del Estado y la prohibición para los particulares de comprar tiempos para perjudicar o beneficiar a alguien, prohibe la ingerencia de los servidores públicos y propició la renovación del Instituto Federal Electoral, restableciendo la confianza de los actores políticos en quien es por antonomasia, el árbitro en un juego por el poder que suele ser de lo más rudo.

Se reformó totalmente el sistema de seguridad y justicia penal, tanto en su vertiente de procuración, como en el de administración de justicia. En el primer caso, se legisló una nueva Ley de la PGR clarificando sus funciones; se creó la Policía Federal; se dotó de facultades al Ministerio Público para realizar investigaciones con nuevas herramientas, supervisadas por jueces de control, como son el arraigo, la intervención de comunicaciones electrónicas y el cateo en flagrancia; se crearon las leyes de Extinción de Dominio, contra el Narcomenudeo y Tratamiento de las Adicciones diferenciando a quienes son narcomenudistas de quienes son adictos, estos últimos sujetos a programas de rehabilitación, y se tiene una nueva Ley Antisecuestro con énfasis en los derechos de las víctimas.

En el terreno de la procuración de justicia, se ha creado un nuevo sistema, que irá en ocho años (ya han transcurrido dos) del sistema inquisitorial o del “presunto culpable”, al sistema culposo o de presunción de inocencia, en donde el Ministerio Público deberá probar la culpabilidad del indiciado, pudiendo éste llevar su juicio en libertad en tanto no se le demuestre que es culpable. Al respecto, coadyuva la oralidad en los procesos penales, así como el empleo de medios alternativos de justicia en otros casos de menor gravedad o cuantía.

4. Modernización de Petróleos Mexicanos.

En el Senado se le dio curso a la gran consulta nacional para la modernización de Petróleos Mexicanos, en un debate en el cual el gobierno buscaba privatizar importantes segmentos como la refinación, el transporte y la distribución de energéticos, hasta establecer contratos de riesgo para compartir la exploración y extracción de petróleo (lo sigue haciendo, presumiendo lo que ha hecho Petrobras, que son, precisamente, contratos de riesgo con Shell y British Petroleum). De la consulta nacional, surgió un paquete legislativo para modernizar, sin privatizar, a Pemex. Hoy, la paraestatal tiene un gobierno corporativo autónomo, puede establecer su presupuesto y ejercerlo con flexibilidad conforme a los objetivos establecidos en el plan energético que establece la Secretaría de Energía, ya no la Secretaría de Hacienda como antaño, que más que importarle la sustentabilidad energética o la compatibilidad con el medio ambiente, buscaba sólo extraer recursos de PEMEX para las necesidades del erario público en ese sustituto de recaudación en que ha transformado a la petrolera.

Para nadie es un secreto que, con el auge de los precios petroleros vivido por las administraciones Fox y Calderón, la SHCP se ha vuelto indolente para recaudar, dados los enormes excedentes en los ingresos del petróleo que suelen subestimarse. Tan sólo en el presupuesto federal vigente, el de 2010, el precio del barril de petróleo se cotizó en 65.4 dólares, cuando el promedio está por encima de los 100 dólares el barril; si se estima una exportación diaria de 1.2 millones de barriles, ello implicaría en el año la friolera de 15 mil 154 millones de dólares de excedentes, lo que ha sucedido ininterrumpidamente en los últimos diez años. Así, ¿qué necesidad tiene Hacienda por esforzarse en recaudar o proponer alguna reforma fiscal? Mientras le siga echando la mano, como lo hace, a los recursos excedentes del petróleo, ni qué tomarse la molestia de pensar en una reforma hacendaria; para ellos, mejor que las cosas sigan como están, con un sistema de altos impuestos para los mismos contribuyentes de siempre y la disponibilidad irrestricta de la riqueza de la Nación.

5. Dictamen de la Reforma política.

En lo que respecta a la reforma política, desde los tiempos de la CENCA las distintas fuerzas políticas representadas plantearon sus propuestas. En un periodo extraordinario realizado en agosto de 2008, se aprobaron los primeros cambios al régimen político, referentes al formato del informe presidencial, para transitar hacia la rendición de cuentas más que al culto a la personalidad presidencial. Esto fue algo característico de la época en que todo giraba en torno al presidente de la República. El día del informe presidencial, más que el día en que se instalaba el Congreso, era lo relevante. El presidente de la República solía marchar en procesión solemne a la sede del Congreso y luego, ahí, entregaba el texto y daba lectura a un mensaje político, con el aplauso y el delirio de los concurrentes, todos, subordinados suyos así fueran legisladores supuestamente electos.

Conforme avanzó la pluralidad y la competitividad política, el informe se desacralizó y se interpeló al Presidente. Todos recordaremos siempre al diputado Porfirio Muñoz Ledo increpando al presidente Miguel de la Madrid. A partir de ahí, para el ceremonioso Informe presidencial todo fue cuesta abajo, hasta que, en el VI Informe del entonces presidente Fox, le fue imposible siquiera entrar al recinto de San Lázaro. La puntilla fue cuando el Ejército y el Estado Mayor tuvieron virtualmente que tomar la sede del Congreso para que el presidente Calderón rindiera su protesta en una fugaz ceremonia de transferencia del gobierno federal, de las manos de su predecesor, Vicente Fox. Para el primer informe de Calderón, las cosas no mejoraron y fue al Congreso sólo a pronunciar un brevísimo párrafo de que estaba entregando el texto del informe del estado que guarda la administración pública. Nada más.

Por ello, desde la CENCA y con el impulso del senador Beltrones, se reformó el artículo 69 constitucional y se estableció sólo la obligación de enviar por escrito el texto del estado que guarda la administración pública en un año de ejercicio, además de crear la figura de pregunta parlamentaria para solicitar al Ejecutivo Federal mayor información sobre éste y otros temas, así como la obligación de comparecer bajo protesta de decir verdad a los altos servidores públicos.

Fue el 15 de diciembre de 2009, exactamente el día en que terminaba el periodo de sesiones, cuando el titular del Ejecutivo Federal, envió la propuesta de reforma política gubernamental. El 11 de febrero de 2010, el grupo parlamentario del PRI en el Senado presentó su iniciativa en materia política, conteniendo las ideas que previamente había expresado el coordinador del grupo en un comentado artículo periodístico publicado por Reforma en junio de 2009, que fue conocido como el de “las ocho erres”.

Subsecuentemente, presentaron sus iniciativas el PRD y, créanlo o no, el PAN, una iniciativa con algunos puntos diferentes a los que presentaba el Ejecutivo Federal.
Tras un intenso proceso de negociación, debate y gestación de acuerdos, prácticamente tras un año de haber sido presentadas las iniciativas de reforma política, los consensos están listos para dar un paso más que lleve a la reforma del régimen político y culmine la transición del modelo hegemónico al modelo plural y democrático. En este sentido, muy probablemente avanzarán los temas para devolverle poder al ciudadano y acercarlo a la gestión del Estado, que se sienta parte de él y no frente o a pesar de él, con las figuras de candidatura independiente, iniciativa ciudadana y consulta popular, todas ellas requisitadas conforme lo determine la ley y muy probablemente en términos de un determinado porcentaje de ciudadanos inscritos en el padrón que le respalden de acuerdo con el derecho comparado.

El Ejecutivo Federal obtiene, asimismo, importantes instrumentos que le permitirán mejorar el diálogo formal con el Poder Legislativo, hasta ahora circunscrito, diez años después de la alternancia y la promesa de cambiar las cosas, al día en que el titular del Ejecutivo Federal envía por escrito el informe del estado que guarda la administración pública. Habrán de legislarse conforme a los consensos alcanzados, la iniciativa preferente mediante la cual la Presidencia podrá enviar o señalar con ese carácter hasta dos iniciativas que deberán ser dictaminadas en 30 días o presentadas a votación del pleno en sus términos –una similar ya había sido votada por el Senado hace dos años, siendo minuta en la Cámara de Diputados–; obtiene la Presidencia la reconducción presupuestal y el veto en esta materia para subsanar el supuesto en que el presupuesto o ley de ingreso son fuere aprobada en tiempo y forma, persistiendo la vigencia de la ley o presupuesto anterior, y se define el mecanismo de sustitución del presidente de la República en caso de ausencia total con la figura de prelación Segob-SHCP-SRE en tanto el Congreso determina al sustituto conforme al procedimiento constitucional.
El Congreso obtiene la reelección consecutiva de los legisladores federales acotada a 12 años, medida que, al igual que las candidaturas independientes, entraría en vigor a partir de 2015 efecto de que no se pensara tendría dedicatoria para alguien en particular o para los legisladores que votarán la reforma. El Senado obtiene la ratificación de los integrantes de los órganos reguladores Cofetel, Cofeco y Comisión Reguladora de Energía, que podrán así asumir su autonomía y nuevas facultades que le determinen las leyes, para regular con mayor eficacia y poner orden en los ámbitos que les corresponde.
Ciertamente, podrá pensarse, muchas otras propuestas se quedan en el tintero por falta de acuerdo entre los grupos. Entre éstas figuran algunas de gran calado para concluir la reforma del régimen presidencial mexicano, como son la ratificación de los integrantes del Gabinete, que sucede en todo el mundo, o el mecanismo de segunda vuelta electoral, que en sí mismo no garantiza la construcción de una mayoría eficaz en el Congreso o un mandato claro para el titular del Ejecutivo Federal. Haría falta también redondear el procedimiento de rendición de cuentas mediante la restitución de la obligación de acudir el presidente de la República a la apertura de sesiones del Congreso, entregar por escrito su informe de actividades y pronunciar un mensaje si lo deseara, tras lo cual el Congreso glosaría el informe y 30 días después, el titular de Ejecutivo Federal volvería a responder las preguntas parlamentarias que le hubieren sido formuladas. Con esta sesión de control, estaría más que redondeado el procedimiento de rendición de cuentas presidencial, pero, al igual que las propuestas aún no resueltas, podrán ser tema de un momento posterior de la reforma del Estado.
Tales y muchas otras actividades son las que acreditan el rol reformador que ha tenido el Senado, que ha sido promotor del cambio y el fortalecimiento de las instituciones, alejado del perfil aristocrático y conservador que tuviera en otros tiempos. La nueva casa del federalismo, financieramente sustentable, construida con materiales en su mayor parte mexicanos, se corresponde así con una productividad legislativa a la altura de las circunstancias. Muy probablemente, ante la inminencia del cierre del periodo ordinario de sesiones el 30 de abril tras el asueto de Semana Santa, y dada la densidad observable en la agenda legislativa, estamos ante la eventual convocatoria de un periodo extraordinario de sesiones, que conforme al contexto político de intensa competencia en Estado de México, Nayarit y Coahuila, o bien se convoca en mayo, cuando aún las campañas no alcanzan algidez, o en agosto, cuando han transcurrido los procesos electorales estatales.