Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 22 de abril (apro).- Hace un año, molesta por lo que el Senado de la República perfilaba como reformas a la Ley de Seguridad Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional tomó una decisión: hacer el trabajo de cabildeo que la Presidencia de la República no había hecho para entregarles una Ley que no se prestara a pleitos políticos.
La Sedena tenía claro que su participación en el combate al crimen organizado, podría ser utilizada en su contra por la oposición, pero también corría el peligro de que el gobierno federal usara su apoyo con tintes políticos.
El general secretario, Guillermo Galván Galván, pretendió entonces que en lugar de tener una reforma que convirtiera a los militares en “policías” buscaría que la Cámara de Diputados le diera una verdadera “Ley de Seguridad Nacional”.
Es decir, no solo se establecería la mejor manera de trabajar del sector castrense en el combate al narcotráfico, sino se definiría su participación en todo lo que pueda atentar contra la seguridad nacional. Así, se incluirían nuevos términos como seguridad nacional, seguridad interior y seguridad exterior.
Para ello, el 7 de abril de 2010, mientras que en el Senado corría la próxima aprobación a la ley, --que dicho sea de paso no fue consultada ni incluía propuestas del sector castrense sino solo las propuestas del área policíaca--, convocó a los diputados federales.
En su propio territorio, el salón de Usos Múltiples de la Sedena, los generales presentes en la reunión les comentaron a los diputados que ellos estimaban que su presencia en las calles tardaría otros 10 años, tiempo en el cual someterían al crimen organizado.
Para ello, les pidió su apoyo y les solicitó que les dieran los instrumentos necesarios, entre ellos: el permiso para catear sin ordenes, realizar tareas de inteligencia, de contrainteligencia, intervención de comunicaciones y que se abriera la posibilidad de establecer un estado de excepción en zonas bien definidas y en donde el crimen organizado mandara.
Los diputados se sorprendieron por las peticiones aunque entendieron que la presencia del crimen organizado cada día se extendía más y más.
El PRI, temeroso de que otorgarle todos estos instrumentos al sector castrense y actuara en su contra, sobre todo ahora que, dicen, están más cerca de recuperar la Presidencia de la Republica, congeló la discusión de la reforma.
Poco antes de concluir su periodo como presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes reactivó las negociaciones con Sedena pero no para respaldarla en todo, sino para hacerle hincapié en varios aspectos que tendrían que modificarse, suavizarse y definirse con mayor claridad para evitar la posible violación a los derechos humanos.
Incluso, el PRI llegó a decir que ante la falta de acuerdo con la Sedena, no habría ley en este periodo ordinario. También habló de temas que no podría aceptar.
A la llegada de Humberto Moreira a la dirigencia nacional, todo cambió para la Sedena y el gobierno de Felipe Calderón respecto a la citada ley.
Conocedores de que Enrique Peña Nieto se encuentra en la cúspide de las preferencias electorales, el gobierno federal presionó y logró establecer un trueque con el PRI a cambio de que aprobarán los cambios a la ley de seguridad.
La presión del gobierno en contra del PRI fue tal que no solo logró que aceptaran las propuestas calderonistas en la materia sino que además aceptaran lo que tanto negaban a la Sedena.
Ahora, los priistas dicen que este martes se aprobará la ley, pero el PRD, PT, PVEM, Convergencia y Panal se oponen al dictamen filtrado hace unos días a la prensa.
El integrante del PVEM, Pablo Escudero sostiene que ellos propondrán que la Comisión Nacional de Derechos Humanos opine sobre este predictamen debido a que él advierte serias violaciones a las garantías individuales.
Sugiere que así como se le da toda la autoridad al Ejecutivo para que decida cuándo y cómo debe intervenir el sector castrense para combatir el crimen organizado, que así se agregue un apartado en donde se establezca que el único responsable y el que tiene que dar cuentan cuando ocurra una violación a los derechos humanos y las garantías individuales, sea el Presidente de la República.
Por otra parte, la perredista Teresa Incháustegui, quien trabajó durante un buen tiempo al lado del especialista en la materia, Jorge Tello Peón, califica el predictamen como inaceptable pues otorga a los militares el poder decidir sobre la gobernabilidad del país.
Se están bordeando los perfiles de un estado pretoriano que militariza la política y politiza a la organización militar, acusa la perredista.
El PT también ha dicho que o pasará. En resumen, todos los partidos con excepción de PRI y PAN, avalan el predictamen que da grandes facultades a los militares.
Con los votos de estos dos partidos, el sector castrense y el gobierno de Felipe Calderón no requieren de más apoyo para sacar el predictamen adelante.
El problema podría ser en el Senado de la República, pues todas las bondades que los senadores y la oposición lograron incluir en la propuesta del Ejecutivo y tanto satisfizo a la “izquierda” y a varios sectores de la sociedad civil, fueron eliminadas de tajo en el predictamen de cámara de diputados.
Tanto Gustavo Madero, senador y dirigente nacional del PAN y el priista Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva del Senado, aseguraron que no permitirían cambios a su minuta. Lo dijeron en mayo de 2010, a ver si lo sostienen esta semana, en caso de que cámara de diputados sí apruebe el predictamen que impuso el gobierno federal.
Comentarios mjcervantes@proceso.com.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario