Jorge Díaz Serrano

PLAZA PÚBLICA

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Que el ingeniero Jorge Díaz Serrano, fallecido anteayer, no pertenecía por completo al pasado, lo enseñan varios indicadores. Por un lado, Pemex mismo, el organismo que él dirigió de 1976 a 1981, lo recordó como a uno de los suyos en una esquela periodística, en su comunicado de prensa y hasta en mensaje de Twitter. El sindicato petrolero y otras agrupaciones como la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, AC. y la Sociedad Cooperativa de Consumo Pemex, SCL deploraron su muerte en términos elogiosos. En cambio, el Congreso no hubiera podido sumarse a tal sentimiento, no obstante que Díaz Serrano fue senador, porque la Cámara de Diputados lo desaforó en 1983. Y ahora encabeza a los diputados priistas el mismo Francisco Rojas que, como secretario de la Contraloría, inició el expediente al cabo de cuyo desarrollo dejó sin escaño y condujo a la cárcel al petrolero ahora finado.

Digo que la dirección de Pemex considera a Díaz Serrano como uno de los suyos no sólo porque doctrinalmente coincide con su credo y sus prácticas, sino porque en el sexenio en que dirigió la empresa petrolera nacional proliferó en ella corrupción semejante a la de ahora, con la diferencia de que altos colaboradores del director general, y él mismo al paso del tiempo, fueron procesados por su conducta contraria a la ley y en perjuicio del órgano para el que trabajaban.

Díaz Serrano protagonizó un caso de hombre hecho a sí mismo que pudo concluir en la Presidencia de la República, según lo consideró seriamente su amigo José López Portillo, quien lo designó y removió de la dirección de Petróleos Mexicanos. Nacido en Nogales, Sonora, el 6 de febrero de 1921, estudió ingeniería en la ESIME del IPN (y mucho tiempo después historia de México y del arte en la UNAM); se hizo desde muy joven empresario y proveedor de Pemex. El punto culminante de esa carrera lo representó su participación en Perforaciones Marinas del Golfo (Permargo), cuya propiedad se dividía entre los tres Jorges: Escalante, Díaz Serrano y Bush, poco antes de que éste triunfara en la política norteamericana. Permargo recibía jugosos contratos de Pemex, que sólo en los tiempos en que Díaz Serrano fue director importaron 25 mil millones de pesos.

Valido de su amistad personal con López Portillo, Díaz Serrano dirigió Pemex como cosa propia, lo que le ocasionó enfrentamientos con miembros del gabinete. Pretendió ir más allá de un convenio de provisión de gas a Estados Unidos firmado por el canciller Jorge Castañeda y aunque finalmente se atuvo a sus términos, las ocho gaseras norteamericanas a las que les proveyó ese energético lograron volúmenes y precios ventajosos. El colmo de su autonomía llegó en junio de 1981, cuando sin consultar al gabinete económico del que dependía, pero con la autorización presidencial, disminuyó en 4 dólares el precio del petróleo sin bajar el volumen de la producción. Anticiparse a las medidas de la OPEP a favor de los consumidores, principalmente Estados Unidos, desordenó el mercado del petróleo y enfureció a los colaboradores de López Portillo. No quedó a éste más remedio que despedirlo aunque de inmediato aceptó hacerlo embajador en Moscú y senador por Sonora.

El Presidente consideraba a Díaz Serrano como un precandidato, al lado de Javier García Paniagua y Miguel de la Madrid, según confió a este último a la hora de anunciarle que sería su sucesor. Ya siéndolo, De la Madrid emprendió una tardía y selectiva batalla contra la corrupción en Pemex, que culminó con el proceso a Ignacio de León y Jesús Chavarría, cercanos colaboradores de Díaz Serrano, y con el desafuero y enjuiciamiento al propio sonorense. Dos años después de su caída en Pemex, el 29 de junio de 1983, la Secretaría de la Contraloría, cuyo responsable era Francisco Rojas, planteó el caso ante la Procuraduría General de la República, que pidió el desafuero del senador, acusándolo de obtener personalmente una ganancia de 5 mil millones de pesos en la adquisición de dos buques tanque gaseros. El 30 de julio de 1983, al serle retirada la inmunidad parlamentaria, él mismo se presentó ante la autoridad. Quedó encarcelado exactamente cinco años, hasta el 30 de julio de 1988.

Aunque se discutió en qué medida su prisión se debía a rencores antiguos del Presidente mismo y algunos de sus colaboradores, lo cierto es que la opinión pública tuvo durante muchos años información suficiente y clara sobre la deshonestidad administrativa prevaleciente en Pemex. Tanto esa corrupción como la política favorable a los grandes consorcios energéticos habían sido puntualmente denunciadas por Manuel Buendía, Heberto Castillo y Raúl Prieto, que ofrecieron evidencia documental y razonamientos técnicos desoídos por López Portillo.

En la cárcel escribió su defensa, un libro autobiográfico titulado Yo, Jorge Díaz Serrano, aparecido en marzo de 1989, en que refuta a sus críticos y niega haberse corrompido: "He sido víctima de una persecución innoble -dice en su prólogo- que desacreditó a sus autores ante la opinión pública nacional y extranjera. Esa torpeza puso en evidencia que a pesar de lo mucho que México ha progresado en lo material, quienes lo gobernaron en el pasado sexenio, no obstante sus méritos académicos, no alcanzaron la madurez emocional suficiente para frenar sus elementales pasiones".

En 1992 publicó La privatización del petróleo mexicano, en que recomendó "asociarnos con las grandes compañías para explorar, explotar y vender nuestro petróleo en las mejores condiciones".

Cajón de Sastre

Irrupción torpe y sin sentido, producto de la ignorancia, o provocación dirigida a generar intolerancia mayor que la que ya amenaza a la sociedad capitalina, la acción del grupo que ingresó el domingo en la catedral metropolitana es condenable sin ambages. Aun si se tratara de una manifestación candorosa de afirmación de un credo contra otro, significó un riesgo que pudo haber tenido un mal fin, pues fue posible que la agitación generada desatara una violencia descontrolada. Las seis mujeres y el hombre que alteraron la alegría de la Pascua de resurrección hubieran merecido por lo menos una admonición de la autoridad ministerial que los dejó libres o la aplicación de una multa administrativa por interrumpir una manifestación de fe en un lugar público pero destinado a un fin que por sí mismo excluye a intrusos.