El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez, pidió dar certeza jurídica a la participación del Ejército en la narcolucha y rechazó un albazo en la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional.
Mar, 26/04/2011
Nuevo León.- Tras una semana de investigaciones, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, señaló que siete militares comisionados a las Fuerzas Estatales de Apoyo están bajo arraigo por la muerte de Jorge Otilio Cantú Cantú, ciudadano que falleció el lunes 18 de abril en un aparente fuego cruzado, en Monterrey.
El mandatario se refirió en varias ocasiones a los arraigados como policías, aunque luego precisó que son elementos “de apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública” del estado y “de origen militar”.
Medina de la Cruz dijo que los militares pueden quedar juzgados por la vía federal, pero de momento están a disposición de la autoridad local, a la espera de que se integre la averiguación correspondiente.
Agregó que la indagatoria se realiza en comunicación constante con el gobierno federal, especialmente la Sedena y la PGR.
“Tenemos a siete policías arraigados, vamos a seguir estas investigaciones, estamos avanzando con cautela pero de manera contundente y rápida; la procuraduría (de Justicia del estado) tendrá su dictamen final para la consignación correspondiente en caso de que así se amerite”, sostuvo.
El mandatario insistió en que “independientemente de que el origen de estos elementos sea federal, o sea de las fuerzas castrenses, del Ejército, aquí estamos llevando la investigación y llegaremos hasta las últimas consecuencias”.
En las primeras horas del lunes pasado Jorge Otilio Cantú Cantú, de 29 años, se dirigía a su trabajo —al regreso de su luna de miel— cuando, según la versión oficial, se vio inmerso en un incidente, en el que hombres a bordo de varios vehículos dispararon contra un convoy de la policía estatal.
En la persecución, un vehículo chocó contra la parte trasera de su camioneta, en la colonia Valle de las Brisas. El joven recibió varios disparos y murió en el lugar.
Una pistola escuadra apareció en su vehículo y circuló la versión de que el fallecido tenía nexos con el crimen organizado. Sin embargo, el procurador Adrián de la Garza aclaró el martes pasado la inocencia del joven y negó que le hayan sembrado el arma.
“Después de haber analizado las pruebas que se encontraron en el lugar, del análisis de pruebas periciales, del análisis que hizo el Ministerio Público, podemos determinar sin lugar a dudas que Jorge Otilio Cantú Cantú no llevaba arma y no hizo disparos”, dijo.
Interrogado sobre si se evalúa el uso excesivo de fuerza por parte de los elementos de apoyo, el gobernador indicó: “Se están revisando todas las líneas (de investigación). La procuraduría está haciendo un trabajo detallado, minucioso, y tendremos la conclusión de la averiguación, que compartiremos con el gobierno federal”.
El gobierno local analiza en este momento la competencia que tiene para aplicar las sanciones si se confirma la responsabilidad de los militares, dijo el mandatario.
La idea, indicó, es que “una vez que se determine cómo sucedieron los hechos” se determine a quién le compete proceder. A pesar de lo sucedido, Medina de la Cruz dijo que se mantendrá el esquema de fuerzas de apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
“Estamos muy agradecidos con el apoyo que nos da el gobierno federal a través del Ejército. Eso es de reconocerse y lamentamos mucho lo que pasó.”
Piden definir su trabajo
En la Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, pidió definir la participación del Ejército en la lucha contra las bandas delincuenciales para evitar violaciones a los derechos humanos.
“Es necesario darle certeza a la participación del Ejército. Las fuerzas armadas están involucradas ya en tareas de seguridad nacional y de seguridad pública, y necesitan definiciones porque los elementos del Ejército están en el limbo, en vilo; no saben cuáles son las reglas con las que tienen que participar”, detalló.
El legislador del PRI calificó de “infantiles” las acusaciones de PRD, PT y Convergencia que aseguran que la Ley de Seguridad Nacional se aprobará sin consenso.
“No hay albazo, (la ley) tiene más de un año en el Congreso; es infantil ocupar este tipo de expresiones. Si no están de acuerdo, que lo expresen en comisiones”, dijo.
Entrevistado en Yucatán, donde acompañó al presidente Felipe Calderón a una gira, Ramírez Marín planteó que sean las propias autoridades castrenses las que juzguen y, en su caso, sancionen a los militares que cometan delitos.
“Ese es uno de los puntos de mayor controversia y creo que tienen que ser los propios militares (los que definan esta situación). La tropa participa en condiciones de exigencia, es decir, bajo una presión diferente donde se llegan a cometer delitos del fuero civil, porque están bajo fuego y por eso se requiere un tratamiento especial”.
En tanto, las fracciones de PRD, Convergencia y PT impugnaron el predictamen de la ley por considerarlo un intento de “golpe de Estado” por la vía institucional, mientras las bancadas de PRI y PAN descartaron un albazo y ofrecieron incorporar las observaciones de los otros grupos parlamentarios.
El grupo de trabajo encargado de analizar la minuta entregará este martes sus conclusiones a la Junta de Coordinación Política con la expectativa de votar el dictamen esta misma semana.
Ramírez Marín rechazó que el predictamen conceda al Ejecutivo facultades discrecionales para disponer de las fuerzas armadas y, por el contrario, ofrece certidumbre sobre lo que pueden y no pueden hacer el Ejército y la Marina.
El priista Alfonso Navarrete Prida sostuvo que la ley incorpora candados para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Las drogas son un falso camino: Calderón
••• El presidente Felipe Calderón reconoció que en la actualidad hay muchos jóvenes que han llegado al extremo de ver en las drogas o el crimen los modelos para subsistir.
Por ello, aseguró que es necesario reconstruir la sociedad con valores que alejen a los adolescentes del abandono y la violencia.
“Son momentos difíciles en los que la sociedad necesita reconstruirse en el sentido de la convivencia. Hoy hay muchos jóvenes que han llegado al extremo de ver en las drogas o el crimen modelos a seguir que los llevan a una existencia perdida y finalmente a la muerte”, enfatizó.
Al inaugurar la 16 Olimpiada y Paralimpiada Nacional en Yucatán, el mandatario destacó el papel que juega el deporte en la reconstrucción de los valores.
En tanto, la gobernadora Ivonne Ortega afirmó que una vez que los jóvenes “prueban” el deporte son menos propensos a las drogas.
Resaltó la importancia de realizar la justa deportiva en Yucatán por ser el “estado más seguro del país, con mejor inversión en educación básica y segundo lugar en empleo”.
Informó que en esta competencia participarán 27 deportistas de las 32 entidades, quienes fueron adiestrados por 2 mil 349 entrenadores, y agregó que se repartirán 5 mil 237 medallas.
(Yucatán • Israel Navarro)
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