Raúl Trejo Delarbre Disgustado por los reportes que el embajador Carlos Pascual enviaba a Washington, el presidente Calderón le hizo saber al presidente Obama su inconformidad con la presencia en México de ese funcionario. Publicitados por WikiLeaks, en esos informes el embajador estadounidense no hacía revelación, ni cometía infidencia algunas. Simplemente se limitó a decir lo que mucha gente comenta en México acerca de las disputas entre los partidos, las tensiones dentro del gobierno y los errores en el combate al crimen organizado.
Esa pequeña tempestad en un vaso de agua, resultado de la intolerancia o la magnificación de pequeños problemas que hace el presidente Felipe Calderón, contrasta con la falta de energía, la tardanza y la sorpresa del gobierno mexicano para reclamar ante el tráfico ilegal de armas que fue favorecido por una corporación policiaca de Estados Unidos. A más de una semana de la divulgación de esa práctica, el gobierno mexicano apenas ha acertado a difundir una tímida solicitud de aclaraciones.
El jueves 3 de marzo, un reportaje de la periodista Sharyl Attkisson reveló el retorcido procedimiento de la Agencia para Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, para averiguar qué grupos criminales mexicanos adquirían rifles en Estados Unidos. Una semana antes, el 23 de febrero, la misma periodista había informado que el agente Brian Terry, de la Patrulla Fronteriza, fue asesinado en diciembre pasado con un rifle de asalto comprado en Arizona. La ATF había monitoreado la venta de grandes dotaciones de armas, confiando en rastrear su traslado hasta México. Pero una de ellas fue utilizada para matar a un agente estadounidense.
Tales indicios no parecen haber sido suficientes para que el jueves 3 de marzo, cuando estuvo en Washington, el presidente Felipe Calderón hubiera insistido en todos los foros y formas posibles en la exigencia para que Estados Unidos detenga la venta de armas a delincuentes mexicanos. Esa noche el noticiero nocturno de la cadena CBS, a cargo de la conductora Katie Couric, difundió otro reportaje de Attkisson, más contundente que el anterior. La reportera logró entrevistar al agente federal John Dodson que aceptó de manera inequívoca que, por instrucciones de la ATF, él mismo había permitido el tráfico ilegal de armas a México.
Transmitido, con evidente malicia, el mismo día que se reunieron Calderón y Obama, el reportaje de Attkisson es de una ejemplar precisión periodística. En 5 minutos aparecen las declaraciones del agente Dodson, acompañadas por escenas de un video tomado por la ATF en donde se ve a varios policías llevando cajas con armas a las tiendas en donde serían vendidas a delincuentes mexicanos. Se muestran documentos enviados por esa agencia que describen la ruta de algunas de las armas adquiridas de esa manera. El reportaje incluye correos electrónicos de jefes policiacos que manifiestan temor ante la ilegalidad de esa operación, así como fotografías del agente muerto en diciembre con una de tales armas y una breve declaración del senador republicano Charles Grassley, de Iowa, que investiga esos métodos de la ATF.
El gobierno mexicano tiene, con esos y otros testimonios, material suficiente para exigir a Washington que termine las simulaciones e inconsecuencias en relación al tráfico de armas hacia nuestro país. Lamentablemente el presidente Calderón consumió su pólvora en infiernitos contra el embajador Pascual. Seguramente los informes de ese diplomático irritaron en Los Pinos, igual que muchos otros cables aireados por WikiLeaks causaron incomodidad de los gobiernos de muchos países. Pero hasta donde sabemos, el gobierno de México es el único que ha llegado a pedir la sustitución de un embajador, por esa causa.
Los informes del embajador Pascual son duros, pero en ocasiones resultan trillados y hasta ingenuos por la carencia de datos auténticamente nuevos. Es significativo que el presidente Calderón se haya disgustado tanto por las anotaciones que envió el embajador. Pero resulta más indicativo el pasmo que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el presidente mismo han tenido ante la constatación de que Estados Unidos no solamente no detiene la venta de armas sino que promueve su traslado a México, con el peregrino propósito de identificar a quienes las utilizan.
La inacción diplomática, en este caso, tiene consecuencias criminales. El agente Dodson, ahora entrevistado por Jorge Ramos en Univisión, dijo ayer que el tráfico de armas propiciado por la ATF sigue en pie, “nadie nos ha dicho que suspendamos esa política”.
“Rápido y furioso”, llaman los agentes de la ATF a esa operación. Para responder a ella, el gobierno de México no ha sido ninguna de las dos cosas.
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