Sucesión en el PRD

PLAZA PÚBLICA

Miguel Ángel Granados Chapa

El próximo sábado concluye el periodo durante el cual Jesús Ortega presidió el Partido de la Revolución Democrática, su viejo sueño hecho realidad por la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la elección de marzo de 2008, caracterizada por la abundancia de irregularidades y trampas, contendió con Alejandro Encinas. En distintos momentos cada uno se declaró triunfador hasta que al cabo de un largo proceso que se extendió hasta noviembre de aquel año el tribunal federal, en vez de anular los comicios como correspondía en caso extremo, se inclinó por Ortega, cabeza de la corriente Nueva Izquierda.

La sucesión de Ortega no será decidida por el voto de los militantes del partido, cuya dirección no se atrevió a citar a comicios que reeditaran, acaso acrecentadas, las peripecias del proceso de 2008. Por eso en esta oportunidad el Consejo Nacional del partido hará la elección. Es un órgano plural compuesto por 343 integrantes. Triunfará en la elección del sábado quien sea capaz de reunir dos tercios de ese total, es decir 228 votos. Ninguna de la docena de corrientes que allí cuenta con representación reúne por sí sola el número de consejeros necesario para formar esa mayoría, por lo cual esta semana será empleada por los aspirantes para consolidar en torno suyo la cifra mágica, faena que se antoja si no imposible, sí de muy difícil consumación.

El Consejo ha sido el escenario donde disputan y chocan las dos grandes corrientes que tienen al PRD continuamente al borde de la fragmentación. Una, que ha dirigido la administración del partido y cuenta con la maquinaria de la mayor parte de los estados, es la conocida como Los Chuchos, en alusión a sus dirigentes principales, Jesús Ortega y Jesús Zambrano. Éste aspira a ocupar el lugar que deja libre su tocayo merced a su alianza con Alternativa Democrática Nacional y el Foro Nuevo Sol . En la acera opuesta se hallan los grupos cercanos a Andrés Manuel López Obrador, reunidos en el G-8, en que sobresale Izquierda Democrática Nacional, dirigida por Dolores Padierna, una vez que su esposo, René Bejarano, tuvo que apartarse del partido tras el escándalo de su vínculo con el gran corruptor Carlos Ahumada.

Jesús Zambrano trocó las armas por la lucha social y la participación electoral. Fue preso por su participación en la guerrilla urbana de los años setenta, única forma que una porción de la juventud de entonces creyó posible para la transformación de México. (Es paradójico que al cabo de 30 años Zambrano se haya unido al grupo de perredistas procedente del Partido Socialista de los Trabajadores, simulación organizada por el presidente Echeverría precisamente para encuadrar a jóvenes deseosos de hacer oposición desde la comodidad del presupuesto). Ha sido candidato al gobierno de su natal Sonora y dos veces diputado federal; en la segunda de ellas, en la actual legislatura, es vicepresidente de la Mesa Directiva. Trabajó en las administraciones perredistas del Distrito Federal, incluida la de López Obrador, de quien es ahora severo adversario verbal. En el mejor de los casos, los 100 consejeros de Nueva Izquierda podrán recibir el apoyo de 90 más, insuficientes para la mayoría requerida.

Dolores Padierna es maestra normalista y economista por la UAM. Ha trabajado en el movimiento sindical magisterial y en la promoción de las mujeres, así como en la organización vecinal en pos de vivienda. Ha sido diputada local y dos veces ha ocupado una curul en San Lázaro. En la primera de ellas sobresalió su acuciosa y resuelta participación al revisarse las cuentas del Fobaproa. Coincidió en esa línea con el diputado Marcelo Ebrard, elegido en esa legislatura en la planilla del Partido Verde pero que actuaba como independiente.

Ha sido consejera nacional del PRD; fue secretaria general del partido en el Distrito Federal, donde su corriente goza de una presencia eminente. Fue jefa delegacional en Cuauhtémoc. Actualmente es integrante de la Comisión Política Nacional de su partido, desde donde ahora objeta la política de alianza con el PAN impulsada por Ortega.

Para fortalecer su posibilidad de ser la principal candidata opositora, debe conseguir el apoyo del G-8, donde se afana en el mismo objetivo el secretario de Desarrollo Social del gobierno capitalino, Martí Batres, antiguo seguidor de Bejarano y Padierna y ahora líder de su propia corriente, Izquierda Social. Debe también contrarrestar el inesperado esfuerzo de Ebrard por sacar adelante la candidatura del diputado Armando Ríos Piter. De muy breve y rala militancia en el PRD, hasta 2005 este sorpresivo protagonista tuvo cargos en las administraciones del PRI y del PAN (subsecretario de Reforma Agraria con Fox) hasta que el gobernador saliente de Guerrero Zeferino Torreblanca lo llevó a su gobierno y pretendió impulsarlo hacia su propia sucesión.

Esa maniobra quedó frustrada cuando Ebrard se hizo cargo de la elección guerrerense. Quizá para que Ríos Piter no fuera obstáculo a la candidatura de Ángel Heladio Aguirre, el jefe de Gobierno le habría anunciado que tenía planes para él, que ahora se concretan en este impulso hacia la dirección perredista, que muy difícilmente será admitido por los militantes de acendrada pertenencia a la izquierda.

Supongo que estos hallarían más conveniente la candidatura de Javier González Garza, que si bien contó con Nueva Izquierda para ser elegido coordinador de los diputados en la anterior legislatura no perdió por ello su independencia, prenda rara en ese partido.

Cajón de Sastre

La jueza Blanca Lobo negó ayer la suspensión definitiva a Víctor Daniel Reyes Bravo, quejoso en el amparo que sacó por unas horas de la cartelera a Presunto culpable. Pero le concedió protección a su imagen, ordenando que su rostro sea velado. Es seguro que esa resolución sea impugnada por los terceros perjudicados -debería serlo también por la autoridad responsable-, no sólo por las implicaciones técnicas que supone ponerla en práctica, sino porque coloca al juez y a la agente del Ministerio Público en posición de solicitar también la protección de la justicia federal alegando la defensa de sus derechos a la propia imagen, aunque se trate de funcionarios que participan en diligencias que deben ser públicas conforme a la Constitución. ¿Habría que prescindir también del nombre del testigo que hundió en la cárcel a un inocente?