Hace dos años, Gustavo De la Rosa enfrentó un dilema que es cada vez más frecuente en algunas regiones de México. Amenazado de muerte, tuvo que sopesar entre quedarse en Ciudad Juárez y conservar su patrimonio, o abandonar todo y salvar la vida.
Fue una decisión intempestiva, que debió tomar en menos de una hora, le cuenta a BBC Mundo.
"Son momentos muy amargos. Cuando uno tiene la certeza de que puede morir en cualquier momento, no hay otra alternativa. Yo elegí seguir vivo", recuerda.
De la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, se exilió por un tiempo en El Paso, Texas, aunque debió volver ante el riesgo de perder su visa estadounidense.
Las autoridades le proporcionaron una docena de guardaespaldas, pero miles de personas no tuvieron esa suerte.
Un informe del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), la guerra contra y entre carteles de la droga provocó el desplazamiento de unas 230.000 personas en los últimos años.
La mitad se encuentra exiliada en Estados Unidos y el resto se mudó a otras partes de México.
La Secretaría de Gobernación dijo a medios de comunicación locales que el desplazamiento de personas es un fenómeno que se presenta sólo en algunas zonas del país.
Casas abandonadas
El informe del IDCM se llama "México: desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia de los carteles de la droga" y se presentó recientemente en Ginebra, Suiza.
Según el documento, los estados con más desplazados por la guerra contra el narcotráfico son Chihuahua y Tamaulipas, en el norte y noreste del país.
El fenómeno también ocurre en otros lugares con presencia de carteles, como Sinaloa en el noroeste o Michoacán en el occidente.
"Son momentos muy amargos. Cuando uno tiene la certeza de que puede morir en cualquier momento, no hay otra alternativa. Yo elegí seguir vivo"
Gustavo De la Rosa
Un caso emblemático sucedió en Ciudad Mier, Tamaulipas, un pequeño municipio fronterizo con Estados Unidos donde a fines de 2010 el cartel conocido como Los Zetas amenazó con asesinar a todos sus habitantes.
La disputa entre esa banda y el Cartel del Golfo había provocado el exilio de muchos de sus habitantes, pero la advertencia obligó a los 400 que aún permanecían allí a buscar refugio en el vecino poblado de Miguel Alemán. Quienes tenían recursos huyeron a Roma y Hancock, Texas.
Pero es en Ciudad Juárez y las comunidades vecinas donde el fenómeno ha sido más intenso.
Según el investigador Rodolfo Rubio, del Colegio de la Frontera Norte, en los últimos cinco años cerca de la mitad de los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe abandonó sus casas por miedo a la violencia.
El impacto del exilio forzado se nota: el consumo de agua, electricidad y la generación de basura ha bajado sensiblemente en esas zonas.
"Hay una cantidad importante de casas abandonadas; los pocos agricultores que había se fueron. La actividad económica es mínima", dice en conversación con BBC Mundo.
A la deriva
La mayoría de los desplazados sortean su situación con recursos propios, pues no existen recursos oficiales para apoyarlos, asegura De la Rosa.
Por ejemplo, en Ciudad Juárez, considerada la población más violenta de México, las autoridades tienen un equipo de 20 sicólogos, 18 trabajadores sociales, 8 abogados y un médico para apoyar a las víctimas indirectas de la violencia, que según organizaciones civiles son más de 70.000.
El informe del IDCM reconoce que no existe información suficiente para conocer su situación real, especialmente sobre su seguridad.
"No queda claro si los desplazados tienen problema de protección si así fuera, de qué problemas se trata. En general, se cree que se han mantenido a sí mismos o se han servido de la familia extendida como red de apoyo principal".
En sus recomendaciones, el IDCM advierte que las autoridades tienen la responsabilidad de proteger y brindar ayuda humanitaria los desplazados por la guerra contra el narcotráfico.
Y debe ser una actividad permanente, insiste el documento. "Los esfuerzos realizados para acabar con la violencia de los carteles deben de asegurar que se eviten más desplazamientos de la población, siempre que sea posible".
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