La prostitución y la trata

Eduardo R. Huchim

El pleno del Senado recibirá próximamente un importante dictamen respecto de reformas constitucionales sobre la trata de personas, uno de cuyos principales contenidos es facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en este rubro. Es casi seguro que el dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que presiden respectivamente los senadores Pedro Joaquín Coldwell y Alejandro Zapata Perogordo, será favorable y vigorizará la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

Su aprobación será una buena noticia por cuanto ese delito es uno de los más redituables para la delincuencia organizada en el mundo. Considerada como la esclavitud moderna, la trata de personas incluye no sólo la explotación sexual, sino también los trabajos o servicios forzados, la servidumbre obligada e incluso la extracción de órganos. La trata ha encontrado campo propicio para su desarrollo en México por dos razones sustantivas: la corrupción que padece este país y la impunidad que la acompaña. Un ejemplo de ambas es la explotación a que son sometidas jóvenes mujeres que, aun en la minoría de edad, son inducidas a prostituirse y luego explotadas por los policías que justamente deberían perseguir el lenocinio. ¿Qué hacer en situaciones cómo ésas?, ¿en quiénes confiar y con quiénes actuar si los policías y los delincuentes son frecuentemente los mismos?

La trata de personas -ha dicho la ONU- supone la amenaza, la coacción, el rapto, el engaño, el abuso del poder o de situaciones vulnerables. Ahora bien, en lo relativo a la prostitución, conviene ir más allá del ámbito de la trata de personas y plantearse la otra cara: el comercio sexual que practican mujeres y hombres voluntariamente, por decisión propia, sin que medien coacción, amenazas o engaños. Ante esta situación, hay sociedades que optan por la persecución y, sin proponérselo, propician la explotación y el surgimiento de redes delictivas. Hay otras que prefieren mirar a otro lado y suponen erróneamente que si ignoran el problema, éste no existirá.

Otras sociedades encaran este tipo de comercio y lo regulan, considerando esa actividad como un trabajo. Esto, el perfil laboral para la prostitución, constituye la desiderata de muchas personas dedicadas a esos menesteres, a juzgar por lo que expresan en foros nacionales e internacionales generalmente asociados al combate contra el sida y otros padecimientos. Debe decirse también que esa tipificación del comercio sexual representa una suerte de azote para las buenas conciencias. ¿Debe México tomar este camino (el laboral) o debe optar por alguno de los otros dos? Abolicionismo, disimulo o regulación son -desde mi perspectiva- la trinidad de opciones, si bien cada una posee sus propias derivaciones.

Cualquiera que sea la posición particular sobre este polémico asunto, conviene no soslayarlo y lo que parece más adecuado es debatirlo a la luz de las realidades mexicanas, pero sin aldeanismos, con la mirada puesta en lo que hacen o dejan de hacer otros países del mundo.

Un punto de partida para un debate de ese tipo debiera ser evitar la estigmatización y la denigración hacia quienes se dedican a esa actividad. Nadie pide aplausos para ellas y ellos, pero sí debe tenerse presente su calidad de personas que a veces acuden a esa actividad como una escala para obtener recursos necesarios para su preparación académica. No siempre, pero sí con frecuencia, la vida de quienes comercian con su cuerpo dista de ser fácil y plena de placer, tanto que, en algunos casos, requieren ayuda sicológica para afrontar las particularidades de su ocupación. Además, a los problemas que conlleva la prestación de servicios personales, suele agregarse el desprecio de sus propias familias, las cuales, sin embargo, por lo común son proclives a pedir y recibir sin remilgos recursos provenientes del comercio sexual.

Sé que no es fácil abordar estos temas, pero parecería que el espacio idóneo para hacerlo, por su naturaleza, es el legislativo. Se trata de hablar, debatir y acordar, es decir, precisamente lo que hacen las legislaturas. Y el estudio de una ley general sobre la trata de personas puede ser la ocasión propicia para incluir el tema de la prostitución no forzada.

Omnia

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