JAQUE MATE
SERGIO SARMIENTO
"Ganar una guerra es tan desastroso como perderla".
Agatha Christie
El gobierno de la República ha mantenido una política constante de minimizar el costo al país de la guerra contra el narco. Pero la estrategia resulta cada vez más insostenible.
Distintos funcionarios han sostenido que en la lista de más de 35 mil personas que han perdido la vida en actos vinculados al crimen organizado en lo que va del actual sexenio muy pocos no se lo merecían. En abril del 2010 el propio presidente Felipe Calderón afirmó que más del 90 por ciento de los muertos eran víctimas de guerras entre bandas. Su primera reacción ante los jóvenes asesinados de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez fue acusarlos de pandilleros. La misma actitud manifestaron otros funcionarios tras la ejecución de los 72 migrantes de Tamaulipas o de los 20 michoacanos de Acapulco. Al final las acusaciones resultaron falsas. En realidad es muy difícil saber cuántos entre los muertos eran realmente criminales y cuántos inocentes convertidos en daño colateral.
De la misma manera, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, ha señalado en varias ocasiones que la violencia no ha afectado a la economía nacional. Ha apuntado para ello al crecimiento del producto interno de 5.5 por ciento en 2010 y a las cifras relativamente altas de inversión extranjera.
El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), siempre incómodo a las autoridades, ofrece ahora un estudio que apunta que el costo de la violencia asciende a 1.16 billones de pesos, el 8.9 por ciento del PIB. El investigador Carlos Mendoza llega a esta cifra tras sumar el gasto en seguridad de los sectores público y privado, y añadirle costos indirectos, como el tiempo que la gente pierde ante el Ministerio Público para hacer una denuncia o el costo de sobornos para que los familiares puedan entrar a los reclusorios para ver a sus seres queridos detenidos.
Esta cifra no incluye los costos de salud que se generan en torno a las 7.2 millones de personas que, según el INEGI, reportaron haber sido víctimas de un delito ni de los millones más que simplemente no se molestaron en presentar denuncia ante el Ministerio Público.
Si bien hasta ahora la inversión extranjera parece haberse mantenido a niveles saludables, quizá porque quienes aprueban esa inversión, usualmente directivos de grandes corporaciones, no tienen que vivir en México, el cierre de empresas y abandono de hogares y comercios en el norte del país ha tenido un costo elevado pero no cuantificado.
Todo este costo se está pagando por una guerra que, a pesar del optimismo del gobierno, el cual pretende medir el éxito sumando muertos o detenciones de capos, México está perdiendo. El objetivo principal de este esfuerzo, nos dicen las propias autoridades, no es matar o encarcelar gente sino disminuir o eliminar el consumo de drogas. Éste, sin embargo, está aumentando tanto en México como en Estados Unidos.
Por otra parte, el argumento del presidente Calderón de que México es menos violento que otros países, como Brasil o Colombia, está perdiendo fuerza. Si bien es cierto que el número de homicidios dolosos fue de sólo 10 por cada 100 mil habitantes en 2007, el primer año del régimen calderonista, en tres años se ha producido un incremento de 80 por ciento para alcanzar 18 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Los 19 mil 769 homicidios dolosos registrados por fuentes oficiales en el 2010 según el ICESI son al parecer la mayor cifra anual de la historia del país.
No podemos cerrar los ojos a la realidad. La guerra no sólo está teniendo un costo enorme, sino que además se está saldando con una derrota para el Estado mexicano.
Gasto público
Irrita por supuesto que un regidor del Partido Verde, Fernando Reina Iglesias, utilice un helicóptero comprado para el traslado de enfermos para sus prácticas de esquí a pie descalzo. Lo que más preocupa, sin embargo, es que cada vez que se le escarba al gasto público se encuentran ejemplos de desperdicio.
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