El monitoreo al presupuesto destinado a la atención del VIH/SIDA y el caso Provida y Serrano Limón

	La Contraloría social aplicada al análisis presupuestario de los recursos destinados al VIH/Sida pone al descubierto las irregularidades en las que incurre la Secretaría de Salud al otorgar fondos a Provida. En 2002, la Cámara de Diputados en México aprobó el incremento de 600 millones de pesos para programas nacionales de salud. Subsecuentemente, el presidente de la Comisión de Presupuesto dentro de la Cámara de Diputados hizo cambios arbitrarios al presupuesto aprobado. Una de estas modificaciones transfería recursos destinados a la compra de medicamentos antiretrovirales para los pacientes de VIH/SIDA a la creación de un Centro de Asistencia para Mujeres. El seguimiento que Fundar realizó de los recursos destinados a combatir el VIH/Sida en nuestro país, se puede consultar en el documento: Prioridades relegadas: El presupuesto para prevenir, atender y detener el VIH/SIDA. Algunos legisladores exigieron al presidente de la mencionada comisión una explicación para su conducta, por considerarla inapropiada y anticonstitucional. Fundar, junto con otros grupos, formaron una coalición para investigar las reclamaciones de los diputados inconformes. La coalición examinó la utilización real de los fondos asignados a Provida. Fundar pidió copias de todos los documentos que Provida presentó a la Secretaría de Salud y llevó a cabo una auditoría completa de los gastos. Tanto la auditoría como las facturas de gastos presentadas por Provida revelaron numerosas irregularidades: pagos a organizaciones ficticias (uno de los cuales tenían la misma dirección fiscal de Provida), gastos aparentemente no vinculados a un programa de salud (como plumas Mont Blanc o ropa interior) y un claro exceso de gastos en campañas de publicidad. Cuando el Secretario de salud se negó a reunirse y discutir estos resultados, la coalición lanzó una campaña mediática. El periódico Reforma llevó los detalles del caso Provida en una exclusiva de primera página. La historia capturó la atención nacional. Como resultado de ello, otros medios de comunicación tomaron la historia y le dieron seguimiento. La publicidad que recibió el caso Provida animó a otras organizaciones de la sociedad civil a unirse a la coalición. En un corto periodo de tiempo, más de mil diferentes organizaciones de todo el país presentaron conjuntamente una petición al gobierno para abrir una investigación oficial para el caso Provida. El documento que sistematiza la campaña mediática y sus efectos se titula: Caso Provida cuentas pendientes con la transparencia y la justicia. Gracias a la presión de la sociedad civil, se exigió a Provida devolver los fondos otorgados, pagar la sanción impuesta y ser excluido de la recepción de los fondos públicos por 15 años. Además, la Secretaría de Salud canceló todos los nuevos desembolsos a Provida que se habían previsto para los años siguientes.