El Ejército y Fuerza Aérea mexicanos trabajan apenas con los recursos suficientes para ser considerados instituciones castrenses modernas. No es su culpa. En todo el siglo XX los soldados fueron requeridos sólo para contener amenazas a la seguridad nacional.
Con un mínimo de equipamiento cumplieron con el objetivo de ser una fuerza de paz, de fuerte origen popular. Pero ahora que se enfrentan a un crimen organizado con recursos ilimitados y que se esconde entre la población civil, resulta evidente que sus capacidades han quedado rezagadas.
El país cuenta con algunos cuantos aviones de combate, varios de ellos con más de 30 años de antigüedad. Por eso, el Ejército ha solicitado la compra de cinco aviones Hércules versión H usados, seis versión transporte militar y carga y seis helicópteros versión transporte de personal y carga con un costo conjunto de casi 10 mil millones de pesos.
No serán jets de combate capaces de enfrentar amenazas externas, sino vehículos requeridos para trasladar tropas que enfrenten a las mafias, según ha admitido la propia Secretaría de la Defensa Nacional.
La pregunta que surge es: ¿este es el perfil que como país deseamos para nuestras Fuerzas Armadas? Las necesidades de nuestro Ejército y Armada son muchas y el presupuesto es limitado. En ese tenor ¿se desea focalizar los pocos recursos existentes en el combate al crimen organizado? No es que el gasto en dicho rubro sea superfluo, pero sí tendría que armonizarse la actualización de la capacidad de fuego de las Fuerzas Armadas con variables tales como el lavado de dinero o la política social de combate a las adicciones.
La experiencia nos ha demostrado que matar y detener líderes de bandas no garantiza acabar con los problemas de fondo de la delincuencia: altos consumos de estupefacientes o desempleo generalizado que arroja a las personas a la ilegalidad, entre otros.
El Estado necesita preguntarse si desea que sus Fuerzas Armadas sigan siendo básicamente organizaciones diseñadas para enfrentar amenazas internas, manteniéndose en funciones policiales.
Necesitamos un Ejército y una Marina que mejoren su efectividad táctica y operativa. Bajo esa lógica, vale la pena que el gasto militar sea acompañado en paralelo por un proceso similar de modernización en la rama civil y policiaca, pues la milicia no puede abarcar todas las aristas del reto de la seguridad pública. No es deseable tampoco seguir exponiendo a nuestras Fuerzas Armadas a situaciones que las comprometen con los derechos humanos de la población.
Así como se discute la forma de hacer una mejor policía o un sistema judicial más justo, tendría que debatirse el tipo de Fuerzas Armadas que México necesita.
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